Destapan la olla podrida en la EDU: entidad se desangró con contratos chuecos y tiene déficit de $14.000 millones

Desde hace más de cinco meses en la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín (EDU) se libra una batalla silenciosa. Luego del caótico ocaso de la administración Quintero, que dio inicio a una auditoría en todas las dependencias del Distrito, esta entidad ha sido tal vez una de las más sacudidas durante el cambio de gobierno.

En medio de un ambiente ya caldeado por las denuncias que salieron a finales de 2023 —en las que se alertó cómo cientos de contratistas y funcionarios de la era Quintero aprovecharon los últimos días de su gobierno para atornillarse en sus puestos— la entidad parece estar en un callejón sin salida.

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De acuerdo con testimonios de la nueva cúpula directiva, los líos son tantos y tan complejos que resumirlos es un problema en sí mismo.

Tan solo desde el punto de vista financiero, la empresa arrancó con un déficit de caja que se calcula en $14.400 millones para el cierre de este año, compuesto por millonarias facturas de vigilancia, aseo, nómina, entre muchos otros gastos y servicios, que fueron engavetados para que los pagara la administración entrante.

Desde el punto de vista legal, el principal dolor de cabeza lo ha desatado un cúmulo de contratos que fueron firmados con un puñado de empresas que repiten sus representantes legales y que se habrían visto beneficiadas de clausulas que dejaron sin dientes a la EDU para hacer reclamaciones.

Para acabar de ajustar, la nueva gerencia también avanza en un proceso con el que busca tumbar el manual de contratación de 2021, que aumentó en 1.900% el tope para entregar contratos a dedo por debajo de los $10.000 millones, durante la gerencia de Wilder Echavarría, hoy asesor del Ministerio de Minas.

Con la vista puesta en ese caos, Luz Ángela González Gómez, nueva gerente de la EDU, dice que la entidad está enfocada en poner en orden la casa para enderezar el rumbo. “En este momento lo que más nos está retando son esas herencias, porque hay muchos problemas técnicos en cada uno de los contratos que tenemos. Hoy estamos resolviendo y esperamos que con ese proceso podamos tener ingresos y flujo de caja. Con la junta directiva estamos haciendo un seguimiento quincenal”, señala.

Contratos envenenados

Pese a que desde 2021 la mayor parte de las alertas en la EDU se han centrado en el repunte de la contratación directa y la aprobación de un manual que permitió convertir a esa institución en una verdadera máquina de contratación, los líos de hoy están lejos de reducirse a esos dos aspectos.

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Según se desprende de varios documentos internos, muchas otras obras, por ejemplo, fueron contratadas sin que ni siquiera se tuvieran subsanados los requisitos para arrancar con los trabajos, como ocurrió con las obras viales de la Avenida 34, que a pesar de ser firmadas en una carrera contra el reloj en diciembre de 2023, no tenían licencia ambiental en regla y tuvieron que ser suspendidas.

Asimismo, otro contrato firmado con el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) habría terminado suscribiéndose sin que el presupuesto estuviera garantizado. En la letra menuda, otros contratos han terminado volviéndose una bomba de tiempo en materia legal y financiera.

Desde lo legal se advierte que muchas obras terminaron formalizándose con clausulados que dejaron a la EDU con poco margen de maniobra para luego hacer reclamos por incumplimientos, en una situación que ha generado especial preocupación en intervenciones cómo las reparaciones a los colegios públicos.

De acuerdo con las cuentas de la entidad, pese a que la ciudad financió mantenimientos y reformas en 411 sedes, comprometiendo incluso recursos de vigencias futuras, las mismas tienen un retraso general de por lo menos el 77%. Muchos de esos contratos, según la nueva administración, quedaron con cláusulas que le han dado margen a los constructores para manejar cronogramas vagos y amplios y que han reducido el margen de maniobra de la EDU para hacer reclamos.

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Además de estos líos, la entidad descubrió que en medio de la cascada de obras que se adjudicaron en el cuatrienio anterior, muchas ni siquiera se firmaron respetando los márgenes mínimos de rentabilidad de la entidad.

Para ilustrar ese lío, la EDU señaló que de una muestra de por lo menos 28 convenios interadministrativos, solamente dos estuvieron por encima del margen de equilibrio, una tasa mínima calculada en un 9,49%. El resto terminó poniendo bajo presión y drenando las cuentas de la entidad, es decir, se terminó incluso contratando a pérdida (ver gráfico).

Dentro de estos convenios hay perlas como uno firmado con la Alcaldía de Yondó, en Antioquia, cuya tasa de honorarios llegó apenas al 1,7%.

Por si fuera poco, durante los primeros días de gobierno, la nueva gerencia también tuvo que formular una denuncia por presunta suplantación, que salpicó a la exgerente de la EDU, Margarita Contreras, luego de que el 17 de enero empezaran a circular en la entidad una serie de millonarias ampliaciones contractuales firmadas por ella.

Aunado a este último punto, todo el proceso de revisión de lo hecho en el gobierno pasado ha estado marcado por la tensión a raíz de que por lo menos 230 contratistas y 40 trabajadores oficiales aprovecharan el ocaso de la era Quintero para ampliar sus plazos de vinculación con la entidad, en un escándalo que ha sido conocido como el de los “atornillados”.

Más allá de la amenaza financiera que esas vinculaciones representan para la entidad, el lío también se extiende por la revisión de los contratos problemáticos, ya que muchos de los funcionarios que se quedaron amarrados a sus sillas son los mismos que en el gobierno pasado ejercían como supervisores de los contratos en los que hoy se encontraron irregularidades.

Finalmente, y en una situación que durante los próximos meses podría derivar en la necesidad de una capitalización, los balances financieros muestran cifras en rojo. Además del déficit de $14.400 millones, la entidad tiene una tendencia en sus ingresos a la baja desde los últimos cuatro años, registró una pérdida de por lo menos $5.400 millones al cierre del año pasado y acumula pasivos por cerca de $10.000 millones, que incluyen hasta impuestos que no se pagaron.

Como parte del proceso de auditoría que se adelanta en todo el Distrito, la nueva gerente González Gómez apuntó que todos los hallazgos se remitieron a los órganos de control y ya hacen parte de procesos internos, con los que se busca poner en cintura a los contratistas que hayan incurrido en irregularidades y rescatar muchas de las obras que hoy están en riesgo.

Estos son los hallazgos más críticos:

Le quitaron “dientes” a contratos en beneficio de los privados

En materia contractual uno de los principales líos que tiene preocupados a los nuevos directivos de la EDU consiste en varios contratos que se suscribieron durante el cuatrienio pasado y quedaron en firme sin siquiera tener cláusulas penales.

En síntesis, dichas cláusulas son de suma importancia dado que establecen las reglas de juego en caso de que los constructores tengan retrasos en la ejecución de sus trabajos o dejen las obras tiradas, dándole a la EDU herramientas legales para declarar un incumplimiento y exigir montos concretos en dinero para resarcir los daños.

En medio de la revisión que se ha emprendido desde enero pasado en la entidad, salió a flote que varios contratos quedaron sin dientes, como por ejemplo uno firmado en febrero de 2023 con una constructora identificada como Sumas & Restas S.A.S., que tenía como objeto el mantenimiento y mejoramiento de la Institución Educativa Marco Fidel Suárez de la comuna 11 (Laureles - Estado).

Este contrato, en el que se comprometieron recursos por $9.678 millones y aparece firmado por la exgerente de la EDU María Antonia Sánchez Rave, pese a que habla de escenarios de cesión, causales de terminación y una póliza de responsabilidad civil extracontractual, por ningún lado menciona cláusulas penales.

Una situación similar ocurre con otro contrato firmado el 23 de noviembre de 2023 durante el periodo del exgerente Raúl Morales Vallejo, con la empresa Barmar Construcciones S.A.S. El contrato tiene por objeto la construcción de un proyecto urbano integral en la Iguaná por $3.687 millones.

Al igual que el primero, tiene artículos relativos a la cesión y la terminación del contrato, una póliza civil de responsabilidad extracontractual, pero por ningún lado aparece siquiera escrita la palabra “penal”.

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Acumularon facturas por $1.200 millones para que las pagara la nueva alcaldía

Aún siguen apareciendo en los escritorios de la EDU facturas que se generaron entre 2021 y 2023 y que la administración anterior decidió no pagar para dejarle como regalo de bienvenida al nuevo gobierno.

Esta situación generalizada agravó los pasivos de la entidad, que superan los $10.000 millones y que están representados en su mayoría por impuestos que no se le pagaron a tiempo al Distrito.

Pero ese pasivo con el que fue entregada la entidad ha ido creciendo a medida que empezaron a aparecer facturas causadas entre 2021 y 2023 que fueron de forma deliberada trasladadas a 2024 para no reflejar una pérdida superior.

Es decir, fueron cuentas que dejaron acumular y dieron la instrucción de no causarlas para que el descalabro no fuera mayor. Cuando le han preguntado a algunos supervisores al respecto responden que la instrucción fue no ingresarlas al sistema porque no había cómo pagarlas y para que no saliera a la luz pública que el saldo en rojo era mucho mayor. Hoy el déficit proyectado de caja está por encima de los $14.000 millones.

Así es como han aparecido hasta ahora 65 cobros en mora que tienen que ver con $577 millones que no se pagaron de seguros y pólizas; se colgaron además en $313 millones de facturas de aseo, cafetería y mantenimiento; $143 millones del datacenter; $54 millones de servicios de vigilancia; $40 millones de papelería, impresiones y fotocopias; y otros ‘regueros’ más que se dejaron vencer para tener al día los computadores, los mantenimientos de software y vehículos, exámenes médicos, facturación electrónica y honorarios por prestación de servicios. Hasta la semana pasada aparecieron facturas sin pagar que suman una cifra de escándalo: $1.218 millones.

Quizás el caso más grave es un crédito por $2.000 millones que la EDU suscribió ante el Idea el año pasado. Según la norma, estos préstamos de tesorería deben pagarse dentro de la misma vigencia en la que se soliciten. Pues bien, la gerencia pasada tomó la decisión el 29 de diciembre pasado de no pagarlo y trasladarlo a 2024, lo que genera en consecuencia un costo adicional que debe asumir la entidad.

Esta intención manifiesta de dejar acumular los gastos para que los pagara el gobierno entrante no ocurrió solo en la EDU. Justo en diciembre pasado se conoció que por primera vez en la historia, el Distrito de Medellín fue reportado en el boletín de entidades morosas del Estado por cuenta del saldo que tenía pendiente con EPM, el cual superaba en ese momento los $142.000 millones por cuentas vencidas de servicios públicos.

El abultado monto es una sumatoria de facturas dejadas de pagar durante todos los cuatro años del mandato de Daniel Quintero por concepto de alumbrado público, y suministro de gas, energía y agua potable para los estratos bajos subsidiados.

La adición por $10.600 millones que apareció cuando ya había acabado gobierno Quintero

Entre los contratos suscritos por el gobierno pasado en la EDU hay muchos con presuntas irregularidades y corrupción, sin embargo, hay uno para la construcción de un edificio en la Cuarta Brigada que no se conocía hasta ahora y que es escandaloso.

Resulta que en 2023 la EDU suscribió un convenio para levantar el archivo central de la Cuarta Brigada, Justicia Penal Militar y Centro de Familia Militar, por $3.336 millones. El 31 de diciembre terminó el gobierno de Daniel Quintero y el 1 de enero asumió el equipo de Federico Gutiérrez.

Una de tantas sorpresas cuando llegó la nueva gerente de la EDU ocurrió el 17 de enero pasado, cuando la supervisora del contrato de interventoría se enteró de que Margarita Contreras Ospina, última gerente de la EDU en el gobierno Quintero, prorrogó y adicionó el contrato por $10.600 millones, es decir, más de tres veces el valor total inicial, remitiendo las supuestas adiciones por WhatsApp, según reposa en la denuncia ante la Fiscalía.

A pesar de que en su momento fueron autorizadas por la Dirección de Gestión Contractual de la EDU antes de que acabara el 2023, nunca se aprobó la elaboración de las minutas, ni mucho menos su suscripción por las partes contractuales, hasta tanto se acreditaran los soportes técnicos, financieros y jurídicos.

En otras palabras y según las pruebas aportadas en la denuncia, se suscribieron modificaciones contractuales (adiciones y prórrogas) que no fueron previamente autorizadas, ni aprobadas por la dirección contractual de la entidad, ni cumplieron los procedimientos internos.

Una perla más que añade la denuncia: esta grave irregularidad se evidencia con claridad en la parte inferior de los documentos no autorizados que no contienen el registro de los funcionarios responsables de la proyección, revisión y aprobación, que es como se elabora cualquier contrato público.

El representante de Alfa y Omega Constructores, el contratista interventor, le dijo a la EDU el 19 de enero que el documento se le dio a conocer en enero de 2024, pero consideró que era un simple tramite de formalización.

El contratista constructor, Ingeniería y Construcción Palacio Baena, dijo el 22 de enero que no tenía claro cómo llegó su firma a ese documento ni tenía claridad de la fecha.

“Encuentro con gran preocupación una situación irregular en la que es claro que se está utilizando información de la EDU, logos de la EDU y también se están construyendo documentos aparentemente con valor de contrato sin autorización de la entidad”, afirma la nueva gerente González Gómez en la denuncia que interpuso ante la Fiscalía por estos hechos.

Hay otro contrato problemático, se trata de la construcción y dotación del teatro de El Carmen de Viboral. Se firmó en 2022 por $16.200 millones, en medio de un convenio con el Ministerio de Cultura. El problema fue que al momento de la cimentación, el constructor evidenció incoherencias en los diseños y los estudios de suelos, que no cumplían con la norma sismoresistente. La situación obligó a suspender el contrato en diciembre de 2022. La nueva gerencia no se explica cómo esos diseños pasaron todos los filtros y controles y el error solo salió a flote solo en la construcción.