Sandra Ortiz asegura que tiene información “verificable” contra aforados y buscará nuevo principio de oportunidad
La Fiscalía rechazó entregar inmunidad total a la exfuncionaria que afirma tener “datos precisos y verificables” contra aforados.
Tras conocerse que la Fiscalía rechazó concederle inmunidad total, Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones, reiteró que posee información privilegiada sobre aforados y aseguró que continuará colaborando con la justicia, confiada en que “una vez más, se tome una decisión frente a su solicitud de principio de oportunidad”.
La exfuncionaria respondió a un comunicado de la Fiscalía en el que se informó a la opinión pública la decisión de negar la solicitud de “inmunidad penal total” a cambio de colaborar con la justicia y contar la verdad sobre su participación en el entramado de corrupción.
“La defensa de la procesada ha solicitado inmunidad penal total a través de la celebración de un principio de oportunidad, pretensión que ha sido rechazada por el equipo de fiscales del caso”, señaló el ente acusador en un comunicado.
En respuesta, Sandra Ortiz y su defensa insistieron en que han entregado “datos precisos y verificables, con una narrativa coherente y lógica que corrobora sus afirmaciones”. Aseguraron que esta información sería clave para “iniciar investigaciones contra aforados”.
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Pese al rechazo de la Fiscalía, la política boyacense —procesada por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos— reiteró su disposición de seguir colaborando con el ente acusador y con la administración de justicia.
Ortiz también manifestó que teme por su vida y la de su familia, debido a la información que posee, la cual calificó como “relevante y precisa”.
Las pruebas contra Sandra Ortiz
Entre las pruebas contra la exfuncionaria están los testimonios de exdirectivos de la Ungrd, Olmedo López y Sneyder Pinilla en los que señalaron a la exconsejera como una pieza clave en el entramado para que en octubre del 2023, se desviaran los fondos destinados a la atención de desastres en departamentos como La Guajira.
Según la Fiscalía, los dineros corresponderían al pago de coimas para dar trámite a reformas del Gobierno Petro que debían ser aprobadas por el Congreso de la República.
En el expediente señalan a Ortiz como la funcionaria encargada de entregar 3.000 millones de pesos al senador Iván Name (expresidente del Senado) por aparente orden del exdirector del Dapre, Carlos Ramón González. Las entregas se habrían realizado en dos partes en un lujoso apartamento del edificio Basell I de Bogotá.