Alianzas Militares y Política Internacional

Los acuerdos militares entre naciones hacen parte de sus relaciones internacionales. De esta afirmación se desprenden algunas observaciones que parecen obvias, pero que conviene hacer explícitas. La primera es que la negociación de ese tipo de acuerdos es ante todo una cuestión de política internacional. La responsabilidad por la misma le corresponde a la autoridad civil, no al elemento castrense.

La segunda es que, por definición, las alianzas militares se hacen entre naciones amigas. Vínculos militares con Irán y con Rusia, por ejemplo, o con Estados Unidos, Israel y la OTAN, revelan preferencias diferentes.

Colombia está en su pleno derecho de fortalecer la cooperación militar con Estados Unidos. Esa es una decisión soberana que no requiere la aquiescencia de terceros países. Ni la airada reacción de algunos gobiernos, ni las expresiones de inconformidad de otros, resultan relevantes para un acuerdo bilateral.

Dicho esto, la forma como se ha manejado un tema delicado deja bastante que desear. Habría sido aconsejable rodear esta negociación de más transparencia, más profesionalismo diplomático y mayor cuidado con las susceptibilidades de distinto orden que suscita. Así lo sugiere la controversia que ha suscitado en el debate político interno y la turbulencia regional a la cual ha dado lugar.

Varios factores han contribuido a crear confusión. La poca información disponible sobre el acuerdo ha estado a cargo del Comandante de las Fuerzas Armadas. La Cancillería está relegada a un papel secundario. Por una desafortunada coincidencia, la solicitud de acceso norteamericano a bases militares colombianas ha salido a la luz al tiempo que el gobierno se esfuerza por perpetuarse en el poder.

Existe una solución que conciliaría la urgencia norteamericana de obtener un acuerdo militar a diez años con la necesidad de asegurarle respaldo político en Colombia. El gobierno saliente procedería a suscribir con Estados Unidos un acuerdo temporal, renovable por el siguiente gobierno, para permitir el acceso a las bases colombianas hasta noviembre del 2010.

El esquema de un acuerdo provisional, ad-referendum del próximo gobierno, y renovable por varios años, tiene diversas ventajas. Le ofrece a Estados Unidos una fórmula pragmática que evita una discontinuidad en las tareas de interdicción del narcotráfico al clausurarse la base de Manta en Ecuador. A Washington le resultaría difícil objetar un procedimiento similar al invocado por la administración Obama para revisar los acuerdos comerciales negociados por gobiernos anteriores.

Al nuevo gobierno colombiano se le daría la posibilidad de estudiar los alcances del acuerdo, evaluar su conveniencia y decidir si lo ratifica en forma integral o si le introduce modificaciones. El texto respectivo se discutiría en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores y se sometería a la aprobación del Congreso de la República y la Corte Constitucional.

El esquema propuesto evitaría que el acuerdo con Estados Unidos introdujera ruido a la campaña electoral que comienza. Disiparía eventuales dudas acerca de la posible relación entre el acuerdo y la aspiración reeleccionista. Confirmaría ante propios y extraños que en Colombia rige un Estado de Derecho, es decir un gobierno de leyes, no de hombres, en el cual los mecanismos de control legal e institucional garantizan el sometimiento a las reglas. Por lo demás, ratificaría la tradición colombiana de manejar las relaciones internacionales como una política de Estado, respaldada por un amplio apoyo multi-partidista.

Ahora bien, si quienes pretenden imponerle a Colombia un régimen caudillista cumplen su propósito, la ratificación del acuerdo provisional se podría hacer en forma expedita, sin necesidad de construir consensos o cumplir con formalidades institucionales. La ganancia resultante en tiempo y en agilidad procedimental se obtendría a expensas de la legitimidad democrática.