La Asamblea venezolana corre el riesgo de quedar anulada

El temor de que el Gobierno de Nicolás Maduro no confirme en la Gaceta Oficial de Venezuela el nuevo periodo de sesiones de la Asamblea Nacional y el cambio de sus directivas, se extiende en la clase política de ese país.

Aunque hoy retoma labores el Legislativo y Henry Ramos Allup deja la presidencia, para cederla al líder opositor Julio Borges, sin el aval de Maduro cualquier decisión queda desarmada y el Parlamento podría terminar sin poder.

De hecho, ya lo está. En agosto, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró en desacato a ese órgano por haber incorporado a tres diputados del estado de Amazonas que no habían asumido por una impugnación del resultado electoral presentada por el oficialismo.

Seguir inoperantes, al menos mientras el Gobierno cede, implica que la Asamblea, de mayoría opositora, queda relegada de cualquier decisión.

Un día antes de lo que considera una “amenaza”, Ramos Allup respondió al diario venezolano El Nacional, diciendo que el bloqueo es “inconstitucional y delictivo”.

“No puede haber trauma, no le queda otra al Gobierno que reconocer la voluntad popular. Esta Asamblea no la controla ni la va a controlar el Gobierno más nunca. Lo que tiene es que respetar la voluntad popular y la mayoría de la Cámara y la tienen que publicar en gaceta”, expresó al diario.

Para Nelly Arenas, politóloga de la Universidad Central de Venezuela, el no reconocimiento del Parlamento sería “un golpe de estado seco, puro y duro, con todas sus letras”.

Según explica, sin poder legislativo, Maduro avanzaría un trecho largo en el camino hacia la instalación de una dictadura de corte tradicional, la posibilidad del revocatorio se aplazaría todavía más y se refrendarían las intenciones del presidente y de los militares que lo secundan.

Y es que, dice Arenas, Maduro sabe que ya no soporta una elección popular y no le queda otro camino distinto al de la fuerza.

Maduro queda mal parado

Presionar a la Asamblea es para Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio Venezuela de la Universidad del Rosario, una estrategia del Gobierno para obligar a la oposición a volver a la mesa de diálogo que, se supone, reiniciará el próximo 13 de enero.

No obstante, ese sector político está cada vez más reacio a negociar con Maduro. En una carta enviada al secretario de Estado del Vaticano, monseñor Pietro Parolín (uno de los mediadores), manifestaron que no existen condiciones para retomar las conversaciones, mientras la liberación de siete presos políticos el sábado pasado tampoco les parece suficiente, teniendo en cuenta que la lista de encarcelados en esas condiciones supera los 100.

Juan Andrés Mejía, diputado venezolano de oposición, cree que diálogo como tal no ha existido hasta ahora: “Los encuentros no han sido cara a cara, sino reuniones aisladas con los mediadores. Maduro solo quiere dilatar el referendo revocatorio y ganar tiempo para seguir en el poder”, dice, y añade que negociar con presos políticos es “deplorable” y reafirma las violaciones a los derechos humanos por parte del Gobierno.

En medio de un diálogo muerto, que hasta la Cancillería de Colombia en un comunicado pidió reanudar, el más afectado es Maduro. Rodríguez cree que el líder ha tratado de fingir que actúa dentro de la legalidad para quedar bien con la comunidad internacional, pero si le quita los poderes a la Asamblea será inevitable compararlo con el dictador Alberto Fujimori en el Perú.

Así las cosas, el Legislativo tiene en sus manos defender la democracia en un país que se desmorona. “Aunque estén de manos atadas para votar proyectos o mover el revocatorio, los parlamentarios tienen que seguir activos, llamando al debate y defendiendo el derecho de la gente a protestar en las calles ante la dureza del régimen que se nos viene encima”, concluye Emilio Nouel, asesor de la oposición venezolana en asuntos internacionales.