Fecode negó paro el 31 de marzo por problemas en la salud pero anunció movilizaciones “en defensa del Gobierno”

Aunque un sector de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) llamó a marchas el próximo lunes 31 de marzo en defensa del modelo de salud y el pago de prestaciones sociales oportunamente, el dirección nacional del sindicato de profesores del sector público negó que hubiera convocatoria a Paro Nacional.

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Quien anunció la movilización el 31 de marzo fue el secretario jurídico del sindicato, Hugo Cárdenas Vega, quien dijo que “haremos radicación del pliego de peticiones. Apoyamos las reformas sociales del gobierno del cambio (sic)”.

Sin embargo, desde la cuenta oficial de Fecode en X (antiguo Twitter) reiteraron que no se trata de un paro en todo el país.

Según informó El Tiempo, este martes el sindicato definiría si la jornada de paro consistirá en marchas en distintas ciudades del país o si solo será un plantón en un punto, como la sede del Ministerio de Educación, pero que el paro es una realidad y que buscan apoyo de toda la comunidad educativa.

Entre las razones para convocar a esta jornada, por parte del secretario Cárdenas, están una mayor inversión en la educación pública, mejores condiciones laborales y el mayor dolor de cabeza que tienen desde mayo del año pasado, que es la implementación del nuevo modelo de salud en ese régimen (que es distinto al régimen del sistema general), que es apoyado por Fecode.

Desde que se cambió el modelo de salud, ha habido quejas por los retrasos y demoras en citas médicas, falta de medicamentos y presunta corrupción y sabotaje desde la Fiduprevisora (encargada de administrar junto al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio ese régimen de salud).

Hay que recordar que ese modelo de salud empezó a regir desde el 1 de mayo de 2024 y su cambio se basó en eliminar la intermediación de los operadores regionales (que se encargaban del manejo de la red de prestadores de servicios) y le delegaron sus funciones a la Fiduprevisora.

Esto quiere decir que los operadores saldrían de la ecuación y esa fiduciaria sería la encargada de celebrar contratos con las IPS y de hacerles auditoría, que es revisar que lo que le cobren clínicas y hospitales por la atención a los usuarios corresponda con lo que realmente hicieron.

No obstante, se presentaron problemas en ese cambio por la falta de experiencia de esa entidad para crear redes de servicios, celebrar contratos y hacer gestión del riesgo financiero (hacer que la palta alcance). Tareas para las que también se necesita personal calificado que lo haga con eficiencia.

La idea del Gobierno era que, sin el intermediario a nivel regional, los miembros del magisterio y sus beneficiarios pudieran tener libertad de elección de su IPS. Sin embargo, las quejas en las primeras dos semanas de implementación reflejaron barreras de acceso a servicios de salud, largas filas y demoras en la atención.

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