Unión temporal integrada por Thomas Greg obtiene contrato electoral por $41.000 millones
La Registraduría adjudicó el contrato, pese a los reparos del Gobierno Petro que, a través de la Secretaría de Transparencia, reclamaba por pluralidad de oferentes.
Pese a los reparos del Gobierno de Gustavo Petro, este viernes la Registraduría Nacional adjudicó a una unión temporal en la que tiene participación la firma Thomas Greg & Sons un millonario contrato para la organización y realización de procesos electorales de las Juntas Administradoras Locales, así como una serie de consultas populares.
El contrato, que asciende a $41.000 millones, estuvo en foco de la Secretaría de la Transparencia de la Presidencia, que llamó la atención por presuntas irregularidades alrededor de la pluralidad de oferentes.
Pese a ello, la Registraduría adjudicó el proceso a la Unión temporal Distribución Procesos Electorales, que está integrada, entre otras, por la firma Thomas Greg, que el propio presidente Gustavo Petro ha cuestionado y criticado, al punto que le arrebató el millonario contrato para la elaboración de los pasaportes con la Cancillería.
El contrato suscrito con la Registraduría busca ofrecer soluciones logísticas e informáticas para realizar las elecciones de las Juntas Administradoras Locales, así como el desarrollo de consultas populares para constituir el Área Metropolitana del Suroccidente y el Área Metropolitana del Piedemonte Amazónico.
A la primera están convocados habitantes de los municipios de Candelaria, Dagua, Jamundí, Palmira y Cali (Valle del Cauca) y Puerto Tejada y Villa Rica (Cauca), quienes serán consultados si quieren o no que se constituya el Área Metropolitana del Suroccidente de Colombia. El proceso se realizará el 24 de noviembre.
Ese mismo día, los ciudadanos de los municipios de Florencia, Morelia y La Montañita (Caquetá) podrán participar en la consulta popular con el fin de constituir el Área Metropolitana del Piedemonte Amazónico.
Los reparos del Gobierno a la licitación
La semana pasada Petro enfiló baterías, de nuevo, en contra de Thomas Greg & Sons por cuenta de la licitación de la Registraduría. El mandatario expresó su preocupación por ese contrato y la supuesta injerencia en las elecciones en el país.
En su cuenta de X (antiguo Twitter) escribió que “la toma de Thomas Greg & Sons de los procesos electorales es el mayor peligro para la democracia colombiana”.
El mandatario ha acusado a la compañía de controlar “por completo las elecciones” y hasta de poder “hacer un fraude monumental”. Incluso, meses atrás llegó a decir que el sistema electoral colombiano “es muchísimo peor” que el venezolano.
En paralelo, este viernes el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, cuestionó el papel de la Procuraduría en el proceso luego de que el registrador Hernán Penagos pidiera la participación del Ministerio Público. De hecho, en el proceso participó Marcio Melgosa Torrado, procurador primero delegado para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública.
“Una Procuraduría garante de los negocios privados y no del cumplimiento de la ley. Fueron a lavarle la cara al registrador, abandonando el ejercicio de sus funciones”, alegó Idárraga.
alertó por “posibles acciones que podrían limitar el acceso plural de oferentes en el proceso de selección en mención, facilitando que al mismo contratista (por ejemplo, Thomas Greg & Sons) le sea adjudicado”.
En ese sentido, dijo que se identificaron “plazos de menos de dos meses, previos a la fecha estimadas para el desarrollo del proceso electoral y para la ejecución del objeto del contrato (parametrización de software, pruebas y alistamientos previos al escrutinio)”. Esto, a juicio de Idárraga, no garantiza la “ejecución de las actividades para un contratista que no haya ejecutado antes un contrato igual o similar en la entidad”.
Al respecto, señaló que la Registraduría “está especificando fechas de entregables que incluso deben ser presentados para la fecha de cierre del proceso de selección, situación que debe realizarse por un contratista seleccionado y dentro de la ejecución del plazo contractual y no con ofrecimientos propios de una propuesta presentada durante el proceso de selección”.
Así mismo, expresó que los requisitos de la contratación “podría cerrar las condiciones de acceso, ya que al exigirse experiencia únicamente certificada por la autoridad oficial electoral en los últimos 10 años, en el caso de Colombia, estaría limitado a los contratistas que hayan ejecutado contratos de este tipo con la Registraduría”.
Finalmente, indicó que las exigencias de la licitación —que son acreditar contratación directa y no en calidad de subcontratistas— “limitaría la participación a contratistas que hayan ejecutado contratos con las entidades en los últimos 10 años, que en su mayoría, ha resultado adjudicatarios para este tipo de procesos uniones temporales con integrantes como: Thomas Greg & Sons Limited (Guernsey) S.A. y Prosegur de Colombia S.A. entre otros”.
Vale la pena recordar que, en entrevista con EL COLOMBIANO, el abogado Jaime Suárez Bayona, quien trabajó 25 años en la Registraduría en cargos como director Nacional de Identificación y registrador Delegado en lo Electoral, cuestionó las críticas de Gustavo Petro y dijo que es “imposible” que un contratista pueda hacer un fraude.