El mínimo vital de agua
La Alcaldía de Medellín y el Concejo de la ciudad acaban de anunciar la puesta en marcha del programa "Mínimo vital de agua potable". El objetivo es que cada persona que viva en un hogar urbano nivel 1 del Sisbén y niveles 1 y 2 en zona rural pueda acceder gratuitamente a 2.5 metros cúbicos de agua potable gratuita. La medida alcanzaría a beneficiar a 180 mil habitantes del municipio.
La medida es impecable desde el punto de vista de la lucha contra la pobreza y por la equidad social. Y es de alabar la iniciativa del alcalde Alonso Salazar quien cumple así con uno de los propósitos de su campaña y de su plan de desarrollo. El comunicado distractor que emitió esta semana el ex candidato Luis Pérez, lo único que demuestra es falta de pudor y gallardía.
Ahora. En la medida quedan muchas puntas sueltas que les exigen acciones a la Administración y a EPM. La primera es la sostenibilidad. No se puede simplemente anunciar que la medida durará hasta el 2011, pues este tipo de políticas tiene vocación de perdurabilidad y así deben ser calculadas. La segunda es la universalidad. Mal puede EPM apoyar un proyecto que cubre a una parte de la población que recibe sus servicios. Amén de que sería injusto, se configurará un nuevo factor de presión demográfica sobre la ciudad. La tercera se refiere a la necesidad de una perspectiva de cultura ciudadana que le genere a esta población algunos deberes respecto a EPM y al municipio.
Además hay un asunto de orden filosófico que puede resultar trascendental para el país. Planeación Municipal presentó la propuesta como basada en un "enfoque de derechos". Allí hay un vacío grande. El derecho al agua tal y como es universalmente entendido se refiere al servicio, al acceso y a la calidad, no a la gratuidad. Sería más plausible y más radical fundamentar el proyecto de dos maneras: lucha contra la pobreza vinculada a los Objetivos del Milenio y la participación de los ciudadanos más pobres en los beneficios de un recurso natural que, por definición, nos pertenece a todos.
En particular, debe adelantarse una discusión sobre la manera como se beneficiarían los ciudadanos de la explotación de los recursos naturales que son patrimonio público. Allí está no sólo la minería, sino también el agua y su uso en la generación de energía eléctrica. Este diario publicó (11.06) una noticia que debería ser escandalosa: la Contraloría denunció malversación de 341 mil millones de pesos en el manejo de regalías. Eso no quiere decir que lo demás haya sido bien usado, simplemente se hizo de acuerdo a la ley.
Pensar en las formas más eficaces de redistribuir la riqueza que es de todos es más justo y útil que ordeñar a la clase media con impuestos y generar una inflación artificial de derechos. Medellín puede y debe liderar esta discusión a nivel nacional.