Salud

Contraloría advierte que siniestralidad vial superó las 8.600 víctimas en 2022 y 2023

Los fallecimientos por accidentes de tránsito fueron la octava causa de muerte violenta en la población colombiana, siendo la primera en mujeres.

Periodista con cinco años de experiencia en medios de comunicación.

02 de julio de 2024

La Contraloría General de la República expresó este martes su preocupación por el número de víctimas fatales que deja en el país los accidentes de tránsito, en el marco del seguimiento a la política pública de seguridad vial.

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Al respecto, la entidad advirtió que en 2022 y 2023 se tuvieron los registros más altos del siglo XXI, superando las 8.600 víctimas. Esta causa ocupa el octavo lugar de muerte general en el país y es la quinta para los hombres, mientras que para las mujeres es el primer motivo de muerte violenta.

Para el ente de control, este fenómeno epidemiológico impacta cada vez más la salud de los colombianos y, de los análisis realizados, se destaca la afectación a la población de especial cuidado.

En ese sentido, las cifras señalan que en 2023 fallecieron 535 niñas, niños y adolescentes en eventos de transporte, siendo la única causa de muerte violenta con una variación creciente del 9 % respecto a 2022.

Por otro lado, los siniestros viales para 2023 fueron la primera causa de muerte violenta en la población de adultos mayores, en donde se perdieron 1.768 vidas, con un incremento de un 6 % con relación con 2022.

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Así mismo, la Contraloría identificó que luego de más de diez años de creada la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, aún no se cuenta con indicadores para el seguimiento de los lesionados sobrevivientes.

En el estudio realizado por la entidad en 2023 —llamado “Evaluación del impacto fiscal de la siniestralidad vial en el sistema de salud”— se determinó que las atenciones de víctimas en 2022 superaron el millón de casos por atenciones, incapacidad permanente, transporte, muerte y gastos funerarios.

Todo esto con un monto superior a los $2,7 billones. Dichos pagos se hicieron con cargo al sistema SOAT, producto de las reclamaciones a las aseguradoras y a la ADRES.

En cuanto al seguimiento a la política pública de seguridad vial, el ente de control fiscal evidenció que los resultados en los avances hacia el logro de las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, el Plan Nacional de Seguridad Vial 2022-2031 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible están distantes de las metas trazadas.

Al respecto, en 2022 y 2023 la meta en cantidad de personas fallecidas por año estaba definida en 7.015 y 6.675, respectivamente, pero, según los datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, hubo 8.469 y 8.546 personas fallecidas en eventos de transporte para estos periodos, respectivamente. Para 2024 está determinada una meta de reducción a 6.371 personas fallecidas.

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Lo anterior denota claramente que los resultados no son los esperados y que urgen acciones efectivas que reviertan la tendencia creciente de siniestralidad vial y que permitan alcanzar las metas propuestas, evitando así estas tragedias prevenibles.

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