“VACA LADRONA NO OLVIDA EL PORTILLO”
Creo que la mayoría de los colombianos estamos estremecidos frente al poder omnímodo de ciertas ramas de la justicia, como la de la Fiscalía que a veces ataca una destitución y en otros casos, la ignora. Nos quieren desinstitucionalizar como en Venezuela. A Gustavo Petro no le importa que el Procurador tenga la ley a su favor, que la hoja de vida de Ordóñez sea intachable y que destacadísimos juristas lo apoyen íntegramente.
Este Procurador siempre ha sido objetivo en sus sentencias, dadas a cientos de funcionarios de todas las vertientes políticas. Sin embargo, pienso que el alcalde tiene la intención de burlar la ley, algo que no luce raro en él. “Vaca ladrona no olvida el portillo”, a Petro no parece importarle Bogotá, ni la parálisis que sufre, ni el caos social y económico que padece.
Gustavo Petro, acostumbrado a aterrorizar para lograr sus objetivos (recuerden sus épocas de guerrillero), ahora llama a sus seguidores a sostenerlo en la Alcaldía mediante toda clase de marchas (¿financiadas con dineros oficiales?), opiniones amañadas, amenazas de revoluciones y de empantanar la mesa de negociaciones de La Habana. A él y sus seguidores no les preocupa que el Estado colombiano pueda caer en bancarrota, como resultado de un posible fallo en contra de las decisiones del Procurador.
Ahora todo indica que tal cual planearon Petro y sus seguidores, minutos después o al día siguiente de que la Procuraduría confirmara la destitución del alcalde, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, rápidamente por medio de los magistrados José M. Armenta y Carmen A. Rengifo falló a favor del alcalde una tutela presentada en diciembre por un contratista del Distrito, (con jugosos contratos por cerca de $184 millones). Pero lo más grave es el presunto PREVARICATO de los Magistrados Armenta y Rengifo, pues cada uno tiene familiares trabajando en el Distrito. Aunque ninguno de los magistrados mencionados se declaró impedido, ni reconoce conflictos de intereses, el abogado y candidato al Senado, J. Suárez radicó una denuncia por incurrir en falta grave de prevaricato.
Colombia se basa en la Constitución de 1991, con elección popular de presidente, gobernadores, alcaldes, congresistas, diputados y concejales, todos los cuales tienen quien los fiscalice. Que el Procurador tenga sólidas creencias religiosas no lo descalifica para cumplir su deber. Pero aquí, algunos sectores obnubilados con el manejo socialista que funciona en Venezuela, con todas sus injusticias, persecuciones y expropiaciones, quieren seguir por ese camino: “Allá desmantelaron el Estado Constitucional para sustituirlo por un Estado Socialista, donde el Presidente por distintas vías, dicta leyes en todas las materias y se rodea de funcionarios dóciles a sus gustos”.
En Colombia esta rama del poder no pudo ser reformada el año pasado por distintos factores que no es del caso mencionar, pero sigue siendo uno de los órganos más criticados. La Fiscalía está dirigida por el señor Montealegre (muy afín al expresidente Samper, desde la época del 8.000), cuenta con un presupuesto inmenso, recientemente aumentado y funcionarios por miles.
Por lo que le hemos oído, creo que siente grandes simpatías por Petro y grandes antipatías hacia el Procurador. La desilusión no nos deja prever un desenlace favorable a Bogotá, a Ordóñez y a todos los colombianos. Estamos frente a un Poder Judicial sin independencia, más interesado en figurar y obtener prebendas para el mismo, que en aplicar la justicia que el país necesita.