Debate para que EPM le gire más plata a la Alcaldía quedó congelado por UNE

Parece cuento pero es cierto. La financiación de los programas de al menos 19 dependencias está en el limbo por el desorden presupuestal de la Alcaldía de Medellín en su último año de gobierno. Ni los insultos —a los concejales los han llamado “lavaperros”, “ladrones” y “fachos”—, ni el ambiente caldeado de las sesiones extras en el Concejo pudieron sacar del congelador la discusión sobre si EPM debe girar 10% más de transferencias y tapar el hueco de $330.000 millones que tiene el presupuesto de 2023. Ayer culminaron las sesiones extras sin saber qué pasará con el debate del proyecto que ha promovido, con evidente desespero, la Alcaldía.

Incluso, desde el viernes pasado el alcalde Daniel Quintero había anunciado que se suspendería el trámite del proyecto para aumentar las transferencias de EPM, hasta tanto Millicom entregara un informe sobre la situación financiera de Tigo-UNE y se aclarara la solicitud de capitalización.

Fabio Humberto Rivera, integrante de la coalición del alcalde Quintero y presidente del Concejo este año, le metió ayer presión a la discusión que se retomará a partir de las sesiones ordinarias que se instalarán mañana. Dijo que los recursos de 19 dependencias se congelaron hasta que el Concejo decida si autoriza o no a EPM a que transfiera más plata. Mencionó, entre otras, las Secretarías de Infraestructura, Desarrollo Económico, Inclusión, Medio Ambiente, Cultura, Seguridad, Salud, Movilidad, Educación, Planeación, el Inder, Buen Comienzo y Sapiencia.

Rivera le concedió una réplica al concejal opositor Alfredo Ramos, quien criticó la presión que hay alrededor del Concejo para que apruebe el giro adicional de EPM por $330.000 millones. Recordó que desde diciembre pasado la Alcaldía sabía que esas transferencias iban a ser menores y que eso iba a comprometer el presupuesto de la ciudad para 2023. Sin embargo, eso no se tuvo en cuenta para la presentación del proyecto de presupuesto, radicado en noviembre de manera extemporánea y que finalmente se aprobó por decreto, sin el aval del Concejo.

“Fue el gobierno por su omisión, por su falta de respeto a las normas, el que terminó generando un problema que está tratando de resolver con este proyecto. El gobierno sabía que no iba a tener los recursos de EPM y ahora vienen a echarle el agua sucia al Concejo porque hay programas desfinanciados. Si los hay, es por la falta de rigor técnico de este gobierno, no por culpa del Concejo”, señaló.

Cuestión de narrativas

La discusión sobre el aumento de las transferencias de EPM, que se ha crispado más en las últimas semanas, se retomará desde mañana en el segundo periodo de sesiones ordinarias. El secretario de Hacienda, Óscar Hurtado, prometió ayer entregarles a los concejales la información que pidieron en la socialización y en la primera parte del debate al proyecto.

La también opositora Leticia Orrego contó ayer que le solicitó a Hurtado que mostrara, rubro por rubro, para dónde irían esos recursos. “No podemos permitir que a una Alcaldía que está a punto de terminar se le autoricen $330.000 millones”, dijo.

En todo caso, la narrativa que el alcalde Quintero y su gabinete han intentado instaurar en la antesala de esta discusión es que la ciudad está desfinanciada por la no venta de las acciones de EPM en UNE, iniciativa que el Concejo negó en dos ocasiones. Pero ese argumento no cuadra, pues esa plata, que se estimaba entre $2,3 y $2,8 billones, estaba planeada desembolsarse en el plan de inversiones de EPM, no en los proyectos de la ciudad. Justo en el pliego de modificaciones de la ponencia para el proyecto de acuerdo 103 de 2022, que el Concejo hundió en primer debate el 29 de septiembre pasado, el artículo 2 decía: “ninguna suma de dinero, que provenga de la venta de acciones que EPM tiene en UNE, será objeto de transferencia al Municipio”.

También se cae por su peso porque, de haberse aprobado la venta de las acciones de UNE en el Concejo, los tiempos no habrían dado para que esa plata estuviera disponible ya, de manera expedita, pues se trata de un proceso largo de enajenación, que se extendería, según el cronograma de EPM, hasta mediados de 2024.

Hay que decir que las transferencias de EPM a la ciudad pasaron de un estimado de $2 billones en junio de 2022 a $1,67 billones al cierre de la vigencia. Ese es el hueco de $330.000 millones que tiene ahora el presupuesto. Esa baja, según ha reiterado la Alcaldía, se debe a la actualización del valor de la inversión en UNE, que fue calculado en $1,04 billones menos, debido a “tendencias de la industria, dinámicas competitivas, nuevos modelos de negocio y la renovación del espectro”, explicó EPM en su momento.

En todo caso, cuando llegue el turno de la votación en primer debate, probablemente en las ordinarias que se instalen mañana, las cuentas no están muy claras en las dos comisiones que decidirán la suerte del proyecto. En la Comisión Primera la cosa está 4-3 a favor de la oposición, pero en la Segunda el gobierno tendría ganada la partida con un 4-3. El desequilibrio lo marcarían los votos de Dora Saldarriaga y de Aura Marleny Arcila. La última está en la Comisión Primera pero perdió su curul por decisión del Consejo de Estado. Está aferrada a la investidura gracias a un recurso legal. Si sale antes de la votación, las cosas pueden cambiar y todo dependerá del voto de su reemplazo, el liberal Carlos Mario Mejía, quien es del equipo político de Eugenio Prieto Soto, precandidato a la Gobernación en una coalición autodenominada “antiquinterista”. Si es negativo, el proyecto se caería y no alcanzaría a votarse en plenaria. Todo está por verse.