Alerta por nuevo foco de desfinanciación en salud

La brecha entre los regímenes contributivo y subsidiado de salud podría ampliarse a niveles que no se veían desde hace más de diez años (ver gráfica). Al menos así se daría si el Ministerio de Salud rubrica la resolución que establece los recursos que girará para cubrir las prestaciones del Plan de Beneficios en Salud.

Esto, como todos los años, se hace mediante una resolución en la que se fija la Unidad de Pago por Capitación en los dos regímenes. Es decir: de esa manera se establece cuánto dinero les girará el Estado a las EPS por cada afiliado (24,6 millones y 23,9 millones, respectivamente) para los beneficios en salud que tienen, antes conocido como plan obligatorio en salud (POS).

El proyecto de resolución señaló que este incremento será de $1’289.246 para el régimen contributivo y de $1’082.707 para el subsidiado, lo que significa un aumento del 16,23 % y del 12,22 %, respectivamente. Para las EPS esta cifra no es suficiente.

¿Por qué? Están preocupados debido a distintos factores que van desde una inflación de 12,5 % en noviembre y los efectos a largo plazo del covid-19 en las personas que se contagiaron, hasta el déficit de presupuesto –de 2021 y 2022– y los precios de medicamentos y consultas que terminaron impactados por la devaluación del peso.

Como lo dijo la directora ejecutiva de Gestarsalud (gremio que reúne a las EPS principalmente del régimen subsidiado), Carmen Eugenia Dávila: “Es muy importante que se pueda revisar este porcentaje, que se consignó preliminarmente, porque observamos que tendremos tensiones importantes el próximo año, que van a repercutir en el flujo de recursos hacia el prestador y afectará a los usuarios de las entidades promotoras de salud”.

Esta situación genera un pulso entre el Ministerio de Salud y las EPS –en el que se metió la Procuraduría pidiéndole a la cartera que evitara el colapso del sistema de salud–, pues para estas últimas el incremento en la UPC debería ser de 17 % para contributivo, y de 18 % para el subsidiado.

Ante este panorama, dos expertos en salud consultados por EL COLOMBIANO coincidieron en que el cálculo para establecer el incremento de la UPC se hace mediante un estudio de suficiencia que es complejo de realizar y que debe recoger todos los comentarios o alertas que hagan en el sector de la salud.

Así lo advirtió el investigador senior del Departamento de Salud Global de la Universidad de Harvard, Jonathan García, quien señaló que “uno esperaría que hayan tomado en cuenta los impactos que enfrentará el sistema el otro año”, pues “el riesgo de no atinarle al porcentaje (de incremento) implicaría más problemas financieros en las EPS para pagarles a las prestadoras de salud o una presión para restringir ciertos servicios”.

A su vez, el profesor de Economía y experto en salud de la Universidad del Rosario, Paúl Rodríguez, explicó que solo con el estudio de suficiencia se podrá determinar si el incremento es el necesario y alertó que “los $2 billones que costaría el descuento del 50 % en el SOAT para motos debería ser una realidad a tener en cuenta para el aumento, pues eso le genera una presión a la UPC”.

Entre tanto, el Ministerio de Salud recalca que “el cálculo de la UPC se realiza en función del perfil epidemiológico de la población relevante, de los riesgos cubiertos y de los costos de prestación del servicio (consignado en el estudio de suficiencia)”.

Será ahora tarea de esta cartera tomar una decisión que marque la prioridad que el Gobierno tiene en un sector del que ha sido crítico.