Política y desarrollo agropecuario
La forma como tradicionalmente se ha mirado el desarrollo del sector agropecuario por parte de las políticas públicas, y en general por la sociedad colombiana, obedece a la concepción clásica de que el sector es, ante todo, fuente de recursos para el desarrollo de los sectores urbanos. Esos recursos, que asumen la forma de mano de obra barata, divisas y ahorros, deben ser transferidos a las ciudades. En esta concepción, al campo no se le percibe como un territorio y un espacio de vida que puede ofrecer oportunidades de desarrollo sostenible para sus habitantes. Por el contrario, el paradigma que ha prevalecido considera que la realización de las aspiraciones de una vida digna sólo es posible en los centros urbanos.
A partir de dicha visión, las políticas públicas han enfatizado el desarrollo productivo sobre el desarrollo rural, esto es, las políticas y los recursos públicos se han dirigido, preferencialmente, a impulsar el aprovechamiento productivo de los recursos naturales sin interesar, mayormente, cómo ese aprovechamiento beneficia a los habitantes rurales, cómo dichos desarrollos se vuelven sostenibles ambientalmente y cómo es posible lograr, en las diferentes regiones del país, círculos virtuosos de crecimiento y desarrollo a partir de la explotación de los recursos naturales.
Por tal motivo, hoy en día el campo colombiano, aunque es fuente de riqueza para el país, exhibe condiciones de atraso en la infraestructura básica y las condiciones sociales y de equidad de la población, al tiempo que presenta un lamentable balance en materia de manejo de sus recursos naturales. En lugar de un manejo sostenible, lo que hay es un sector agropecuario destructor de las fuentes básicas de su desarrollo, que son el suelo, el agua y los bosques. Asunto éste que resulta totalmente contrapuesto a las tendencias actuales a nivel mundial donde, precisamente, estos recursos cada vez no sólo se vuelven más estratégicos para el desarrollo y la supervivencia, sino que adquieren mayor valor social.
Colombia, como se ha señalado reiteradamente en esta columna, tiene, en su amplia y variada base de recursos naturales, vastas posibilidades de desarrollo que no han sabido ser utilizadas. Pero ese aprovechamiento debe hacerse de forma sostenible. Además, y tal vez lo más importante, el desarrollo que de allí se derive debe beneficiar, esencialmente, a los habitantes rurales, de tal forma que éstos no sólo salgan de la pobreza generalizada que los afecta, sino que encuentren en ese proceso de desarrollo las oportunidades de vida que afanosamente buscan en sus propios territorios pero que el actual modelo les niega.
En una visión más amplia, comprensiva y estratégica del desarrollo del campo colombiano, y en general de las distintas regiones del país, debe abandonarse la perspectiva exclusivamente productivista y extractiva que hasta hoy hemos tenido del desarrollo agropecuario y anteponer la de un desarrollo virtuoso de las regiones y los territorios que, con base en el aprovechamiento sostenible de la base de recursos naturales, se convierta en fuente cierta de oportunidades y vida para los habitantes rurales.
Esto implica que el Estado asuma un papel muy diferente al que hasta ahora ha tenido. En vez de apoyar desarrollos productivos específicos y volcar todos los instrumentos y recursos hacia éstos, debe priorizar la creación de condiciones para el desarrollo productivo sostenible y la generación de bienes públicos. También debe permitir que los pequeños productores agropecuarios, a partir del acceso a los distintos factores, se vinculen a los desarrollos productivos y adelantar una política social que cobije a la población rural y los saque de la pobreza al tiempo que les desarrolle sus capacidades.
En fin, ojalá que el cambio de gobierno sea una oportunidad para repensar el desarrollo agropecuario y rural del país.