Se enreda en el país el Acuerdo de Escazú

El proyecto de ley que radicó el presidente Iván Duque para la ratificación del Acuerdo de Escazú está en trámite en el Congreso desde julio. Y aunque el Presidente envió un mensaje de urgencia para su aprobación debido a que fue un punto negociado en la Gran Conversación Nacional después de las protestas de noviembre del año pasado, el debate que estaba previsto para ayer en las comisiones segundas fue cancelado, lo que contribuye a la dilación del proceso de aprobación.

Para que entre en vigor el acuerdo regional que pretende garantizar el derecho de acceder a información, de participar en la toma de decisiones y de acceder a la justicia en asuntos ambientales, debe ser ratificado por 11 países y hasta el momento van diez, entre ellos Argentina, Panamá, Uruguay y Bolivia, pero falta Colombia

¿Qué está en juego?

Este tratado es el único en el mundo que garantiza un entorno seguro para los líderes ambientales y para organizaciones que defienden los derechos humanos. Teniendo en cuenta que Colombia es el país más peligroso del mundo para ejercer la defensa del ambiente y el territorio, según Global Witness, “el Acuerdo de Escazú podría ser una herramienta, que aunque no va a resolver el problema por completo, podría ayudar a proteger a estas personas”, afirmó Robinson Mejía, líder ambiental de Cajamarca, Tolima.

Por otra parte, Manuel Rodríguez, exministro de Ambiente, manifestó que en el país cada vez son más los conflictos ambientales, “en parte es porque no hay una adecuada legislación de participación de la ciudadanía o porque no se está implementando la que ya existe sobre ese tema. Un acuerdo como el de Escazú serviría para vigorizar todo el proceso de participación ciudadana, que ya está en la Constitución, pero ha tenido unos retrocesos en el campo ambiental”.

Opositores

Aunque aún no son claros los motivos por los cuales se canceló el debate, hay sectores industriales ejerciendo presión para que el Acuerdo no se ratifique. La senadora Angélica Lozano asegura que varios representantes de estos gremios están a la cabeza del lobby.

Además, el pasado 22 de septiembre, el senador del Centro Democrático, Ernesto Macías, envió un comunicado solicitando que se detuviera el trámite legislativo hasta que no se hiciera una consulta previa con comunidades indígenas. Sin embargo, las organizaciones de la Mesa Permanente de Concertación Indígena (MPC) aclararon que rechazan y condenan esta petición “la cual desfigura de forma malintencionada el derecho fundamental a la consulta previa, así como la autoridad y legitimidad de las organizaciones que conforman la MPC”.

“La firma del Acuerdo de Escazú es uno de los grandes logros del Paro Nacional y el Gobierno debe impulsar su ratificación. Recordemos que es la bancada de gobierno la que se opone al tratado”, aseguró Lozano.