Uribe califica de “inaplicable” ley de punto final y propone amnistía para recuperar derechos políticos
El exjefe de Estado se apartó de la propuesta del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso y, en su ligar, habló de una “amnistía política” por una única vez. Admitió que hay interés por beneficiar a sus “compañeros de gobierno”.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez, jefe natural del partido opositor Centro Democrático, sorprendió este viernes al insistir en promover una amnistía política para que condenados puedan recuperar sus derechos políticos, como poder elegir y ser elegidos. Incluso, no ocultó tener interés en que la eventual norma cobije a varios de sus “compañeros de gobierno”.
A través de un video divulgado en la red social X (antes Twitter), el jefe de Estado también se refirió a la inconveniencia de una ley de punto final que, como han propuesto algunos exlíderes guerrilleros e inclusive, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, crearía amnistías generales para cerrar procesos de orden penal contra actores del conflicto.
“La ley de punto final es inaplicable en Colombia. De manera pública he propuesto una amnistía política por una vez, no penal, para recuperar derechos políticos de condenados. Será necesaria dado el antecedente de impunidad absoluta con las Farc, que además están en el Congreso, a pesar de tantos delitos atroces, y también por lo que se asoma con el ELN y otros”, declaró el exmandatario.
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Al defender la amnistía política, Uribe confeso que tiene interés en sus compañeros de gobierno, “condenados por nombrar un notario o por renovar un contrato a un médico. No se robaron un peso”.
Entre otros, algunos de los escuderos del expresidente que terminaron en líos con la justicia fueron Andrés Felipe Arias, su exministro de Agricultura; Diego Palacio, su exministro de Protección Social; Bernardo Moreno, secretario General; Alberto Velásquez, secretario General; Mario Uribe, su primo y excongresista; Sabas Pretelt de la Vega, su exministro del Interior, o Luis Carlos Restrepo, su excomisionado de paz.
En ese sentido, el expresidente defendió que su proceso de desmovilización, concretado a través de la Ley de Justicia y Paz, “fue para todos” y permitió desarmar a 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros. Allí hizo mención al excomisionado Restrepo, destacando que fue el gran artífice: “Patriota ejemplar. Fue expatriado”.
Uribe declaró además que para ese proceso no cambió la Constitución, ni hubo impunidad absoluta. “Tampoco elegibilidad política para condenados, menos por delitos atroces como el reclutamiento de niños. Consideramos que guerrilla y paramilitares podrían ser beneficiarios del delito político de sedición. Ambos, sea cualquiera su excusa política, interfieren el funcionamiento del Estado de derecho”.
Sin embargo, reclamó que ese alegato argumental fue origen de desacuerdo con algunos magistrados de la Corte Constitucional, “que solamente aceptaban la sedición para la guerrilla”.
La génesis de la discusión fue la propuesta que lanzó la defensa del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso que, a su arribo a Colombia tras purgar una pena en Estados Unidos, habló de promover este mecanismo para obtener verdad. Ante ello, el martes el ministro de Justicia, Néstor Osuna, dijo estar abierto a analizar el tema, pero lo condicionó a la protección de los derechos de las víctimas.
“Tenemos que evaluar muy seriamente todas esas propuestas; sin embargo, la principal finalidad del Gobierno es llegar a la verdad de todo lo que ha ocurrido en el conflicto armado, reparar a las víctimas y que no haya impunidad. Si una ley llamada punto final es compatible con eso, podríamos analizarla”, explicó el ministro.