Abogados de José Ernesto Medellín piden suspender su ejecución
Los abogados del mexicano José Ernesto Medellín pidieron este viernes al Tribunal Supremo de Justicia de E.U. la suspensión temporal de su ejecución, en un último intento para evitar su ajusticiamiento, previsto para el 5 de agosto.
Con esta petición, los abogados quieren obtener tiempo para que el Congreso pueda votar una ley que instruya a las cortes de Texas a revisar su caso, tal y como pide la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el máximo tribunal de la ONU.
En estos momentos, la vida de Medellín depende de dos instancias interpuestas ante el Tribunal Supremo de Justicia y ante la Junta de Perdones, según explicó a Efe Katherine Hoffman, del bufete de abogados neoyorquino Debevoise & Plimpton, LLP, que representa a Medellín.
Los abogados de Medellín, condenado a pena de muerte en 1994 por participar en la violación y asesinato de dos menores, ya pidieron la conmutación de la pena de muerte o una suspensión por 240 días ante la Junta de Perdones, que en estos momentos está estudiando el caso.
Según Hoffman, esperan que el organismo emita una recomendación al gobernador de Texas el lunes próximo, mientras que el fallo del Tribunal Supremo "podría llegar desde hoy por la tarde, hasta dos minutos antes de la hora programada para la ejecución", dijo.
En caso de que la Junta de Perdones recomiende la suspensión de la ejecución, el gobernador de Texas, Rick Perry, será quien tenga la última palabra.
Si la Junta niega la petición de clemencia, el gobernador podría dictar una suspensión de la ejecución de no más de 30 días, pero esto parece poco probable, puesto que Perry ha reiterado su intención de seguir adelante con el proceso.
Consideraciones de la CIJ
En el documento de 24 páginas que entregaron este viernes los abogados de Medellín ante el Tribunal Supremo pidieron que se le conceda el tiempo suficiente de vida para que se determine en una corte estatal si el hecho de no haber sido puesto en contacto con el Consulado de México cuando fue detenido en 1993, fue determinante para que fuera sentenciado a muerte.
En este sentido ya se pronunció la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, que en 2004 consideró que E.U. violó la Convención de Viena de 1963, al no respetar el derecho de Medellín y de medio centenar de mexicanos que están en los "corredores de la muerte" en todo el país de obtener servicio consular cuando fueron detenidos.
Según Hoffman, en el caso de que el Tribunal Supremo no conceda la suspensión de la ejecución, "se ocasionarían daños irreparables".
El no respetar una sentencia internacional sentaría un precedente que afectaría "no sólo a los compromisos internacionales de los que se beneficia Estados Unidos, sino también a los norteamericanos que viven o viajan en el extranjero", opinó.