¿El Hospital General suspende a sus trabajadores por denunciar anomalías?

“Yo ya no tengo nada qué perder”. Con esa afirmación Eduin Bernardo Palacio, presidente del sindicato del Hospital General Sinprogen, dice que lo cite, que cuente lo que está pasando con tres trabajadores de la entidad que fueron suspendidos por cuenta, según él, de las denuncias que este mismo diario ha recogido debido a presuntos manejos irregulares al interior del hospital.

“Sí, yo ya no tengo nada qué perder. Me hicieron un daño enorme, me dañaron la prima, las vacaciones, las cesantías. Pero no es solo el daño económico, también el mental. Dónde voy a encontrar trabajo, yo estoy para enloquecerme”, cuenta Palacio, luego de precisar que a tres meses de la salida, el gerente Mario Córdoba le cobró a él y a dos de sus compañeros su postura crítica y las denuncias que han hecho.

Pero esto lo dice Palacio en conversación con este diario. Antes, el jueves pasado, contó por X (antes Twitter) que lo suspendieron tres meses por atreverse a denunciar; por “mostrarle a la ciudad la olla podrida que hay en el Hospital General. No crean que por esta suspensión me quedaré callado”, expresó entonces Palacio.

Esta no fue la única comunicación que emitió este jefe de enfermería. Luego vino una carta, que también hizo pública, dirigida al gerente Córdoba. En el texto, cuestionó su gestión, recogió versiones de otros trabajadores que dicen desaprobar su gestión e incluso habló nuevamente del déficit de $66.000 millones que aqueja a la entidad.

Pero Palacio quería dejar algo claro: “Le recuerdo que usted es un funcionario igual que yo, y que aunque usted hoy tiene la sartén por el mango, la justicia aflora. Gracias por la suspensión, pero no entiendo cómo es que se suspende a un enfermero profesional no por algo relacionado con su labor, sino por el hecho de no estar de acuerdo con la forma como usted está malgastando los recursos de la institución”, aseveró.

Este tire y afloje está lejos de ser un asunto particular porque, además de Palacio, dos funcionarios más, Camilo Toro y Germán Gómez, también fueron suspendidos de sus cargos por tres meses. Esto luego de mostrarse críticos frente a la gestión de Córdoba, que justo termina este año.

Palacio fue uno de los que alertó a finales de 2022 sobre el costoso alquiler que el General se metió a pagar por unas oficinas en el edificio Fórum, en El Poblado. Recordemos que para ubicar a contratistas, entre abogados, contadores y “líderes”, el hospital desembolsó la suma de $165 millones por tres meses. Es decir, el negoció se cerró en $55 millones por mes. Y la cosa es que en principio se dijo que esas oficinas estaban vacías.

Y a Toro, quien se retiró del sindicato tras ser su secretario general, le abrieron proceso luego de que participara en un debate de control político en el Concejo comenzando este año, donde alertó sobre otro millonario contrato firmado por la entidad para disponer de los servicios de un centro de llamadas, pese a que el hospital contaba entonces con un sistema automático digital.

Pero este fue solo el principio de lo que, según Palacio, fue una retaliación en el cierre de la gestión de Córdoba. Y es que hay que decir que la suspensión no tiene lugar por los procesos disciplinarios que vienen afrontando Palacio, Toro y Gómez. A los funcionarios los apartaron del cargo por supuestamente violar la reserva de sus procesos.

Así se lee en los autos que conoció este diario. En el caso de Palacio, el proceso empezó porque, según el General, el funcionario Gómez “aparentemente vulneró la reserva legal de la actuación disciplinaria” porque minutos después de ser notificado algunos apartados de la decisión fueron publicados por la cuenta de Sinprogen en la entonces Twitter. Luego Palacio compartió los mismos apartados en Facebook y eso, según el auto, fue hecho suficiente para suspenderlos hasta enero próximo.

El caso de Toro es similar. El argumento central tiene que ver con una supuesta violación a la reserva de su proceso y en el auto la Oficina de Control Interno Disciplinario, en cabeza de Juliana Andrea Lozano, soporta con pantallazos de redes sociales su decisión. “Hay todo un seguimiento, un perfilamiento prácticamente porque a mí me han actualizado el proceso con cosas que publiqué justo esta semana”, afirma Palacio.

Y es justo aquí donde el concejal Alfredo Ramos sostiene que lo que hoy se está viviendo en el General es una jugarreta para hostigar a los funcionarios críticos que han denunciado posibles irregularidades. El concejal, quien le ha hecho seguimiento a los intríngulis de la contratación en el hospital, afirma que es poco sólido el argumento de la entidad de violación a la reserva en estos casos.

“Esto no es una violación a la reserva, porque no están mostrando expedientes o pruebas, solo algunos apartados del proceso. Lo otro es que la reserva es una garantía del ciudadano frente al Estado. Mejor dicho (aunque no es el deber ser), yo como ciudadano puedo violar el sumario, pero no así la entidad que me investiga”.

Lo que dice el concejal es que estos hechos hacen parte de una estrategia de persecución, no en contra del sindicado del hospital, sino en contra del control que estos funcionarios han hecho. Palacio lo retrata de forma similar: “A mí me violaron el debido proceso; nunca me llamaron. Venga, usted qué está haciendo, qué pasó. Nos separan del cargo para no interferir, pero yo cómo voy a afectar un proceso de esos como enfermero jefe”.

Consultamos al General por este tema y desde allí precisaron que no se pronunciarían sobre la “suspensión de labores de algunos funcionarios, siendo absolutamente respetuosos del debido proceso”. Agregaron, en este sentido, que los procesos disciplinarios son reservados y que así lo invoca la ley.

“La Dirección de Instrucción Disciplinaria de la entidad tiene claras y definidas competencias frente a las investigaciones que realiza a servidores públicos, las cuales acatan el ordenamiento jurídico y los derechos fundamentales de los investigados”, expresaron.