El hambre de Brito no derrotó a Chávez

Con un peso que solo alcanzaba los 35 kilogramos a pesar de su estatura de 1.90 metros, el productor agropecuario Franklin Brito falleció en un hospital militar de Caracas, a donde fue trasladado contra su voluntad, tras realizar ocho huelgas de hambre como protesta para que el gobierno de Hugo Chávez le devolviera sus tierras expropiadas.

Brito dejó de existir a consecuencia de un paro respiratorio provocado por un shock séptico según indica el certificado de defunción, tras varios años de enfrentar las decisiones del gobierno venezolano que lo despojó de su finca.

Su reclamo no tuvo efecto a pesar de que fue un caso muy publicitado y de que en dos ocasiones, como lo recordó su hija, Ángela Brito, el propio presidente Hugo Chávez dijo que había que atenderlo y ordenó revisar su queja.

La oficina local de la Organización de Estados Americanos (OEA), así como varias organizaciones de derechos humanos, se interesaron por su situación, mientras que funcionarios del gobierno y la Fiscal General de la Nación, Luisa Ortega Díaz, aseguraron que estaba mal de la cabeza, razón por la cual un juez ordenó su traslado al hospital.

Brito no quiso que lo atendieran médicos militares y pidió que fuera tratado por personal de la Cruz Roja. Dijo entonces que se sentía más que preso, secuestrado y dejó claro que él no era el delincuente, mientras denunció que había corrupción en el proceso que lo despojó de su propiedad.

Algunas organizaciones locales pidieron incluso la intervención de la senadora colombiana Piedad Córdoba para que intercediera ante el mandatario venezolano en la búsqueda de una solución. Sin embargo, después de seis años sus denuncias no tuvieron el efecto que buscaba el productor agropecuario.

Según explicó el propio Brito a la prensa en el pasado, su problema se inició cuando en el año 2000 se opuso a un programa de fumigación de plantaciones de ñame que realizó una alcaldía local en el estado Bolívar. A las autoridades no les gustó que él los enfrentara.

Debido a esta situación, él y su esposa que eran docentes en escuelas de la región, fueron despedidos de sus sitios de trabajo, mientras el Instituto Nacional de Tierras (Inti) adjudicó cartas agrarias a varias familias campesinas para que usaran sus tierras. Estos documentos facultan a sus poseedores para ocupar y cultivar predios en zonas que se consideran del Estado. Brito y su familia siempre alegaron que esas tierras les pertenecían y presentaron documentación para demostrarlo.

Protestas a granel
Una vez se conoció la noticia de la muerte de Brito los pronunciamientos no se hicieron esperar. A través de twitter comenzaron a circular mensajes como "Venezuela amanece con un luchador menos"; "Franklin diste la vida por nosotros, que vergüenza" o "La muerte de Brito tiene que enseñarnos a no tener miedo".

Al mismo tiempo, también circularon mensajes que culpan al presidente Hugo Chávez y al vicepresidente Elías Jaua, quien era ministro de agricultura cuando le quitaron sus tierras, por su muerte. El periodista cubano Guillermo Farías dijo que este era un asesinato y responsabilizó al presidente Chávez.

Varias organizaciones de derechos humanos condenaron al Estado venezolano por no garantizar la vida de Brito y criticaron que lo hayan presentado como un demente, así como por haberlo trasladado a un hospital militar violando sus derechos humanos.

También criticaron a la Defensora del Pueblo, Gabriela del Mar Ramírez, a quien acusan de cómplice en los actos violatorios de la dignidad de Brito y a la Asamblea Nacional y al Ejecutivo por no ayudar a resolver los reclamos del productor agropecuario.

En uno de los pocos pronunciamientos del Gobierno sobre el hecho, el ministro para la Agricultura y Tierras, Juan Carlos Loyo, dijo que nunca se planteó la expropiación a los predios de Brito "como lo han querido hacer ver los medios de comunicación privados" y aseguró que el productor agropecuario fue "utilizado en su buena voluntad para fines políticos por los opositores".