Cuestionado exdirector del Área Metropolitana aspira a administrar el aparato de Justicia en Medellín
La administración de Juan David Palacio en esta entidad del Valle de Aburrá estuvo marcada por cuestionamientos y algunas investigaciones por corrupción.
El cuestionado exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Juan David Palacio, es uno de los diez opcionados para ocupar el cargo de director seccional de la administración Judicial en Medellín.
En la administración judicial, las contrataciones mayores, verbigracia para construir sedes judiciales grandes, las hacen desde la dirección nacional, en Bogotá, pero quien asume el rol de director seccional es el encargado de manejar los recursos y hacer la contratación debida para que la Rama Judicial opere bien en la ciudad. Es decir que de manera consuetudinaria es quien lleva la voz cantante en los contratos de celaduría, aseo y soporte tecnológico, entre otros, que involucran cifras millonarias y, por ejemplo si piensan abrir un nuevo despacho, es el que dirige las labores para conseguir el local y adquirir la dotación de muebles, entre otras cosas.
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Por ello, la transparencia y probidad demostrada en ejercicios previos resultan fundamentales. No obstante, Palacio fue cuestionado en su paso por el Área Metropolitana por presuntamente haber politizado la entidad y puesto de moda la contratación directa en vez de los concursos.
En su periodo de cuatro años, el Área hizo contratos por más de 773.000 millones de pesos y de ellos, 742.000 millones fueron por contratación directa (96%) mientras que solo el 4% fueron por licitación, según un estudio de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) seccional Antioquia.
Para ello, Palacio se valió de contratos interadministrativos por medio de los cuales les entregaba los recursos a empresas industriales y comerciales del Estado y estas a su vez contrataban con particulares soslayando en la mayoría de los casos los principios de la contratación pública.
El resultado, según la CCI, es que al tener más eslabones en la intermediación, los proyectos se encarecían entre 8% y 10%. Pero además muchos recursos habrían ido a parar a firmas con poca trayectoria y algunas cercanas de aliados políticos.
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Las denuncias al respecto llegaron a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, que les ordenó a los organismos de control a nivel regional que le pusieran el ojo a estos manejos.
Luego también, en mayo del año pasado, la Procuraduría abrió indagación previa para determinar si a un grupo de funcionarios del Área les cupo responsabilidad en una contratación por cerca de $32.000 millones con varias organizaciones sin ánimo de lucro entre 2020 y 2022 en la que hay indicios de conductas sancionables. Entre los investigados no figura Palacio, pero sí personas cercanas a él.
Álvaro Villada, el exsubdirector financiero en una parte del periodo de Palacio, fue imputado la semana pasada por los presuntos delitos de asociación contra la administración pública, interés indebido en celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.
La justicia tiene entre ceja y ceja a Villada por una serie de contratos inter administrativos celebrados entre 2020 y noviembre de 2021 entre Metroparques y el Área Metropolitana para el mantenimiento y la operación del Parque de las Aguas por $17.400 millones.
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Y por las presuntas irregularidades de esos convenios también están en líos judiciales Jorge Enrique Liévano y María Eugenia Domínguez, ambos exdirectores de Metroparques. La Fiscalía asegura que Villada conspiró para que en ese convenio se contratara con empresas “de papel” o que favorecían a algunos particulares, pues fueron creadas entre 2019 y 2021.
El último señalamiento contra la administración de Palacio son las presuntas irregularidades en un proceso de modernización administrativa que está demandado y del cual se habría valido para “atornillar” a última hora a fichas suyas en la entidad.
Palacio asistió este lunes a la entrevista con quienes serían sus jefes en el cargo al que aspira. En la intervención, destacó su formación como abogado especialista en gestión pública, con especialización en Derecho Laboral y Relaciones Industriales y las maestrías en Desarrollo Territorial y Gestión Pública.
También, sus inicios como Secretario General del Concejo de Medellín en 2013, “siendo el secretario más joven”. No obstante, no mencionó que en ese primer puesto su jefe y desde entonces mentor fue Miguel Quintero, el hermano del exalcalde de la ciudad, Daniel Quintero.
Igualmente, habló de sus responsabilidades en el último cargo como director del Área y del inmenso presupuesto que manejó, pero no de las dudas que dejó su gestión allí.
Al concurso también se presentó la actual directora seccional de la administración Judicial, Rosa Amelia Moreno Orrego. Igualmente, en el listado de elegibles están Pablo Andrés Garcés, Ricardo López, José Ricardo Medina, Francia Catalina Tobón, Jorge Horario Trujillo, Consuelo Eugenia Vélez, Mayra Lucía Vieira y Gloria Cristina Zuleta.
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De ellos deberá salir una terna para que la escogencia final la haga la directora nacional, Darly Raquel Ramos, posiblemente en el transcurso de esta misma semana.