A puchitos se ‘gastaron’ $1,2 billones del Presupuesto Participativo
EL COLOMBIANO investigó cómo se habría orquestado un engranaje desde la administración de Daniel Quintero para entregarles contratos a un puñado de firmas: operaba con dádivas para quienes aprobaban proyectos en las comunas.
El Presupuesto Participativo (PP) nació con un fin noble: que las comunidades desde los barrios decidan sobre cómo se invierte una parte de los recursos del Distrito. Y no es poca cosa, el PP equivale al 5% de los recursos de inversión del Plan de Desarrollo y con él, en alcaldías anteriores, se construyeron obras emblemáticas como el coliseo multipropósito del barrio Florencia, la piscina de Santa Lucía, el Metrocable de Palmitas, el colegio Santa Catalina o las becas para educación superior.
Pero poco a poco, y en particular en la administración de Daniel Quintero, el buen propósito se desperfiló y por momentos, en algunas comunas, pareciera que se hubiera convertido en plata menuda para gastos varios y para beneficio de unos pocos.
Se trata de un monto significativo. Para este año, por ejemplo, son 323.000 millones de pesos. En los cuatro años anteriores fueron cerca de 1,2 billones de pesos y prácticamente, en ese período, no se identifica ningún proyecto de alto impacto que se haya hecho en favor de las comunidades.
Por el contrario, el modus operandi que presuntamente aplicó la administración Quintero fue dividir en pedacitos ese abultado presupuesto y distribuirlo como si fuera un enorme barril de mermelada comunitaria. Una buena parte del PP se gastó a puchitos en cientos de pequeños eventos, en viajes para líderes comunitarios y en cosas insulsas como chaquetas de más de medio millón de pesos cada una y maletines de más de $800.000.
Pero esto estaría lejos de ser algo episódico, pues existen indicios de que se trató de una metodología planeada de manera quirúrgica para controlar desde la Alcaldía el PP (cuando, por principio debía ser la comunidad la que decide qué se hace con él) y favorecer a algunos contratistas. EL COLOMBIANO investigó este preocupante fenómeno y encontró varias irregularidades.
Este primer capítulo tiene que ver con la manera como se habría orquestado desde la Alcaldía de Daniel Quintero el uso de estos recursos (informe completo de la página 4 a la 9).
Así operaba el entramado
El primer paso de la urdimbre habría sido la creación de una “Mesa Estratégica de Eventos del Distrito” (a través de la Circular 202360000021), en enero de 2023. De ella hacían parte en su momento los secretarios de Gobierno —y que también lo fue de Participación Ciudadana y de Inclusión Social— Juan Pablo Ramírez; de Suministros, Karen Bibiana Delgado; de Hacienda, Óscar Hurtado, y de Comunicaciones, Juan José Aux.
Hay que recordar que 2022 y 2023 fueron años cruciales porque se celebraron las elecciones nacionales —para definir Presidente de la República y congresistas— y regionales —para gobernador, alcaldes, concejales y diputados—; por lo tanto, resultaba esencial asegurar el favor de financiadores que no siempre figuran en las planillas del Consejo Nacional Electoral y de líderes en los territorios que buscaran votos para aliados políticos.
El presupuesto participativo resultaría ser una buena fórmula para atender esos dos frentes. Este, al parecer fue una manera de disfrazar actos proselitistas como si se tratara de festividades para el esparcimiento de la comunidad; una perfecta carambola si se tiene en cuenta que los eventos constituyen entre 30% y 40% del PP y las empresas de logística “bendecidas” por la Alcaldía terminaron siendo las mayores beneficiarias de esos recursos.
El segundo paso habría sido la celebración de convenios interadministrativos entre las secretarías del despacho con entidades adscritas al Conglomerado Distrital, como Plaza Mayor, Metroparques y el Inder, que después pueden contratar con terceros sin hacer licitaciones. En este momento, los equipos de la Alcaldía apenas están haciendo un seguimiento de las distintas dependencias verificando situaciones particulares, pero ya habrían hallado un buen ejemplo de las presuntas perversidades del modelo.
Por ejemplo, el convenio interadministrativo del 22 de abril de 2023, entre la Secretaría de Participación Ciudadana y Plaza Mayor, por 25.918 millones de pesos, fue el más grande de esa especie que se recuerde en muchos años con esa entidad que en teoría se encarga de atraer eventos de envergadura del exterior y otras partes del país para Medellín pero que en el periodo pasado habría sido el canal principal de las triquiñuelas para que se perdiera la trazabilidad de buena parte del dinero público que se fue a manos de particulares.
Así mismo, Plaza Mayor celebró convenios interadministrativos con distintas dependencias de la Alcaldía para organizarles sus eventos, pero solo era un intermediario, porque quienes hacían la tarea directa eran contratistas elegidos de la misma cuerda y señalados desde “más arriba”. Como si fuera poco, al llevar el contrato por Plaza Mayor, se gasta innecesariamente al menos un 5% del presupuesto en la intermediación.
Antes de existir la Mesa de Eventos, según le dijo un funcionario a EL COLOMBIANO, muchas decisiones sobre esa contratación estaban en cabeza del exsecretario general y luego candidato a la Gobernación Esteban Restrepo.
Otros convenios interadministrativos que se hicieron vía el Inder sirvieron para canalizar gruesas cantidades de dinero del PP y para graduar como contratista estrella a la firma Cyan Eventos y Logística, con la cual hubo por lo menos 14 contratos, de acuerdo con una indagación de la Fiscalía.
Ya puesto todo el andamiaje con la Mesa y los convenios interadministrativos, el tercer paso habría sido que Santiago Preciado, entonces secretario encargado de Participación Ciudadana, nombrara a cuatro personas cercanas y cuyos contratos dependían de él, en vez de funcionarios de carrera que por su estabilidad laboral podrían no prestarse para jugaditas. Entre ellas estaba Gloria Echeverri Lopera, subdirectora de Planeación local y PP.
El cuarto punto de ese modus operandi habría sido el direccionamiento de los contratos hacia un grupo de “consentidos”.
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En una carta dirigida a Plaza Mayor el 19 de mayo de 2023, la mencionada Gloria Inés Echeverri “recomienda” un listado con 18 empresas para contratar con ellas eventos con recursos del PP. Es decir que no eran los barrios sino la Alcaldía la que hizo la lista. Lo curioso es que ella misma, Echeverri, tenía parte de la responsabilidad de supervisar los contratos.
En otras palabras, es como si el director técnico de un equipo de fútbol fuera a la vez representante de algunos jugadores y decide cuáles saltan a la cancha en cada partido, por lo cual quedaría en entredicho si incluye en la nómina a los que mejor definen la idea del juego o a los más cercanos a sus intereses.
La funcionaria estaría entrando en un posible conflicto de intereses digno de indagación por los organismos de control, sobre todo porque, efectivamente, esas firmas terminaron siendo las destinatarias, solo en 2023, de $23.214 millones de los casi $26.000 millones del convenio marco, lo cual prueba que le “copiaron” a cabalidad.
Las que más platudas salieron fueron Fundarte, con $5.005 millones contratados; Enlace 7 con $4.136 millones; Asercomunitaria con $3.671 millones; Casa Creo con $1.336 millones, y la Corporación para el Desarrollo Altavista Somos con $1.135 millones (ver cuadro). La contratación con Cyan no fue tan cuantiosa —solo $123,5 millones— tal vez porque para ese momento, según señala el exconcejal Alfredo Ramos, ya estaba muy expuesta públicamente por los escándalos de su contratación con Metroparques.
Recientemente, al hablar de los 501 hallazgos de presunta corrupción en la gestión de Quintero, el alcalde Gutiérrez mencionó que para entregar esos contratos de PP se manejaban unos códigos, números con los que aparecían en comunicaciones internas las mencionadas firmas, que no correspondían a ninguna codificación oficial y que serían parte del “diseño de una sofisticada red de corrupción que notificaba internamente a quién debían dirigirse los contratos”.
La experta en temas empresariales Gloria Jaramillo, conocida en redes sociales como Tyche, llama la atención sobre dos detalles: el primero es que la señora Echeverri haya recomendado a estas organizaciones por su supuesta idoneidad —no lo debió hacer porque luego supervisó el cumplimiento de varios de esos contratos— ya que algunas habían estado inactivas y se reactivaron apenas poco antes, cambiándoles de razón social y de directivos.
Lo segundo es que algunas certificaron su experiencia en el Registro Único de Proponentes (RUP) con documentos suscritos por Cyan y otra empresa considerada entre las consentidas de la anterior alcaldía —Enlace 7—, o por organizaciones controladas por los mismos contratistas —sería el caso de Asocomunal de la Comuna 6 y la Acción Comunal del barrio San Martín de Porres, donde Alexis Castrillón tiene gran influencia—, lo cual da para pensar que en realidad pudieron actuar como fachada.
Es decir, no solo no habían mostrado idoneidad sino que les certificaron experiencia firmas que podrían ser parte de este mismo carrusel de contratación.
El eslabón en el territorio
El último eslabón —o primero dependiendo desde dónde se le mire— de esta cadena para darle la rueca al engranaje del PP, pero no menos importante, ha estado en los mismos barrios y comunas, a través de las Juntas Administradoras Locales y de los Consejos Comunales o Corregimentales de Planeación (CCCP), que son los que, en teoría, priorizan los proyectos a los que debe ir la plata del PP.
Resulta que, como se verá en otros informes de este reportaje (páginas 6 a 9), muchos ediles y consejeros, que tienen el sartén por el mango a la hora de priorizar los proyectos que se financian con el PP, solían ser “aceitados” con privilegios como contratos, viajes y otras dádivas para que le apuntaran a iniciativas que casaran con los intereses de los contratistas y la administración.
En casos como el de Alexis Castrillón, este ha tenido a la vez varios roles: ha fungido como consejero en el CCCP en representación de la Asocomunal de la comuna 6; a la vez, firmas relacionados con él contratan con el el PP y fue bien conocida su relación con los exsecretarios Juan Pablo Ramírez y Santiago Preciado.
Ahí, el círculo del presunto despilfarro obtenía su curvatura perfecta porque el CCCP priorizaba los proyectos del Presupuesto Participativo y estos pasaban a la Secretaría de Participación donde se consignaban en las llamadas Fichas MGA y cada que se iba a realizar una actividad en el territorio con cargo a esos rubros, los funcionarios remitían un correo a Plaza Mayor con el famoso código; a su vez el operador muchas veces subcontrataba con otro y ese otro con otro.
Esto llegó al punto en que incluso no se habla de tercerización sino de cuarterización y hasta de “quinterización” —término que alude a los eslabones de la cadena pero también a un supuesto estilo de la administración de Daniel Quintero—.
Un exfuncionario de la Secretaría de Participación que accedió a hablar con EL COLOMBIANO, a condición de mantener su anonimato, contó cómo a partir de los códigos de la funcionaria Echeverri habrían montado una matriz de excel para llevar el control de cuánta ganancia podían obtener. Cuando llegaba un requerimiento de una comunidad para un evento, simplemente respondían anexando solo ese número y el tope presupuestal, sin mencionar el nombre, y automáticamente se sabía cuál iba a ser el operador. A vuelta de correo venía una cotización que siempre era por el valor máximo posible, cuando lo normal hubiera sido que se pidieran por lo menos tres cotizaciones para escoger la mejor y más económica.
¿Cuánto se llevaron en una contratación de eventos? Por ahora es difícil saberlo, pero este diario supo que la semana pasada la Procuraduría comenzó a pedir información sobre el exsecretario Juan Pablo Ramírez y sobre algunos líderes comunitarios y contratistas incluidos en el listado de códigos.