Vinculan a más funcionarios de Metroparques y AMVA en caso de presunta corrupción

Tres personas más fueron vinculadas al caso judicial por los presuntos hechos de corrupción ocurridos alrededor de la contratación del mantenimiento del Parque de las Aguas durante la administración de Daniel Quintero en Medellín, con lo cual ya el listado de implicados suma alrededor de una decena.

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Este proceso tiene que ver con por lo menos tres contratos interadministrativos celebrados por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y Metroparques que a su vez derivaron en varios contratos con particulares por más de $8.000 millones que terminaron entregándose de manera direccionada a por lo menos tres compañías: Comercializadora JPino SAS, 1 Soluciones SAS y Estructuras Zafiro SAS.

El efecto habrían sido sobrecostos cercanos a $1.500 millones por insumos como cloro, elementos de bioseguridad y reflectores, entre otros.

Ya, por esto, habían sido imputados los exgerentes de Metroparques (la entidad que administra los parques públicos de la capital antioqueña) Jorge Enrique Liévano y María Eugenia Domínguez, lo mismo que el ex subdirector del AMVA, Álvaro Villada; fuera de otros particulares relacionados con las firmas mencionadas: Alexánder Pino, Yamileth Galíndez y Fabio Miguel Mestra como presuntos responsables de peculado por apropiación, asociación para cometer delitos contra la Administración Pública, contratos sin cumplimiento de los requisitos legales e interés indebido en celebración de contratos.

Y en una audiencia realizada en la tarde de este miércoles, 15 de enero, la Fiscalía vinculó con el caso a la jefa de compras de entonces en Metroparques, Viviana María del Valle; la líder de Logística del AMVA, Laura María Mejía, y a Lilibeth Lorena Pino Jaramillo.

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Según lo manifestado por la Fiscalía en la diligencia que se cumplió de manera virtual ante el Juzgado 41 Penal Municipal, Del Valle y Mejía faltaron a los principios de economía y planeación en la contratación pública al admitir que se subcontratara a empresas “no idóneas y sin experiencia” que fueron creadas para contratar con Metroparques y defraudar el patrimonio de la entidad, llegándose incluso a falsificar documentos.

De esta manera, ellas habrían podido incidir a la hora de formular la documentación y convocar a las empresas que participaron bajo la modalidad de contratación privada.

Además, la Fiscalía ha alegado que para cuando ocurrieron los hechos mencionados, aunque formalmente Lilibeth Pino ya no era la representante legal de J.Pino, en la práctica sí seguía incidiendo en las decisiones de la compañía.

Los delitos imputados a Del Valle fueron interés indebido en celebración de contratos y peculado, mientras que Mejía y Pino tendrían que responder solo por el último ilícito.

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Otra arista de la presunta corrupción en contratos del Parque de las Aguas tiene que ver con la construcción de una bodega en el año 2023. Para ello se firmó un convenio interadministrativo entre el AMVA y Metroparques y luego este último subcontrató las obras con la firma Constru Americana, en un proceso que, como en el de insumos, habría un claro favorecimiento hacia el contratista. Lo otro, según la Fiscalía, es que parte de los recursos se utilizaron para levantar un hangar que no solo no cumplía con los requisitos técnicos sino que era totalmente innecesaria. En eso se gastaron $243 millones de recursos públicos.

En este caso repiten algunos imputados del proceso anterior: María Eugenia Domínguez, Viviana del Valle y Laura Mejía. Pero además están Carlos Augusto Jaramillo Villareal, exsecretario General de Metroparques; César Augusto Chavarría Munera, exJefe de la Unidad Estratégica de Negocio (UEN) de Logística de Eventos de Metroparques; Enidia del Carmen Salazar de Sánchez, representante legal de Constru Americana, y Camilo García Bustamante, contratista de Metroparques.

Ninguno de los implicados ha aceptado su participación en las irregularidades que les endilgan, aunque en una audiencia previa, celebrada en noviembre, Galíndez se iba a allanar a los cargos, pero de pronto, al final, manifestó que no lo haría.

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A mediados del año pasado, las autoridades iniciaron el proceso de extinción de dominio y ocuparon 23 bienes que serían de propiedad de los funcionarios y contratistas involucrados en este escándalo de corrupción y malversación de recursos públicos. Su valor sobrepasaría los $3.000 millones.