La comunidad raizal defiende sus derechos en La Haya
En la madrugada de este miércoles el equipo de defensa de Colombia en la Corte Internacional de Justicia presentó sus respuestas a la demanda de Nicaragua en la que el país centroamericano acusa al Estado colombiano de no cumplir el fallo de 2012 que le quitó 75.000 kilómetros cuadrados de mar.
La intervención colombiana tuvo un momento especial. Por primera vez en la historia de este diferendo, un representante de la comunidad raizal intervino en la La Haya. Se trató de Kent Francis Jame. En su discurso, Francis Jame se propuso describir “el contexto humano, histórico, social y ambiental” que rodean el caso y que según afirmó “es necesario tener en cuenta al evaluar las reclamaciones y contrademandas de las Partes”.
Francis Jame afirmó que cualquier decisión de la Corte en este caso tendrá un impacto importante en los pueblos que habitan esta zona. Explicó que durante más de 400 años los habitantes de San Andrés, Providencia y Santa Catalina han obtenido su sustento económico de las zonas marítimas asociadas.
“Los raizales dependen de los derechos de pesca tradicionales que se extienden por las grandes zonas marítimas que se cuestionan en este caso”, afirmó en su discurso. En su argumentación hizo un recorrido histórico desde los tiempos en que los holandeses y los ingleses llegaron al archipiélago en las primeras décadas del siglo XVII. Desde entonces, dijo, “el mar es un espacio vital para los raizales, una ruta comercial para los pueblos criollos del suroeste del Caribe. Es su patrimonio económico. El mar es también su patrimonio cultural”.
“Los raizales de San Andrés, Providencia y Santa Catalina tienen un vínculo natural con el mar: viven de él y lo consideran parte de su hábitat natural. Cualquier restricción a sus tradiciones históricas y culturales tendría un impacto significativo y negativo en su forma de vida e identidad”, dijo ya al final de su intervención. Este argumento ha sido una reiteración del Estado colombiano, que ha defendido que los habitantes de las islas puedan pescar en las zonas marítimas aledañas a las islas sin ninguna restricción, pese a que en su fallo de 2012 la Corte le dio esa jurisdicción a Nicaragua.
La Cancillería de Colombia se sostiene en que las operaciones demandadas por Nicaragua como un incumplimiento al fallo de 2012 buscaban “proteger a los habitantes del Archipiélago y a la población Raizal, cumplir con deberes internacionales en materia de lucha contra el narcotráfico y ejercer protección de la Reserva de Biósfera Seaflower”.
Cabe recordar que el Gobierno colombiano introdujo en la fase de alegatos escritos cuatro contrademandas de las que aún cursan dos: una que asegura que Nicaragua ha violado los derechos de pesca artesanal de los habitantes de San Andrés y otra que justifica que ese mismo país extendió sus aguas internas y zonas marítimas más allá de lo que permite el derecho internacional”.