Juzgado ya fijó la fecha para la acusación contra exsecretaria Alexandra Agudelo por expediente Buen Comienzo
La audiencia está programada para el próximo 7 de mayo, a la cual también deberán asistir la exdirectora técnica de Buen Comienzo, Lina María Gil, y el representante legal de Colombia Avanza, Henry Paulison Gómez.
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La audiencia de formulación de acusación contra la exsecretaria de Educación durante la alcaldía de Daniel Quintero, Martha Alexandra Agudelo Ruiz; la exdirectora técnica de Buen Comienzo, Lina María Gil, y el representante legal de Colombia Avanza, Henry Paulison Gómez, ya tiene fecha. Está programada para las 10:00 de la mañana del próximo 7 de mayo, donde deberán responder por las presuntas irregularidades en la contratación del programa Buen Comienzo.
Esta audiencia, programada por el Juzgado 10 Penal del Circuito de Medellín, busca avanzar en las afectaciones generadas en el marco del contrato No. 4600085185 de 2020 suscrito entre la Secretaría de Educación de Medellín, en ese momento bajo la tutela de Agudelo, con la corporación Colombia Avanza, para prestar atención integral a la primera infancia, mujeres gestantes y madres lactantes, por medio de la modalidad Entorno Familiar.
La principal anomalía estaría relacionada con que Colombia Avanza se quedó con el contrato pese a no tener los requisitos suficientes para ejercerlo, por lo que se inició el proceso investigativo. Al parece, esta corporación estaría vinculada al clan Suárez Mira, una de las familias más cuestionadas de la política de Bello.
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En su momento, la Procuraduría, que ante las anomalías inhabilitó durante ocho años a Agudelo para ejercer cargos públicos, indicó que “la modalidad de selección escogida no se ajustaba al objeto y a la necesidad que se pretendía satisfacer con la contratación, las condiciones establecidas desde la etapa precontractual le imponían el deber de iniciar el proceso teniendo en cuenta otra modalidad de selección, la cual en todo caso, debía estar precedida de una convocatoria pública”.
Los sobrecostos generados por los inconvenientes en este contrato ascienden a los 1.400 millones de pesos y además de la sanción del Ministerio Público, a Agudelo le habían dictado medida de aseguramiento domiciliaria, la cual le revocaron luego de que presentara su renuncia oficial a la Secretaría de Educación.
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La exsecretaria durante la primera parte de la alcaldía de Daniel Quintero era la encargada de revisar cada uno de los puntos de esta contratación, mientras que Lina María Gil, en su función en Buen Comienzo, tenía a su cargo el control de la ejecución.
La Fiscalía, durante la audiencia del 27 de noviembre del año pasado, indicó que el peculado se había perpetrado bajo dos modalidades: por un lado, mediante la selección del talento humano, en el que se tenía un tope de 17.280 cupos, según el contrato, pero durante la ejecución se presentaron variaciones. No obstante, a la hora de cobrar, los pagos se habrían hecho como si se estuviera trabajando a su máxima capacidad.
Por otro lado, el peculado se habría ejecutado mediante los hogares comunitarios o atención en malnutrición, haciendo pagos para estas tareas ese a que nunca se habría ejecutado.
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