En Colombia sí hay que pagarles a los actores por repeticiones, pero no todos lo hacen

Si hay una producción que le ha dado la vuelta al mundo y se ha repetido constantemente es “Yo soy Betty, la fea”, la telenovela de la que desde su estreno en 1999 se han hecho 28 versiones o adaptaciones en el mundo, además de que ha sido doblada a 25 idiomas y se ha emitido en 180 países, al punto de que aparece en el libro de los Guinnes Record.

El dramatizado, protagonizado por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, volvió a ser noticia este fin de semana con el anuncio de Netflix de retirarla de su plataforma, pese a que los últimos dos años ha estado en el top de los 10 programas más vistos en los países de América Latina.

La noticia reactivó de paso el reclamo de varios actores colombianos sobre el pago de derechos de repetición o regalías de estos dramatizados.

Uno de los más recordados es el que hizo la actriz Sandra Reyes durante la repetición de “Pedro, el escamoso”, que a través de su redes sociales se quejó porque estaba en una mala condición económica y no recibía “regalías” por las repeticiones.

Sí pagan

Antes de 1992 estos derechos sí se pagaban, pero tras la crisis económica generada por el apagón de ese año, los productores y actores llegaron al acuerdo de suspender, temporalmente, ese pago para ayudar a los canales, sin embargo esa temporalidad se extendió por más de 18 años.

En 2010 se firmó la Ley 1403, más conocida como Ley Fanny Mickey, que reguló el recaudo el Derechos de remuneración por comunicación pública, en el que los “usuarios (canales, cableoperadores y plataformas de streaming) pagan un porcentaje sobre lo que estas empresas reciben por publicidad o número de suscriptores”, se lee en la página actores.org.co. Entre más repeticiones tenga, la pauta es inferior, lo que implica que los recaudos para los actores son menos.

El actor Julio César Herrera (Fredy, en Betty, la fea), que fue durante ocho años integrante de la Sociedad de gestión, que es la que se encarga de este cobro, explica que esa empresa, que en el país tiene 2.500 afiliados, tiene como fin “recaudar, administrar y distribuir” los recursos, que anualmente liquidan los canales.

Herrera relata que si bien los privados, como Caracol y RCN, más la televisión regional, local y pública pagan puntualmente desde el momento de la expedición de la ley, los cableoperadores Tigo, Claro, Movistar y Directv no lo hacen.

Cuenta que hay procesos legales al respecto, pero que no han encontrado una respuesta positiva ante este reclamo. “Lo curiosos es que estas empresas sí hacen el pago en otros países”. Lo mismo pasa con las plataformas de streaming.

Lo que reciben

Herrera dice que la Sociedad de gestión, que está regulada por la Oficina de Derechos de Autor, distribuye de la siguiente manera los recursos que recauda: 20 % en administración, 70 % en distribución (esta es la que llega a los actores) y 10 % en bienestar social.

Cuenta que durante el confinamiento por pandemia los afiliados recibieron dos bonos como auxilio económico. “En total, se entregan 20 subsidios, la mayoría destinados al apoyo de los actores de la tercera edad o con necesidades muy específicas”.

La Sociedad de gestión cruza cuentas con sus similares en otros países y entrega y recibe los recursos correspondientes. “Por ejemplo, nosotros transferimos recursos a Al Pacino o Di Caprio, cuando sus producciones se ven en el país”.

Aunque en Colombia no se llaman regalías, sino Derechos de remuneración, los actores en el país sí reciben retribución por las repeticiones, lo que pasa es que no todos a los que la ley obliga a hacer ese pago lo están haciendo. Tampoco lo reciben los actores que no están agremiados.

Una fuente de los cableoperadores explicó que la ley no es clara sobre si ellos deben pagar o no ese rubro.

Por su parte, el Director Ejecutivo de Actores S.C.G, Santiago Cabrera Santos, explica en los procesos judiciales, aducen que al actor firmar un contrato con el productor audiovisual está cediendo los derechos. “Algo que en la Ley Fanny Mickey queda claro que los derechos no se pueden ceder”.

Otro argumento es que quieren, señala Cabrera Santos, llegar a unas tarifas concertadas, que no se han logrado pese a los acercamientos de Andesco (que agrupa a los cableoperadores) y la Sociedad de gestión.