Distrito de Medellín se constituye como víctima en denuncias de presunta corrupción en alcaldía de Quintero: ¿cuáles serían las implicaciones?
El alcalde Federico Gutiérrez indicó en la mañana de este lunes que presentará ante Fiscalía, Procuraduría y Contraloría 501 hallazgos de presuntas irregularidades en la pasada administración. Muchas ya se conocían.
Los 501 hallazgos que la administración de Federico Gutiérrez entregará a las autoridades por presunta corrupción en la pasada alcaldía de Daniel Quintero son, en parte, una confirmación de múltiples escándalos, alertas y denuncias que veedurías ciudadanas, medios de comunicación y excontratistas han venido haciendo con especial fuerza en los últimos tres años, pero que, en consideración de muchos, poco se han movido en los órganos de control, pese a la gravedad de algunos hechos.
“Eso es lo que va hasta ahora, no están todas las actividades ni la revisión de todo el gobierno, esto es lo que hemos encontrado en dos meses a la par que gobernamos”, dijo el alcalde Gutiérrez ante la opinión pública en la mañana de este lunes 4 de marzo, cuando dio a conocer las presuntas irregularidades en distintos contratos de varias dependencias, que fueron halladas en la denominada auditoría forense que el alcalde prometió hacer desde que ganó las pasadas elecciones.
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Ahora, muchos se preguntan cuáles podrían ser las implicaciones para Quintero y sus funcionarios involucrados en estos hechos, teniendo en cuenta que la mayoría ya eran conocidos e, incluso, estaban en manos de los entes investigadores y de control, sin muchos resultados.
Pues en esta ocasión cada una de las denuncias presentadas por Gutiérrez quedaron documentadas para ser llevadas de inmediato ante la Fiscalía, la Procuraduría o la Contraloría, según corresponda por su competencia, para que arranquen investigaciones serias y rigurosas sobre lo que pasó entre 2020 y 2023 con el manejo de los recursos públicos de la ciudad.
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Pero, más importante aún, en este caso, el Distrito de Medellín se constituyó como víctima en la mayoría de las denuncias, algo que no había sucedido con las pasadas. Esto quiere decir, explicó Gutiérrez, que la Alcaldía será parte en los procesos que se abran para investigar estos presuntos actos de corrupción, con lo cual serán notificados sobre los avances y actuaciones, podrán asistir a las audiencias y, eventualmente, ser indemnizados por perjuicios.
“Eso significa que tenemos el derecho y la obligación de estar en todas las audiencias, para aportar pruebas, para discutir en alegatos y para luego replicar contra terceros”, dijo al respecto el alcalde Gutiérrez, quien recordó que los hallazgos tienen incidencia disciplinaria, fiscal y penal, pero serán las autoridades las que determinen si se habrían cometido faltas o delitos.
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Por ejemplo, el alcalde indicó que el Distrito se constituyó como víctima en las denuncias relacionadas con el mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad y el Parque de las Aguas, que ya tiene imputaciones de la Fiscalía a algunos exfuncionarios de Quintero y representantes de empresas contratistas. En otros procesos solicitarán que sean tenidos en cuenta como víctimas, pues, en efecto, las arcas públicas del Distrito habrían sido directamente afectadas por estas presuntas faltas y delitos.
Según el mandatario local, de los 501 hallazgos, 262 están en manos de la Procuraduría y la Personería Distrital, 156 en la Contraloría General de la República y en la de Medellín, así como 83 en la Fiscalía General de la Nación.
Ahora, lo que sigue es una serie de resultados que deberían empezar a conocerse tras las denuncias documentadas que presenta la alcaldía de Medellín. Esto podría derivar en sanciones disciplinarias y hasta penales, según corresponda, lo que puede traer inhabilidades para ocupar cargos públicos, imputaciones y hasta medidas de aseguramiento.
De los procesos que han investigado las autoridades hasta el momento, uno de los más adelantados es el de la exsecretaria de Educación Alexandra Agudelo, imputada junto a Lina Gil, exdirectora de Buen Comienzo, y Henry Paulison Gómez, exrepresentante legal de la corporación Colombia Avanza, por presuntas irregularidades en contratos de atención a la primera infancia y de alimentación escolar. La exsecretaria también fue inhabilitada por la Procuraduría, en primera instancia, para ejercer cargos públicos.
Por otra parte, siete exfuncionarios y seis particulares que hicieron parte de la pasada administración son investigados por la Fiscalía por presunta corrupción en seis contratos que suman alrededor de $67.586 millones. Están relacionados con alimentación, infraestructura y asistencia logística. De acuerdo con el exfiscal Franciso Barbosa, los elementos de prueba dan cuenta de “múltiples anomalías en el trámite y celebración” de los mencionados contratos.
Habrá que esperar si con estas nuevas denuncias y documentación, las autoridades competentes prenden el acelerador o le dan un nuevo aire a las investigaciones sobre la presunta corrupción entre 2020 y 2023. Gutiérrez agradeció a las veedurías de la ciudad, a los medios de comunicación, a los servidores y ciudadanos así como los pocos concejales, diputados y congresistas que, aunque fueron pocos, pusieron en el radar las diferentes problemáticas y presuntos hechos de corrupción que habría protagonizado la administración Quintero.
“Este es solo el principio, y es solo una parte de lo que vamos encontrando mientras vamos gobernando. Mi responsabilidad es mostrar lo que hemos hallado. A Medellín la recibimos incinerada, vandalizada y saqueada, pero serán los entes de control los que determinen si hay faltas o delitos en ellos”, puntualizó Gutiérrez. “Póngase a trabajar en serio (sic)”, le respondió el exalcalde, sin argumentos ni pruebas que desvirtúen lo que en su cuatrienio fueron escándalos sin precedentes en Medellín.