La SIC imputó cargos a nueve funcionarios de la Registraduría, ¿otro choque del Gobierno?
En cabeza de Cielo Rusinque, de la línea ideológica más cercana al presidente Petro, se tomó esta decisión por presuntamente desatender los requerimientos en una visita administrativa.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) tomó la decisión de imputar cargos a nueve funcionarios de la Registraduría del Estado Civil por supuestamente desatender los requerimientos durante una visita administrativa de esa oficina del Gobierno, en cabeza de Cielo Rusinque.
Dichas visitas se realizaron los días 12, 13, 14, 15, 18, 20 y 22 de marzo de 2024, en las instalaciones de la Registraduría con la intención de recoger información relacionada con la normatividad en materia de protección a la libre competencia económica en el marco de la contratación estatal.
“En el marco de estas visitas de inspección, la Superintendencia se encuentra facultada para decretar y practicar pruebas y, en general, para recaudar toda la información conducente que permita la verificación del cumplimiento de las normas del régimen de libre competencia económica en el mercado colombiano. Dentro del ámbito de sus funciones, la Superintendencia igualmente puede solicitar a las personas naturales y jurídicas tanto de derecho público como de derecho privado, el suministro de datos, informes, libros y papeles de comercio, así como el acceso a los equipos de cómputo, móviles y correos electrónicos, que estos requieran para ejercicio de sus funciones”, señaló la superintendencia.
En ese sentido, la SIC calificó como “conductas omisivas” que serán investigadas. “Pudieron materializarse al haber desatendido los requerimientos de información, haberse negado a entregar la información almacenada en dispositivos electrónicos y/o no atender las diligencias programadas por la Superintendencia. Estas conductas pudieron impedir u obstaculizar el ejercicio de las facultades de la Superintendencia como Autoridad Nacional para la Protección de la Competencia”, agrega el comunicado.
¿Nuevo choque del Gobierno con la Registraduría?
En marzo de este año, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio, por presuntas irregularidades presentadas en la visita administrativa realizada a la Registraduría.
La investigación se abrió contra el superintendente delegado para la protección de la competencia y otros ocho funcionarios y contratistas de la SIC. “Tras realizar una vigilancia preventiva sobre ese procedimiento, el órgano de control encontró que la SIC solicitó acceso a información relacionada con el censo electoral que es de carácter reservado, y requirió copias espejo de correos electrónicos, computadores y teléfonos celulares que son de uso personal, entre otras irregularidades”, señaló la Procuraduría.
La Procuraduría, en su informe preventivo, señaló que la visita no contaba con un acto administrativo que la motivara, y las pruebas fueron tomadas por contratistas de prestación de servicios y no por funcionarios públicos.
Por su parte, a finales del pasado mes de octubre, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia consideró como irregularidades las actividades cometidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil en la licitación de un contrato para la logística de las elecciones atípicas de noviembre.
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Con un nuevo oficio, la administración del presidente Gustavo Petro y Andrés Idárraga continúa su rencilla con la multinacional, a la que señala de monopolizar algunos procesos de contratación. En términos del documento, el Gobierno considera que Thomas Greg & Sons y la Registraduría incurrieron en “prácticas restrictivas de la competencia” durante la contratación.
La idea del secretario es que la Superintendencia de Industria y Comercio investigue si durante el procedimiento la entidad fijó a su voluntad los precios de la adjudicación para influenciar “a una empresa para que incremente los precios de sus productos o servicios o para que desista de su intención de rebajar los precios”.
La Registraduría aseguró que se trató de un proceso público sin ninguna preferencia. Y para tratar de blindar su desarrollo, solicitó el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, que el 18 de octubre hizo presencia en la audiencia de adjudicación con el delegado para la Vigilancia Preventiva Marcio Melgosa.
Un día antes de la entrega formal del convenio, la Secretaría de Transparencia publicó en redes sociales una especie de informe sobre la contratación de la empresa Thomas Greg & Sons con la Registraduría Nacional en los últimos dieciséis años, un balance que sirvió para que el presidente Petro cuestionara nuevamente a la multinacional.
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El documento señaló que entre 2007 y 2023 la empresa recibió $4,432 billones en designaciones para ejecutar contratos de la Registraduría. En veintiséis de veintisiete procesos licitatorios, aseguró la Secretaría, Thomas Greg “fue el único oferente que presentó propuesta”. La compañía se agrupó en veintitrés uniones temporales creadas en ese período.