Gobierno de Trump podría ser declarado en desacato penal por expulsión de migrantes a El Salvador
Un juez federal anunció que hay “una causa probable” para declarar al gobierno de Estados Unidos en desacato penal por la deportación de migrantes a la megacárcel de El Salvador, a pesar de que un tribunal había prohibido este procedimiento.
Un juez federal dictaminó que el gobierno del presidente Donald Trump ha “ignorado deliberadamente” el 15 de marzo su decisión de prohibir la deportación de migrantes bajo una ley del siglo XVIII, un hecho que considera una “causa probable” de “desacato judicial”.
“El tribunal determina en última instancia que con sus acciones ese día el gobierno ignoró deliberadamente su orden”, escribió el juez James Boasberg este miércoles, quien suspendió las deportaciones basadas exclusivamente en la Ley sobre enemigos extranjeros de 1798 cuando más de 200 personas, en su mayoría venezolanos acusados de ser miembros de la banda Tren de Aragua, estaban siendo deportadas a El Salvador.
Esto es “suficiente para que el tribunal concluya que existe una causa probable para declarar al gobierno en desacato penal”, añade el juez de Washington.
El 8 de abril la Corte Suprema levantó la prohibición de expulsar migrantes invocando la ley del siglo XVIII, pero principalmente por razones técnicas: los migrantes que pusieron demandas para evitar la deportación se encuentran en Texas, mientras que el caso ante Boasberg se tramitó en Washington.
El máximo tribunal consideró, no obstante que deben de poder impugnar su expulsión en los tribunales del estado desde donde son expulsados.
“En lugar de acatar la decisión de la Corte, el gobierno continuó la operación de deportación a toda prisa”, lamentó el juez Boasberg.
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A la mañana siguiente, “varias horas después de la decisión, trasladó a los pasajeros de dos aviones protegidos por esta suspensión a una megacárcel salvadoreña”, protestó.
Pese a una serie de vistas judiciales, los funcionarios de la administración Trump “no han proporcionado ninguna razón convincente para evitar la conclusión obvia a la luz de la evolución de los hechos: que desobedecieron deliberadamente la decisión del tribunal”, insistió el magistrado.
No obstante, el juez concedió al Ejecutivo un plazo de una semana, hasta el 23 de abril, para evitar un procedimiento de “desacato” al tribunal y cumplir con su decisión del 15 de marzo. En su defecto, le pide que le facilite la identidad de la persona o personas que han decidido ignorarlo.
Prevemos “inmediatamente una apelación” contra las conclusiones del juez Boasberg, reaccionó el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, en la red social X.
¿Qué implica declarar a una administración en desacato en EE. UU.?
La administración de Trump no ha sido la primera en estar bajo escrutinio por presunto desacato. En el gobierno del expresidente Barack Obama, un juez declaró en desacato al Departamento del Interior en 2011 y en las administraciones Bill Clinton y George Bush (1990 - 2000), algunos de sus funcionarios también fueron declarados en desacato.
En estos casos, los señalados no estarían sometidos al riesgo de cárcel, sino a la obligación de pagar multas impuestas al gobierno de Estados Unidos, de acuerdo con la prensa estadounidense sobre este tipo de mandato que enfrentan al poder ejecutivo y al judicial en ese país.
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Hasta marzo, la ley a la que recurrió Trump se había utilizado solo en tiempos de guerra, especialmente contra japoneses y alemanes en territorio estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial.
El migrante salvadoreño Kilmar Ábrego García formó parte de los deportados el 15 de marzo a pesar de que en 2019 una corte revocó permanentemente la posibilidad de expulsarlo a El Salvador.
El gobierno reconoció posteriormente que se debió a un “error administrativo”.
Trump firmó un decreto que permite usar la ley de 1798 contra los miembros del Tren de Aragua, declarado organización “terrorista” global por Washington.
El gobierno acusa, sin pruebas, a Ábrego García de formar parte de la pandilla MS-13, también declarada “terrorista”.
Su caso se ha convertido en un símbolo del forcejeo entre Trump, que ha prometido poner fin a lo que considera una “invasión” de “criminales procedentes del extranjero”, y los tribunales.
El presidente acusa a los jueces de “usurpar” las prerrogativas del poder ejecutivo y de obstruir sus planes, para los que cuenta con el respaldo incondicional del presidente salvadoreño, Nayib Bukele.
Este último ha puesto a su disposición la megacárcel de alta seguridad Cecot para recluir a los migrantes deportados. A cambio, ha recibido ya seis millones de dólares de Washington.
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Trump dice que no está en sus manos traer de vuelta a Ábrego García a Estados Unidos. Bukele se alineó con él durante una reunión el lunes en la Casa Blanca, afirmando que tampoco tiene “el poder” de enviarlo de regreso.
El senador demócrata Chris Van Hollen viajó este miércoles a El Salvador para intentar ver a Ábrego García y presionar a las autoridades.
Ábrego “fue ilegalmente secuestrado y necesita volver a casa”, dijo tras aterrizar en el país centroamericano.
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Se trata “de respetar las órdenes judiciales” porque “lo que separa a Estados Unidos del autoritarismo y la tiranía es que respetamos el estado de derecho”, declaró el senador en un vídeo antes de su partida.
El sábado un funcionario del Departamento de Estado confirmó por primera vez que Ábrego García “está vivo y seguro” en el Cecot, donde fueron recluidos al menos 288 deportados.