José Salazar y Martha Zamora: funcionarios caídos en “desgracia” y “traición” por licitación de pasaportes

En las últimas horas, se ha generado gran polémica alrededor de la licitación de pasaportes para Colombia, tema que lidera la Cancillería en medio de un panorama donde el canciller Álvaro Leyva está suspendido, con una exfuncionaria que denunció maltrato laboral y un secretario general declarado insubsistente por el presidente Gustavo Petro, tras llevar la contraria.

Y es que después de que José Antonio Salazar, secretario general de la Cancillería, adjudicara el contrato de pasaportes en Colombia a Thomas Greg & Sons pese a la polémica demanda que hay en su contra, el presidente Petro afirmó que Salazar traicionó al gobierno, pidió una investigación en su contra y lo declaró insubsistente, asegurando que dicho contrato era “corrupto”.

Le puede interesar: “Nos traicionó”: Petro declara insubsistente al secretario general de Cancillería que adjudicó el contrato de pasaportes a Thomas Greg

Por otro lado, está la exdirectora de la Agencia Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, quien en medio de rifirrafes en la Cancillería salió de su cargo tras denunciar al propio ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, por maltrato laboral.

Zamora y Leyva tenían visiones diferentes sobre la manera en la que el Estado debería abordar un posible conflicto jurídico -como sucede ahora- con la empresa Thomas Greg & Sons.

La recomendación de Zamora era evitar el millonario pleito con Thomas Greg, porque habría altas probabilidades de perder. Sin embargo, la insistencia de Leyva y el presidente Gustavo Petro era mantener desierta la licitación para la elaboración de pasaportes y evitar conciliar con la empresa que los fabricaba.

Ahora, después de que Salazar le adjudicara el contrato de pasaportes a la empresa británica, tal y como lo dio a conocer al publicar las resoluciones número 1394, 1395 y 1396, el funcionario afirmó que “me voy feliz cumpliendo la Constitución”.

Asimismo, explicó que para tomar la decisión no necesitaba el visto bueno del ministro de Relaciones Exteriores (e) Luis Gilberto Murillo, ya que, según él, contaba con la competencia y autonomía como ordenador legal del Fondo Rotatorio.

Por otro lado, en declaraciones a medios de comunicación, afirmó que con esta decisión le evitaba al Estado un “daño patrimonial”.

“No tenía alternativa, es una decisión autónoma que se tomó apegada a la ley para evitarle al estado un daño patrimonial. Es legal la decisión y empieza a regir desde el momento de su expedición. Las resoluciones que le asignan el contrato a Thomas Greg son legales”, sostuvo Salazar.

También le puede interesar: Atención: Cancillería le adjudicó el contrato de pasaportes a Thomas Greg & Sons pese a polémica demanda

En medio de tantos “tire y afloje”, los funcionarios salieron seguros, tal y como lo afirmaron, de que todo lo que hicieron fue en pro del gobierno y evitarle, la mayor cantidad de procesos legales posibles, que lo fueran a desfavorecer en un futuro.