Lo que hay detrás de la demanda para tumbar al personero de Medellín
El recurso, que es estudiado por el Tribunal Administrativo de Antioquia, pretende anular el acta con la que Mefi Boset Rave Gómez fue elegido por el Concejo de Medellín en febrero.
Comunicador social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, especializado en la investigación de temáticas locales. También cubro temas relacionados con salud, historia y ciencia.
Tras la polémica de hace solo unos meses por el proceso de elección del personero de Medellín, ahora el Tribunal Administrativo de Antioquia admitió una demanda que podría tumbar del cargo a Mefi Boset Rave Gómez por supuestas irregularidades en el concurso público con el que logró ponerse a la cabeza de esa entidad.
Según quedó plasmado en un auto emitido por ese tribunal, el recurso fue admitido el pasado 23 de abril tras ser interpuesto por el ciudadano Giovani Alberto de San Nicolás Suárez Ramírez, un viejo conocido en La Alpujarra por cuenta de otras demandas, como la que en 2022 buscaba que varios concejales de Medellín perdieran su investidura por la elección del exsecretario general Jorge Luis Restrepo Gómez, o la que a comienzos de este mes hizo que el diputado Gregorio Orjuela quedara fuera de la Asamblea.
Según plantea la demanda, que tiene como única pretensión declarar nula el acta que dejó en firme la escogencia de Rave Gómez, el concurso de méritos que dirimió la elección estaría lleno de inconsistencias y por eso debería quedar sin efectos.
Claves de la demanda
En la demanda se argumenta que las primeras inconsistencias se remitirían a la realización misma de la prueba de conocimientos que, además de ser anulada el pasado 22 de septiembre de 2023 por un hackeo, luego fue repetida.
En esa anulación el Concejo presuntamente habría cometido una irregularidad al no demandar los resultados por vía judicial. El demandante Suárez dijo además que en la segunda prueba el trámite de las reclamaciones de los aspirantes también habría sido irregular.
Por ejemplo, planteó que uno de los casos más llamativos es el del expersonero William Yeffer Vivas Lloreda, quien pese a obtener una calificación inicial de 68,7 puntos en dicha prueba, luego aumentó su valoración en 6,1 puntos por cuenta de las reclamaciones.
Pese a que los concursantes estaban en el derecho de efectuar reclamaciones, Suárez consideró que el pecado del concurso estaría en que la filigrana de las mismas no se hizo pública, impidiendo a los demás aspirantes conocer si hubo preguntas concretas anuladas o enmendadas y si fueron recalificados, en aras de gozar de una igualdad de condiciones en ese escenario.
“El aspirante William Yeffer Vivas Lloreda (...) inicialmente obtuvo un puntaje de 68,7 puntos en la prueba de conocimientos realizada el 5 de noviembre de 2023. Tras presentar una reclamación, el aspirante logró aumentar su puntaje en 6,1 puntos adicionales. Sin embargo, no se proporciona claridad respecto a la metodología utilizada para la recalificación de la prueba ni si esta debería haber afectado la calificación de los demás participantes”, dice el recurso que admitió el Tribunal.
Aunado a esto, para tener más claridades sobre esas recalificaciones, el demandante pidió vía derecho de petición al Concejo copias de cada una de las pruebas de conocimiento de los aspirantes, sus hojas de respuesta, resultados de la calificación individual y reclamaciones, entre muchos otros documentos, pero no obtuvo la información.
Por otra parte, Suárez consideró que durante la calificación de las entrevistas que los concursantes debían presentar ante los concejales se habrían producido irregularidades, sobre todo por cuenta de la brecha entre la calificación preliminar y final que dieron los corporados y que terminó dejando como ganador al hoy personero Rave Gómez.
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De paso cabe recordar que dicho concurso estuvo lleno de polémica porque casi todos los concejales que se posesionaron el 1 de enero de este año dieron los puntajes más altos en la etapa de entrevistas al expersonero Vivas Lloreda, a quien querían reelegir, pese a las múltiples críticas por una gestión pasiva en el cuatrienio pasado frente a las denuncias y escándalos por presunta corrupción en la administración de Daniel Quintero.
En medio de esa controversia salieron a flote versiones que apuntaban a que la elección de Vivas Lloreda había sido acordada por la coalición de gobierno, liderada por el concejal Andrés Tobón del partido Creemos. Al final, aunque los corporados ya habían dado como ganador a Vivas Lloreda con altísimas calificaciones, tuvieron que cambiar los resultados ante la presión ciudadana y porque salieron a la luz un montón de presuntas irregularidades cometidas por el mismo expersonero, como altos gastos en la entidad que dirigía y hasta una especie de intercambio de contratos con otras instituciones para favorecer a su pareja sentimental. Toda esta discusión desembocó en la dimisión de Vivas Lloreda al concurso.
Y así, adicional a los excelentes pergaminos y buen desempeño en las pruebas técnicas, Rave Gómez se quedó con el cargo luego de que los concejales le subieran las notas que inicialmente no lo habían dejado como el favorito.
“Resulta evidente que el resultado final del proceso de elección está distorsionado, ya que aparentemente los concejales, tras la renuncia del aspirante William Yeffer Vivas Lloreda, llevaron a cabo cálculos matemáticos con criterios discrecionales para favorecer al candidato de su simpatía, en detrimento del mérito”, argumentó Suárez en su demanda.
“El concejal Miguel Ángel Iguarán pasó de calificar con 1 punto en el resultado preliminar de la entrevista, a asignarle 7 puntos al señor Mefi Boset Rave. La concejal Claudia Victoria Carrasquilla Minami pasó de calificar con 3 puntos en el resultado preliminar de la entrevista, a asignarle 9,8 puntos al señor Rave”, añadió el demandante, quien sostuvo que esto daría cuenta de que las calificaciones no habrían sido objetivas y en todo el proceso presuntamente se habría dejado a un lado el mérito.
Luego de admitir la demanda para iniciar su respectivo estudio, el Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó notificar al actual personero y a entes como la Alcaldía, el Concejo, la Procuraduría y la Institución Universitaria Politécnico Gran Colombiano, esta última que adelantó el concurso de méritos cuestionado.