Contraloría dice que hubo posible detrimento patrimonial de $117 millones en la ‘caja menor’ de la Alcaldía de Quintero

Este martes se conoció el informe preliminar de la Contraloría sobre la gestión financiera de la Alcaldía de Medellín en el 2022. En este hubo un capítulo especial para el uso de la caja menor del exalcalde Daniel Quintero durante todo el 2022 y hasta el pasado 30 de junio del 2023.

El equipo auditor de la Contraloría encontró que entre esas fechas Quintero usó $124.566.005 para pagar en restaurantes, de los cuales solo fueron autorizados y certificados para atender reuniones oficiales del entonces alcalde —que es el propósito del fondo fijo—, $7.799.790 ($2.430.594 en el 2022 y $5.369.196 con corte al 30 de junio de 2023). De manera que poco más de $116 millones (el 93,5% del total) no fueron autorizados ni certificados.

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Los auditores encontraron que dentro de esos gastos no autorizados se hicieron “compras individuales o personales (un combo, un ejecutivo, entre otros), y en algunos casos, compras de comida suntuaria, afectando la eficiencia del gasto público”.

Asimismo, la Contraloría encontró gastos de restaurante en ciudades como Bogotá, Cartagena y Bucaramanga, que no debían ser sacados de la caja menor sino que debieron ser pagados como viáticos.

El informe dice que en las otras ciudades no solo se hicieron gastos en restaurantes sino en refrigerios, bebidas y hasta panadería que en total suman $1.066.215 que, según la Contraloría “no fueron urgentes, ni imprevistos ni necesarios”.

Este posible hallazgo se dio teniendo en cuenta que el equipo auditor solo revisó el 50,26% de las facturas y los recibos de los gastos del 2022, mientras que para el 2023 la muestra si fue del 100%.

La mayoría de estos gastos son en el restaurante El Corral de Bogotá y en la cafetería Starbucks, también en la capital.

En conclusión, dice la Contraloría en su informe preliminar, “se vulneró el principio de la gestión fiscal de eficiencia ocasionando un posible detrimento patrimonial en cuantía de $117.832.430”.

En el informe se señalan al menos siete decretos, normas y leyes que la Alcaldía habría violado con el uso de los fondos fijos. Por esto, dice el ente, los responsables tendrían sanción fiscal y disciplinaria.

Además, de acuerdo con la norma que regula los fondos fijos, no puede gastarse más del 10% del fondo en una sola compra. Para el 2023, el valor del fondo era de $23.200.000 mensuales, de manera que no se podían hacer compras de más de $2.320.000. No obstante, la Contraloría encontró que el 30 de junio del 2023 se gastaron $4.008.288 en el restaurante Canalla, en El Poblado.

Pero aparentemente para saltarse la norma y no llegar al tope, lo que hicieron fue partir la factura en dos: la primera por $1.895.426, la emitieron a las 14:35 y la segunda por $2.111.862, a las 15:16.

“Esta situación se generó por las deficiencias en los controles del proceso de autorización y pago del fondo fijo”.

La Contraloría también advirtió que cuando se hizo el presupuesto de los gastos del fondo fijo para el 2022 y 2023 a los rubros no se les asignó un valor proyectado, como lo establece la ley. Es decir, dijeron en qué se iban a gastar los fondos fijos, pero no cuánta plata destinarían para ellos, ni siquiera un estimado. Esto, dice la Contraloría, puede dar lugar a que se hagan gastos que no cumplan los requisitos de ley, que es lo que presuntamente ocurrió.

“Esta situación se presentó por el desconocimiento normativo de los responsables de administrar y controlar estos recursos y en la ausencia de la planeación del gasto, lo que posibilita erogaciones que incumplan los requisitos (imprevistos, urgentes y necesarios) para ser atendidos con cargo a éste y desborden las normas de austeridad en el gasto público”, se lee en el informe. Por esta falla los responsables podrían tener una sanción disciplinaria.

Dice el informe que la Alcaldía también falló en la programación de los gastos de ese fondo fijo, pues con base en lo analizado entre 2022 y 2023, se realizaron compras de víveres, carnes, pescado, pollo, productos de panadería, verduras y bebidas para aprovisionar la cocina del despacho, con el fin de atender reuniones de trabajo por $182.065.395; además, se pagaron $47.416.500 en peajes, y $17.637.900 en compras de arreglos florares, gastos que en criterio de la Contraloría “fueron recurrentes y previsibles en las vigencias auditadas, y no son imprevistos, ni urgentes ni necesarios”.

Dicen que para gastarse esa plata se debieron adelantar procesos contractuales y no el fondo fijo reembolsable.

Por último, en este capítulo sobre la caja menor de Quintero, la Contraloría se dio cuenta de que buena parte de los gastos no tenían el visto bueno del ordenador del gasto, que es el secretario Privado Juan David Duque, a quien el próximo lunes 20 de noviembre el Concejo someterá a una moción de censura, por este mismo asunto del Fondo Fijo reembolsable.

Frente a las observaciones encontradas en el proceso de la auditoría, la Alcaldía dispone de cinco días hábiles para presentar las aclaraciones u objeciones que considere pertinentes; de no recibir respuesta y transcurrido este término, las observaciones quedarán en firme y se entenderán como definitivas.