Colombia no sabe el precio de 3.655 inmuebles quitados a los narcos

El Gobierno Nacional reconoció que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) atraviesa por una crisis relacionada con el manejo de datos que se traduce en que el Estado no tiene información precisa sobre múltiples bienes arrebatados al narcotráfico. Muestra de ello son los 3.655 inmuebles incautados a narcos, cuyo avalúo catastral o comercial se desconoce, según confirmó la entidad.

Esta problemática se convirtió en una piedra en el zapato para el presidente Gustavo Petro, quien en búsqueda de recursos adicionales para su primer año al mando del Ejecutivo le pidió a la SAE hacer un inventario actualizado, y le solicitó al fiscal General, Francisco Barbosa, apoyo en ese propósito, pues alertó que podría tratarse de un escándalo de corrupción.

“Agradezco al fiscal general de la Nación que reconstruya el inventario de bienes en extinción de dominio que se le entregó a la Dirección Nacional de Estupefacientes, hoy SAE. Podemos estar ante uno de los peores hechos de corrupción de la historia”, planteó Petro en Twitter.

El Jefe de Estado le puso la lupa a esta problemática y dio la orden expresa de hacer un nuevo inventario debido a que la SAE es una entidad estratégica para cumplir sus promesas de campaña. De allí espera utilizar tierras para cumplir con su meta de entregar 10 millones de hectáreas a campesinos en los próximos cuatro años, pero ese plan podría enredársele por aparentes manejos irregulares de la entidad.

Las cuentas no cuadran

El desorden en la SAE se ventiló en el Senado, donde días atrás el director de esa entidad, Daniel Rojas Medellín, tuvo que dar explicaciones en un debate de control político citado por el senador Antonio Correa, del Partido de la U, quien cuestionó que haber convertido a Dirección Nacional de Estupefacientes en la SAE no impidió que la Nación no tenga certeza sobre la totalidad de los bienes incautados a los narcos.

“El remedio ha resultado peor que la enfermedad. En 2014 se le entregaron un montón de papeles a la SAE, pero no se hizo el archivo de bienes y más de 500 bienes no tenían registro”, alertó Correa.

Frente a esta situación el director de la SAE reconoció que solo el 21 % de los predios que registra la entidad estatal están siendo productivos. “El 79 % restante de los inmuebles que administra la SAE no tiene información sobre gestión comercial y solo 1.643 predios disponen de un estimado de renta actualizado. 3.655 inmuebles no tienen avalúo catastral o comercial”, dijo Rojas Medellín.

A esto se le suma que hay 231 inmuebles que aunque en teoría están en poder de la SAE, en la práctica aparecen en estado desconocido. Además, se detalló que 3.700 unidades inmobiliarias no tienen información catastral, no se tiene certeza de cuántos predios están ocupados de manera irregular ni hay caracterización de los ocupantes. Además, hay alertas de la Contraloría sobre bienes que pertenecieron a narcos y que estarían avaluados entre $100.000 y $1’000.000.

La senadora Aída Avella, del Pacto Histórico, dijo en el debate que ha denunciado esta situación en años anteriores y aseguró que, en gran medida, esta problemática sería el resultado de los escándalos de corrupción que hicieron que la Dirección Nacional de Estupefacientes fuera suprimida en 2011 para crear la SAE.

En medio de los reclamos de Petro y con la lupa puesta sobre su gestión, el saliente director de la SAE, Andrés Ávila, publicó una carta a la que tuvo acceso este medio y en la que reafirma la gravedad del desorden de los datos al interior de esta entidad, no sin antes defender su labor. “La SAE recibió en el 2014 un inventario en Excel de la DNE. Fueron 19.819 folios de matrícula inmobiliaria y más de 1.700 sociedades sin ningún tipo de inventario real”, advirtió.

Además, el exfuncionario señaló que recibió al menos 1.700 sociedades sin ningún tipo de inventario, y aclaró que esas sociedades fueron entregadas sin información, por lo que la entidad no tenía un sistema que permitiera controlar sus activos. También aclaró que puso en conocimiento de los entes de control las irregularidades que halló.

Este descuadre en las cifras ya está en conocimiento de la Fiscalía y la SAE, pues ante este desordenado panorama de datos el Gobierno se comprometió a emprender una serie de acciones que permitan dar claridad sobre posible información perdida y tener conocimiento de todos los bienes incautados a la mafia que están en poder del Estado