Así se habrían robado Afinia: malos manejos y sacándole plata a EPM para sostenerla

La crisis por la que atraviesa Afinia, la filial del Grupo EPM que asumió un pedazo del mercado de la desaparecida Electricaribe, volvió a aparecer sobre la mesa este lunes luego de que el alcalde Federico Gutiérrez asegurara tener información de una presunta negociación irregular orquestada durante la alcaldía de Daniel Quintero en la que la gerencia de esa compañía habría sido entregada a un grupo político por un pago de 8 millones de dólares.

De acuerdo con la versión del mandatario, luego de que esa entidad quedara a merced de políticos y fueran expulsados varios funcionarios de carrera, como fue el caso de la exgerente Blanca Liliana Ruiz, esta habría comenzado a ver deteriorados sus indicadores de servicio y financieros, poniendo en jaque no solo su futuro, sino el de su casa matriz en Medellín.

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“Jugaron con EPM, jugaron con el patrimonio público”, expresó Gutiérrez en la rueda de prensa en la que realizó la denuncia.

Aunque en lo corrido de este año, esta es la primera vez que se conocen nuevas denuncias sobre los manejos que habría sufrido Afinia en el cuatrienio anterior, lo cierto es que la situación financiera de esta empresa de energía ya ha venido generando preocupación durante los últimos años.

Así lo anticipó el mismo alcalde durante sus primeros días de gobierno, señalando que al interior del Edificio Inteligente de EPM había una alerta a raíz del alto flujo de recursos que demandaba dicha filial.

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“Yo quiero hacer una alerta: Afinia, como fue manejada, se podría llevar por delante a EPM en términos financieros”, había alertado Gutiérrez en entrevista con EL COLOMBIANO.

Tal como lo registró este diario en junio de 2022, las denuncias de presuntos malos manejos en Afinia se remontan a agosto de 2021, cuando al mando de esa compañía llegó el polémico gerente Javier Lastra, quien durante sus primeros días de gestión empezó a efectuar cambios en la contratación que fueron vistos con suspicacia por el personal técnico de EPM y conocedores del sector energético.

De acuerdo con esos señalamientos, Lastras habría echado para atrás una decisión empresarial con la que se la había puesto freno a los polémicos “contratos integrales”, una figura considerada problemática por permitirles a los contratistas de la compañía hacer múltiples tareas en contratos firmados con objetos muy amplios.

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De igual forma, desde 2021 la empresa recibió llamados de atención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, cuando ese ente detectó que asuntos como la reducción de pérdidas de energía, cartera y potencia del servicio estaban rezagados.

Además de esas variables, EPM, que ya arrastra una alta presión financiera por proyectos como Hidroituango y otros problemas, también se ha visto en la obligación de desembolsar periódicamente cientos de miles de millones de pesos.

Por ejemplo, mientras en marzo de 2023, desde Medellín se autorizó un contrato de crédito por $450.000 millones, luego aprobó una capitalización por $350.000 millones en septiembre y luego otra por $250.000 millones en diciembre.

En medio de este panorama, Gutiérrez sostuvo este lunes que para este año aunque la empresa tenía un estimado de inversión preliminar de $750.000 millones, esa cifra ascendió ahora a los $1,5 billones.

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De igual forma, en materia de pérdidas, Gutiérrez informó que mes a mes la compañía estaría teniendo un hueco que oscilaría entre los $80.000 y los $90.000 millones.