¿Cuál maroma hará EPM para congelar los servicios públicos?

A menos de siete meses del cambio de gobierno y en plena antesala de las elecciones regionales, el alcalde Daniel Quintero volvió a poner en la agenda pública el debate sobre un supuesto congelamiento de las tarifas de servicios públicos en Medellín. Luego de tres años de pasos en falso, en los que dicha propuesta que sobrepasa los alcances de su cargo no ha salido del papel, el mandatario local anticipó que el tema será discutido hoy por la Junta Directiva de EPM.

Aunque Quintero se ha reservado explicar en qué consistiría la fórmula que se estaría evaluando, el tema quedó incluido en el orden del día de la sesión que realizará la junta este viernes 19 de mayo, en el que se especifica que las vicepresidencias de Finanzas e Inversiones y Gestión de Negocios presentarán información al respecto.

En el último encuentro anual con inversionistas realizado este jueves en Bogotá, el gerente de EPM Jorge Andrés Carrillo también se refirió al tema y al ser consultado por la fórmula que estaría evaluando la empresa se limitó a expresar que en la misma se respetaría la normatividad de las comisiones reguladoras de servicios públicos.

Pese al hermetismo del gobierno local frente al mecanismo que se utilizaría para congelar las tarifas, el camino para que el mismo pueda aplicarse se muestra complicado por varias razones, ya que el obstáculo central continúa siendo que la fijación de las mismas es una función centralizada en comisiones nacionales de regulación.

Según ha trascendido, dentro de las alternativas que se estarían evaluando al interior de EPM estaría el de idear un alivio tarifario que sólo estaría vigente en lo que resta de este gobierno.

Con base en lo que ya se ha aplicado en el pasado, una de las vías más expeditas que tendría la empresa sería la de acogerse al modelo de una tarifa diferencial.

Palabras más, palabras menos, esta opción se traduciría en que la empresa podría diferir en el tiempo los incrementos tarifarios de este año para aliviar transitoriamente los bolsillos de los usuarios, como por ejemplo ocurrió durante la pandemia.

En ese escenario, la empresa podría mantener estables durante 2023 los cobros a sus usuarios, pero pasado el tiempo de la medida, la diferencia dejada de recaudar inevitablemente tendría que regresar a las facturas.

Según advierten conocedores del sector, en caso de ser esta la alternativa escogida para aliviar el valor que pagan los usuarios, el “chicharrón” quedaría en manos de la administración entrante, que no solo tendría que hacerse cargo del incremento diferido de 2023, sino de los incrementos que ocurran en 2024, en medio de un panorama macroeconómico marcado por la incertidumbre.

Más allá de estos cálculos, que solo quedarán en firme con base en lo que determine la Junta Directiva de EPM, el contexto que rodea la decisión es contradictorio para la empresa por varias razones, que van desde lo financiero hasta lo político.

Por el lado financiero, el antecedente más importante fue sentado por la misma compañía en octubre del año pasado, cuando en medio del pacto por “Justicia Tarifaria” liderado por la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, EPM fue cauta a la hora de presentar los alivios tarifarios a sus usuarios.

En aquel momento, con los plazos de la Creg en la nuca para poner a funcionar las dos primeras unidades Hidroituango, la empresa entregó una propuesta a ese Ministerio en la que se acogió principalmente a reducir sus tarifas en el componente de generación.

“En EPM hicimos una propuesta que implica un aporte de aproximadamente $340.000 millones para un período de 12 meses y una reducción del 8,7% para los comercializadores que tienen un mayor número de clientes en estratos 1 y 2, y un mayor costo unitario del kilovatio de energía”, informó entonces el gerente Jorge Andrés Carrillo.

El miércoles 12 de octubre de 2022, día en el que la ministra Vélez encabezó la firma de ese pacto en la sede de Isagén en Medellín, trascendió que la alta funcionaria no recibió nada bien que EPM no se acogiera de lleno a su cruzada, por ejemplo, al omitir aplicar rebajas en el componente de distribución (uno de los que más aporta al cobro final), tal como lo contó este diario entonces.

Además de las presiones por Hidroituango, en aquel momento uno de los factores que explicaron esa propuesta de la empresa fue la incertidumbre financiera que arrastra durante los últimos años, explicada en golpes como el prepago de su deuda de 450 millones de dólares al BID Invest, que tuvo que efectuar en una carrera contra el reloj, pero sobre todo por las millonarias inversiones en las que se comprometió con negocios como la incursión en la costa caribe con su filial Afinia.

En esta última empresa, que asumió la mitad de la operación de la desaparecida Electricaribe en los departamentos de Bolívar, Córdoba, Sucre, Cesar y 11 municipios de Magdalena, no sólo aparecen los cerca de $314.000 millones que costó la capitalización inicial, sino inversiones por cerca de $10 billones proyectadas en un horizonte a 2031.

En medio de esos millonarios desembolsos, tan solo a finales de marzo pasado la misma junta directiva de EPM autorizó un préstamo de EPM a Afinia por $450.000 millones para financiar su plan de inversiones, pese a asegurar en días previos que las proyecciones de transferencias a la Alcaldía se habían tenido que reducir en unos $330.000 millones por cuenta de una actualización en el valor de la inversión de UNE, que se redujo en $1,04 billones según EPM.

A raíz de este último hueco, vale recordar, el Concejo de Medellín discutirá hoy un controvertido proyecto de acuerdo con el que la Alcaldía quiere extraer más transferencias de las acostumbras en EPM para financiar el Plan Municipal de Desarrollo.

Junto a Afinia, la empresa también se ha embarcado en otros proyectos problemáticos, como la compra de acciones de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla (Triple A), que con base en las apretadas finanzas no es claro cómo estaría siendo auspiciada.

Con la vista puesta en esos cálculos, la pregunta del millón es cuál será el impacto financiero en el corto, mediano y largo plazo que tendría un supuesto congelamiento de tarifas, que golpearían directamente la fuente central de ingresos de la empresa.

Además de estas variables económicas, tal como se conoció este sábado 13 de mayo, desde el punto de vista político el congelamiento de tarifas también tiene a la Alcaldía de Medellín en la mira de órganos de control como la Procuraduría General de la Nación, que abrió una indagación preliminar para establecer si hubo un detrimento patrimonial en una campaña publicitaria lanzada por Quintero.

Esta estrategia, compuesta por al menos 250 pasacalles desplegados entre el 25 de febrero y el 10 de marzo, con un costo de al menos $73 millones, es revisada por el ente por tener información engañosa, ya que en los mismos se presenta el congelamiento de las tarifas como un hecho.

“El Ministerio Público verifica la información en los medios de comunicación, en el que se asegura que funcionarios de la Alcaldía desarrollaron una estrategia de comunicaciones, por aproximadamente $73 millones, en la que menciona la gestión del administrador de la ciudad en varios puntos de la ciudad, puesto que al parecer el mensaje no contiene una información verídica que sea del resorte del ente territorial”, informó entonces ese ente.

De acuerdo a lo expresado por EPM, se espera que tras la sesión que se realizará este viernes la empresa entregue mayores detalles de los planes que tendría en el radar, con miras a resucitar una de las promesas más problemáticas del alcalde Daniel Quintero, que en el ocaso de su periodo registra los más bajos índices de aprobación de la historia reciente de Medellín, tal como lo retrató la encuestadora Invamer, que en abril pasado calculó que sólo el 36% de los ciudadanos aprobaba su gestión.

Bajo ese panorama, el dilema para la Junta Directiva parece estar entre darle contentillo al alcalde o meterle la mano a la principal entrada de ingresos para una empresa con sus finanzas al límite.