¿Muerte política? Rodolfo Hernández quedó inhabilitado 12 años por escándalo de Vitalogic

La decisión de inhabilidad contra Rodolfo Hernández quedó en firme. En una revisión de segunda instancia, la Procuraduría decidió que el exalcalde de Bucaramanga debe quedar apartado por 12 años del ejercicio de funciones públicas.

La decisión se conoció este miércoles 15 de noviembre. El político santandereano había pedido una revisión de su caso y, en ella, el Ministerio Público confirmó que el exfuncionario incurrió en interés indebido en la selección del contrato de las basuras para Bucaramanga.

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El fallo de primera instancia había sacado a Hernández por 14 años del escenario público, la nueva decisión modificó la sanción y le redujo dos años. Sin embargo, esta parece ser la muerte política para el político de 78 años.

El caso que sacó a Hernández del escenario público es conocido como Vitalogic. La administración del ingeniero celebró un contrato de consultoría para tecnificar el manejo de las basuras en Bucaramanga y, en medio de ese proceso, se habrían cometido una serie de irregularidades.

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La firma se dio en 2016 entre José Manuel Barrera –entonces gerente de la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga– y el contratista Jorge Hernán Alarcón Ayala. El costo inicial fue de 344 millones de pesos con una vigencia por cinco meses.

Las pruebas indican que Hernández habría interferido en Barrera para que le entregara el contrato de asesoría a Alarcón.

En el caso también se ha ventilado que el hijo del candidato, Luis Carlos Hernández, habría acordado repartir coimas entre los firmantes para que el contrato fuera otorgado finalmente a la unión temporal Vitalogic.

Pese a tener una inhabilidad desde mayo pasado a sus espaldas, el ingeniero decidió presentar su nombre a las elecciones regionales y se inscribió como candidato a la gobernación de Santander. Sin embargo, su inscripción fue tumbada por el Consejo Nacional Electoral, aunque apareció en el tarjetón y obtuvo más de 100.000 votos que fueron anulados.

El proceso Disciplinario contra Hernández parece estar cerrado. El ingeniero deberá continuar su defensa en el escenario judicial.

De acuerdo con el artículo 409 del Código Penal, el interés indebido en la celebración de contratos es un delito castigado con entre 5 y 18 años en prisión, además de multas económicas que llegarían hasta los 300 salarios mínimos legales vigentes.