Sin claridad en masacre perpetrada en Argelia

Poco a poco empiezan a darse pistas sobre por qué terminaron los cuerpos sin vida de siete hombres, entre los 25 y 35 años, amontonados en el piso en una vía rural de Argelia, Cauca, el pasado martes.

Según el Ejército y La Fiscalía, dos causas se asoman como posibles, y una no excluye a la otra: los cultivos de uso ilícito y las fallas de implementación del Acuerdo por parte del Gobierno.

En contexto se da en las zonas montañosas de Cauca, especialmente Argelia y El Tambo, que son cocaleras. Según el último de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, ese departamento pasó de 3.326 hectáreas sembradas con hoja de coca en 2013 a 12.595 en 2016, lo que representa un aumento del 378 % en solo tres años. El Tambo es el cuarto municipio con mayor cantidad de coca: 5.300 hectáreas, el 4 % del total nacional.

En versiones recogidas por investigadores de la Fuerza Pública, campesinos de la zona afirmaron que la masacre no ocurrió en Argelia, sino que los cuerpos sin vida fueron llevados al parecer desde El Tambo en una camioneta, ya que esa es una región en la que se mueven intereses de los ilegales.

Deivi Hurtado, miembro de la Red de DD.HH., afirma que esta es la concreción de una amenaza lanzada hace diez días: “el 25 junio apareció en Argelia un panfleto, suscrito por paramilitares, en el que advertían limpieza social. Es como si fuera una amenaza más mostrando que sí pueden cumplir lo que dicen”.

La teoría que maneja Jonathan Patiño, diputado del Cauca oriundo de Argelia, le explicó a EL COLOMBIANO que “podría pensarse que la intención de los responsables de esta masacre es poner la atención de la Fuerza Pública en esta zona del centro de Argelia, para bajar la presión en el norte”, ya que en El Tambo se presentan con frecuencia enfrentamientos entre la Fuerza Pública y el Eln.

Esto último hace que una hipótesis de las autoridades apunte a la responsabilidad de esa guerrilla. El general Jorge Herrera, comandante de la Brigada 29 del Ejército, señaló que en el municipio donde supuestamente ocurrieron los hechos opera el frente José María Becerra del Eln, “lo que los señalaría como los posibles responsables”. A esa dirección apuntan las pesquisas de la Fiscalía de acuerdo con la declaración de Luis González, delegado para la seguridad ciudadana.

Según el comandante encargado de la regional Cuatro de Policía, general Hugo Casas, la persona que maneja las comunicaciones de alias “Popeye”, uno de los cabecillas de la Compañía Guerreros del Sindagua del Frente Comuneros del Sur del Eln, recibió la información de la retención de siete personas por el frente José María Becerra y que estaban listos para ejecutarlos.

Eln niega el hecho

Por su parte, la delegación de paz del Eln negó con un comunicado su participación en el múltiple homicidio. “Lamentamos que en el país sigan sucediendo hechos de guerra sucia como estos y nos solidarizamos con la población de Argelia. No tenemos ninguna responsabilidad”, afirmó.

Y agrega que en esa región “operan numerosas bandas criminales, grupos de paramilitares de la ultraderecha, Fuerzas Militares y Policía”.

En ese sentido, Camilo González Posso, director de Indepaz, explicó que en la zona montañosa de Cauca se vienen presentando nuevos fenómenos de violencia desde que las Farc se concentraron en las zonas veredales, que se dan porque los insumos para la guerra siguen allí, los cultivos y las rutas del narcotráfico, pero también porque el Gobierno no estuvo a la altura del reto que significaba copar esos territorios.

Fallas en la implementación

“Después del repliegue de las Farc se desarrolló una movilización muy fuerte de campesinos para los programas de posconflicto, la mayoría de la población presentó un plan al Gobierno para una zona de reserva forestal y para la sustitución voluntaria de cultivos, pero no han arrancado realmente los programas”, señaló González.

Las iniciativas apenas están madurando en Cauca. El 3 de mayo pasado, Eduardo Díaz, director del Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, PNIS, estuvo en ese departamento socializando el programa, y aclaró: “No podemos dejar solos a los miles de campesinos que se han comprometido a cumplir los compromisos, con la esperanza de que el proceso no sea solo arrancar de raíz las matas de coca sino transformar las vidas de personas que estuvieron en medio del conflicto armado y nunca sintieron la presencia del estado”.

Y admitió que el programa no ha tenido progresos significativos por la dificultad para llegar a acuerdos con algunos sectores de la comunidad, y particularmente por la intervención de actores armados interesados en preservar las rentas ilícitas del narcotráfico.

Para esa fecha, 1.685 familias, que dijeron tener 3.128 hectáreas cultivadas con coca, estaban vinculadas a la sustitución voluntaria en Miranda, El Tambo y Piamonte.

Son varias las bandas
González explicó que en Argelia los grupos neoparamilitares “no se han asentado todavía, aunque merodean por la zona de El Tambo hacia el Pacífico (Clan del Golfo y carteles mexicanos como el de Sinaola), tienen incursiones e intereses para recoger pasta base de coca. También hay pequeñas bandas locales que se han formado y se están reconfigurando”.

Al respecto, Hurtado contó que hace pocas semanas hombres armados reunieron a los habitantes en El Tambo y dijeron que habían conformado un grupo con exmiembros de las Farc, del Eln y de las Auc.

Más al norte, por Corinto y Caloto, sí se han presentado expresiones de disidencia, y por el sur hacia Nariño.