Salazar, una condena anunciada

El fallo de primera instancia de la Procuraduría General de la Nación que destituye a Alonso Salazar Jaramillo como Alcalde de Medellín y lo inhabilita por 12 años para ejercer cargos públicos, era una condena anunciada.

Tan pronto se conoció, en octubre del año pasado, el pliego de cargos contra el entonces Alcalde, fue evidente que se trataba ya de un proceso con resultado definido.

Pero el que no sea sorpresiva la decisión no implica que deje de ser dolorosa, desconcertante e injusta.

Y no sólo para él, su familia y allegados, sino para quienes valoramos sus acciones para evitar que la ciudad cayera en manos de grupos ilegales.

En el momento justo, Alonso Salazar asumió una posición valiente. Quizás incluso vehemente, pero hizo lo que le correspondía, al denunciar, en octubre de 2011, peligrosísimas interferencias de presuntos miembros de bandas criminales en campañas a la Alcaldía y el Concejo.

La investigación judicial derivada de sus denuncias no tuvo, desafortunadamente, la misma celeridad que el proceso disciplinario que a él -¡el denunciante!- le abrió la Procuraduría.

Para la Procuradora Delegada, lo que pasaba en octubre de 2011 "no constituía riesgo extremo", y el Alcalde, al denunciarlo ante las autoridades judiciales y la ciudadanía, lo que hizo, según ella, fue "intervenir indebidamente en política".

Creemos que no hubo actos de Salazar que señalaran u orientaran la votación a favor de ningún candidato.

Tampoco, que hizo proselitismo, trasteo de votos, o alguna otra conducta de esas que se ejercen en todo el país en época electoral, a la vista de todos, sin que la Procuraduría haya actuado con ese afán punitivo que ahora se le vio.

De ahí que al final de la audiencia pública en la que se le anunció el fallo, Salazar, con toda razón expresara su queja sobre la impunidad que beneficia a algunos sectores políticos de la ciudad, en hiriente contraste con la celeridad para investigar a otros.

Y es que para una entidad que ahora sanciona igual por "omisión en el ejercicio de sus funciones", resulta también condenable aquel que actúe para proteger un bien mayor y esencial, como la legalidad y la seguridad ciudadana.

Por eso, la pregunta que hoy se hacen los habitantes de Medellín es si hubiera sido más conveniente, a ojos de la Procuraduría, que Salazar callara, pese a las quejas de la comunidad y de la Misión de Observación Electoral (MOE).

¿Cuál no sería la crítica que se le podría hacer hoy por su silencio, como primera autoridad municipal frente a la presión de los violentos?

Recordemos que por sus denuncias muchos cabecillas están hoy en poder de las autoridades. Y como en el caso de alias "el Cebollero", la justicia obró en consecuencia y lo acaba de sentenciar a 32 años de prisión por graves delitos.

No fueron pocas las veces que Salazar, ante las instancias nacionales pidió mayor efectividad, y, ante la Fiscalía, mayor celeridad en los procesos.

Nos viene a la memoria el dicho según el cual cuando un descubridor señaló la luna, el miope miró fue el dedo. Salazar señaló una grave amenaza para la ciudad, y la Procuraduría, miope, le miró fue el índice.