El llamado “urgente” de exfuncionarios y expertos al Minhacienda para que traslade $2,5 billones para el aseguramiento de la salud

Un grupo de 90 exfuncionarios del Estado y expertos en salud enviaron una carta a los ministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y de Salud, Guillermo Jaramillo, haciendo un llamado “urgente” para que traslade recursos por cuenta de $2,5 billones de funcionamiento de la cartera de salud hacia el aseguramiento en salud.

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Estos recursos, sostiene este grupo de personas, tienen la finalidad de “garantizar la atención de salud que los colombianos necesitan y merecen”.

En la carta, los firmantes explicaron que el Ministerio de Salud apropió $5,05 billones para usos distintos al aseguramiento en salud para destinarlos a otras áreas que, señalan, “requieren inversiones con recursos nuevos y no ser objeto del desplazamiento de los recursos que hoy en día se utilizan para prestar servicios de salud”.

En ese sentido, los expertos y exfuncionarios expusieron que la cartera de salud está usando la plata que es para garantizar el acceso al derecho fundamental a la salud para financiar personal e infraestructura en las regiones. Ante esto, señalan que “su empleo inapropiado ha afectado la efectiva realización de este derecho”.

“A la fecha se han girado $1,6 billones y se registra una disminución en su apropiación por $900.000 millones (aun a la espera de identificar a qué rubro se adicionarán esos recursos), quedando disponibles $2,5 billones, según información registrada en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF)”, señalan en la misiva.

Sobre esto, la carta sostuvo que el aseguramiento es una prioridad legal y constitucional y que las altas cortes han insistido en que “los recursos correspondientes a la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y Presupuestos Máximos deben girarse de manera oportuna y prioritaria como medio para proteger el derecho fundamental a la salud”.

Para poner el contenido de esta carta en contexto, vale recordar que el aseguramiento en salud es el conjunto de acciones que engloban la administración del riesgo financiero, la gestión del riesgo en salud, la articulación de servicios para garantizar acceso efectivo, la garantía de la calidad en la prestación de servicios y la representación del afiliado ante el prestador (hospitales y clínicas) y otros actores relevantes.

Es decir, todas las acciones que se hacen entre las autoridades (como el Ministerio de Salud y la Adres) y las entidades promotoras de salud (EPS) para garantizarle a la gente que cuando necesite ir al médico lo pueda hacer de la mejor manera.

Por otro lado, también hay que recordar que la UPC es la plata que el Estado le gira mensualmente a las EPS para la atención en salud de sus afiliados y que los presupuestos máximos son otros recursos que reciben para pagar los servicios que están por fuera del plan de beneficios en salud (PBS).

Volviendo a la carta, el grupo de personajes advirtió que a la fecha se requerirá una incorporación adicional mínima de $2,3 billones para el aseguramiento y recordó que la UPC financia más del 97 % de los servicios de salud.

“De no efectuarse este traslado, el derecho a la salud estará gravemente comprometido en la segunda mitad del año, en un contexto fiscal adverso con recortes y aplazamientos adicionales”, agregaron.

En este contexto, expresaron que de no hacer estos giros, el Ministerio de Salud estaría incumpliendo el mandato legal que exige al Gobierno “destinar los recursos suficientes de manera prioritaria para garantizar la universalización del aseguramiento en salud”.

Finalmente, expresaron su preocupación por la respuesta que el Ministerio de Hacienda le dio en un derecho de petición al congresista Andrés Forero (Centro Democrático) en el que indicaron que “la asignación de recursos para el pago de presupuestos máximos se efectuará una vez los ingresos de la Nación muestren un comportamiento adecuado que permita la asignación de los mismos”.

Al cierre de la carta, le hicieron un llamado a los funcionarios para que consideren “esta reasignación presupuestal” para “cubrir los compromisos mínimos del Gobierno nacional con la garantía del derecho fundamental a la salud de todos los colombianos”.

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