El precio de las armas
UNA POBLACIÓN EQUIVALENTE a la de Cisneros murió en forma violenta en Medellín entre 2004-2011; la mayoría de los homicidios fue con armas de fuego.
Entre 2004 y el 17 de noviembre de 2011 desapareció en Medellín el equivalente a la población del municipio de Cisneros, por cuenta de muertes violentas que, en su mayoría, fueron ocasionadas por el accionar de las armas de fuego.
Balas que llegan a costar hasta 1.500 pesos en el mercado negro, vomitadas por armas "hechizas" o de última generación, son las que más cortaron la vida de 10.272 personas.
Mientras en América Latina 42 de cada 100 homicidios son cometidos con armas de fuego, en la capital antioqueña la proporción llega al 84 por ciento.
El saldo luctuoso no fue mayor, porque las autoridades incautaron en ese mismo período 31.478 armas. De acuerdo con metodologías de valoración de la Sijín y cálculos del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC), ese arsenal tiene un precio superior a los 75.547 millones de pesos. Tal dinero es suficiente para levantar 3.021 casas populares, de 25 millones de pesos, cada una, o para entregarles a 7.554 familias de bajos ingresos un subsidio individual de 10 millones de pesos con destino a la solución de sus problemas habitacionales.
El sentido común y las autoridades plantean que menos armas en circulación ayudan a reducir los homicidios. El SISC, que dirige Luis Fernando Echavarría Estrada, no lo ve tan claro, pues un delincuente puede tener armas de repuesto, acceder al mercado negro para reponer el bien perdido o, también, un solo individuo o grupo puede cometer múltiples asesinatos en cortos períodos.
Ese enfoque ayuda a entender la siguiente paradoja. En 2010, el SISC -organismo adscrito a la Secretaría de Gobierno de Medellín- estimó que cerca de 4.030 personas estaban ligadas a 149 grupos delincuenciales. Ese mismo año se incautaron 2.369 armas de fuego. Suponiendo que cada delincuente portaba un arma, eso significaría que, en un año, les habrían quitado cerca del 59 por ciento del armamento.
En 2011 las unidades incautadas suman 1.604, que asumiendo un ejército irregular constante en su nómina, ya supondría un desmantelamiento bélico del 98,5 por ciento.
Esa estadística es engañosa, porque en la realidad 1.242 personas han sido asesinadas a bala en lo que va del año.
Detrás de esto hay fenómenos como el resaltado por Juan Erasmo Moreno Valencia, investigador del SISC: la incapacidad de establecer el inventario o stock de armas que hay en una ciudad como Medellín, pues con tal cifra es que se deberían cotejar las incautaciones para determinar qué tanto daño se les está causando a las estructuras delincuenciales.
El dato no existe, pero se presume abultado, pues no se ha logrado reducir dramáticamente la cifra de homicidios, a pesar de que las autoridades incautaron, desde el 2004, más de 75.000 armas. Luis Fernando Quijano, director de Corpades, Luis Fernando Echavarría Estrada, del SISC, e investigadores judiciales señalan, entre las fuentes de abastecimiento, desde dotación reciclada de viejas guerras internacionales, hasta armas que no fueron entregadas en procesos de desmovilización y que son reutilizadas.
Estudios citados por la Fundación Ideas para la Paz dicen que por cada arma legal puede haber entre 3 y 4 ilegales en el mercado negro. Al reciclaje interno se añaden del orden de 45.000 armas de fuego que ingresan anualmente al país, en forma ilegal, fruto principalmente de cambalaches o trueques por droga con traficantes de Centroamérica, Puerto Rico y Panamá.
Dado el respaldo en rentas ilegales tan lucrativas como el narcotráfico, la extorsión, el lavado de activos, juegos de suerte y azar, entre otros, los ilegales van dejando de lado las armas artesanales o "hechizas".
De 18.051 armas entregadas por desmovilizados, entre 2003 y 2006, el 97 por ciento eran extranjeras, con predominio de las fabricadas en Estados Unidos. Un dato más reciente, y para Medellín, revela que de las 1.604 armas incautadas este año, el 87 por ciento son originales y 12 por ciento "hechizas". Estructuras de extracción y experiencia en combates rurales como los "Urabeños" -en proceso de toma de control de la periferia de Medellín para asegurar los corredores de drogas y armas- se destacan por el uso de los fusiles. Sin embargo, en el escenario delincuencial de Medellín lo que más brilla es el revólver, y, en particular, el calibre 38.
La hipótesis, según el SISC, es que los mayores cargamentos de armas entran por el corregimiento de San Cristóbal, por la antigua vía a Santa Fe de Antioquia, procedentes de los puertos de Urabá y de la costa Atlántica. Otra ruta es por el norte de la ciudad, tomando como lugar de llegada Castilla y la comuna de la Candelaria.
En el mercado negro hay de todo, según fuentes judiciales. Aunque pocos, aún se ven trabucos y changones, de 40.000 a 200.000 pesos, que demandan munición original de 1.500 a 2.500 pesos por cartucho, con lo cual una caja de 50 puede valer más que la misma arma. Lo más parecido al changón es una escopeta, de 1,5 a 2 millones de pesos.
En pistolas, las más imitadas son la Pietro Beretta, Glock, Remington y Winchester, calibre 9 milímetros, y precios de 150.000 a 350.000 pesos, frente a los 5 o 6 millones de una original. También hay subametralladoras, de 600.000 a 700.000 pesos y fusiles livianos como el Q.
Con todo, el símbolo de poder en la delincuencia es la Five Seven, de 15 millones de pesos, cuya caja de 50 municiones cuesta 1 millón de pesos. El asunto es que cada bala, de 50.000 pesos, mata igual que una de 1.500.