Oficialismo en El Salvador le dio golpe a la justicia

Por el acaparamiento y la cooptación de las instituciones del Estado, varias organizaciones dentro y fuera de El Salvador advierten que es posible que el presidente Nayib Bukele esté cometiendo un golpe de Estado, que le da el control de los tres poderes públicos del país.

La principal fractura se dio el fin de semana cuando la Asamblea Legislativa, que se posesionó el sábado con amplia mayoría oficialista, destituyó a cinco magistrados propietarios y cinco suplentes de la Sala Constitucional de la Corte Suprema y al fiscal general, Raúl Melara; mientras que Ernesto Castro, el ex secretario privado del mandatario, era elegido presidente de ese Congreso.

Las destituciones, que dejaron incompleta y sin presidente al órgano Judicial, fueron aprobadas por 64 votos de los 84 diputados, todos del oficialismo, y fue sustentada en que supuestamente cometieron “fraude a la Constitución” y violaron la separación de poderes, al ejercer funciones atribuidas al Gobierno por sus sentencias sobre el manejo de la crisis por la covid-19.

Precisamente, el presidente Bukele había acusado en más de una ocasión a esos jueces de retirarle facultades para atender la pandemia. El 9 de agosto de 2020, el mandatario dijo en una cadena nacional que, “si fuera de verdad un dictador”, los hubiese fusilado por declarar inconstitucionales los decretos emitidos en el marco del confinamiento. “Salvar mil vidas a cambio de cinco”, dijo entonces.

Y de hecho, una vez los diputados tomaron su decisión, Bukele aseguró en sus redes sociales que lo hacían amparados “en una facultad incontrovertible expresada claramente en el artículo 186 de la Constitución”.

Estados Unidos en medio

Luego de las destituciones, organizaciones nacionales e internacionales salieron a la defensa de la Carta Magna salvadoreña.

El gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, puso sus cartas sobre la mesa anunciando acciones si no se garantizaba la separación de poderes en el país centroamericano. Lo hizo el secretario de Estado Antony Blinken en diálogo telefónico con el mismo Bukele, en el cual le manifestó su “profunda preocupación”, ya que “un Poder Judicial independiente es esencial para la gobernabilidad democrática” y defendió que el fiscal Melara está “luchando contra la corrupción y la impunidad” y “es un socio eficaz” para combatir el crimen “tanto en EE. UU. como en El Salvador”.

Y es que la relación entre ambos países no está en su mejor momento desde que Donald Trump dejó la Casa Blanca, tanto así que Bukele se negó a recibir al enviado especial del presidente Joe Biden al Triángulo Norte de Centroamérica, Ricardo Zúñiga.

Mauricio Méndez, representante de la Corporación de Exportadores de El Salvador, manifestó a la Agencia Efe el temor de que esta situación afecte las relaciones comerciales entre ambos países. “Este tipo de inestabilidad política genera mucha incertidumbre en el sector exportador” y en los inversionistas, y agregó que con este “movimiento político parecería que las reglas van a cambiar de la noche a la mañana y eso no es bueno”.

El mundo en contra

Por otra parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, se pronunció luego de que el procurador de Derechos Humanos de El Salvador, Apolonio Tobar, lo llamara a garantizar la independencia de las instituciones en ese país.

Almagro dijo que “en la democracia las mayorías tienen la responsabilidad de ser garantes fundamentales para asegurar el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación de los poderes públicos”. Y agregó que “cuando las mayorías eliminan los sistemas de pesos y contrapesos en el marco institucional están alterando su esencia”.

En ese sentido se manifestaron desde Human Rights Wacht, la ONU, la Unión Europea y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esta última aseguró que la destitución se dio sin el debido proceso ni causas específicas constitucionales, lo que pone en riesgo el Estado de derecho