La lucha por la justicia en las aulas de Nicaragua

Nicaragua no volvió a salir a las calles y los estudiantes, quienes lideraron las protestas en contra del régimen de Daniel Ortega entre abril y julio de 2018, fueron silenciados, encarcelados o están en el exilio; junto a ellos, los profesores universitarios fueron obligados a dejar las aulas, olvidar sus clases y a buscar un nuevo trabajo. Estos casos fueron registrados en un informe publicado este mes por el Observatorio Latinoamericano de Derechos Universitarios que desarrolla Aula Abierta Latinoamérica.

El crimen de los primeros, para el gobierno, fue marchar, y el de sus docentes apoyarlos en su lucha por la salida del gobierno sandinista.

El estallido de las manifestaciones hizo de la bandera del país un símbolo de lucha y de sus colores azul y blanco la muestra de la batalla para poner fin al régimen de Ortega, pero estos dos emblemas se apagaron con la criminalización de las protestas que entró en vigencia en septiembre de 2018. Desde entonces Nicaragua sigue en crisis, pero ahora los líderes opositores no pueden hablar como antes. Incluso, salir vistiendo estas dos insignias es un motivo de detención.

Los estudiantes que lideraron las protestas tuvieron que exiliarse entre mayo y agosto de ese año y los profesores dejaron las clases. EL COLOMBIANO habló con dos de esas universitarias, una de la Universidad Nacional de Ingeniería y otra de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, ambas de Managua, y con dos profesores quienes contaron cómo el régimen de Ortega emprende una redada contra ellos. Sin embargo, pidieron guardar su identidad por motivos de seguridad.

Persecución a las clases

A la estudiante de la Universidad de Managua la Policía fue a perseguirla hasta su casa. Tuvo que escaparse en diciembre y desde entonces vive aislada de su familia junto a otros jóvenes que como ella residen en lugares cuya ubicación se desconoce para proteger su integridad. “No podemos volver a las universidades o a nuestras casas, nos están persiguiendo. La represión parece salida de la realidad, empezamos marchando y nos encontramos con sujetos con armas de guerra, que lanzan bombas, gases lacrimógenos y rifles”, contó.

Para ella parece un asunto de ficción, pero es su realidad que, a diez meses del comienzo de las protestas, sigue sumando vidas. El informe del Observatorio Latinoamericano de Derechos Universitarios señaló que la criminalización de la protesta, el asesinato de los universitarios, la detención de profesores, los despidos injustificados y la asfixia presupuestaria a las universidades como método de discriminación y agresión se convirtieron en patrones comunes de los regímenes de Daniel Ortega en Nicaragua y de Nicolás Maduro en Venezuela para atacar los recintos de educación superior (ver recuadro).

Ricardo Villalobos, coordinador de investigación de Aula Abierta, explicó que “las dictaduras atacan a la universidad por ser el centro de pensamiento crítico de la nación”.

Para el defensor de Derechos Humanos en ambos casos existen patrones similares de agresión, una política de represión y castigos contra las instituciones educativas que han sido críticas ante las actuaciones de estos gobiernos.

El “delito” de los docentes

Los dos profesores universitarios señalaron que fueron despedidos de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua –una institución pública– por apoyar a los estudiantes. “Nos decían que les faltaban vendas, antibióticos, comida y agua. Comencé a buscar cosas para llevarlas a la universidad porque tenían a los jóvenes atrincherados y me tildaron de golpista”, aseguró uno de los maestros que fue despedido sin causa justificada.

Cuentan, además, que los profesores que se quedaron no se unieron a las manifestaciones por temor a perder su trabajo. Entonces, cada vez con menos personas en las aulas debido a la migración que se desencadenó por la represión del gobierno, porque están en las cárceles o en el exilio, las instituciones universitarias sufren las consecuencias de la represión del régimen de Ortega, un gobierno que guarda silencio de estas denuncias. Mientras las ONG mantienen su preocupación por la situación del país, pero el mandatario sigue aferrado al poder.