Viacrucis de la reforma a la salud, ¿resucitará?

El Gobierno está haciendo hasta lo imposible para revivir la reforma a la salud, una de las principales banderas del presidente Gustavo Petro desde su campaña. Bajo un criticado modelo enfocado en la prevención de enfermedades, eliminar la intermediación y transformar las EPS, el mandatario insiste en querer aprobar el articulado que nació muerto en la Comisión VII del Senado, a pesar de haber sido aprobado en la plenaria de la Cámara a finales del año pasado.

Hace unos días, ocho congresistas lograron conformar un bloque mayoritario entre opositores e independientes para darle los santos óleos al proyecto. Se trata de los senadores opositores Honorio Henríquez y Alirio Barrera, del Centro Democrático, así como José Alfredo Marín y Nadia Blel del partido Conservador. Lograron unir al liberal Miguel Ángel Pinto, Lorena Ríos de Colombia Justa Libres, Berenice Bedoya de la ASI y, a última hora, Norma Hurtado del partido de La U.

La ponencia de archivo que radicaron prosperó y produjo reuniones, llamadas, recusaciones, una ponencia alternativa y hasta desayunos que no fueron. Todo con el fin de evitar que uno de sus principales proyectos del Gobierno no termine en aquella región donde habita el olvido. “Pedimos hundir el proyecto por razones de vicios de forma y fondo y por ser innecesaria para el país”, dijo el senador Miguel Ángel Pinto.

EL COLOMBIANO conoció que los ocho congresistas de la Comisión VII del Senado que se han opuesto al proyecto no darán su brazo a torcer en la votación después de Semana Santa.

Cruce de recusaciones

Los parlamentarios tendrán que enfrentar una avalancha de recusaciones. Han radicado diez, hasta el momento, con el argumento de que algunos congresistas opositores, como Alirio Barrera y Honorio Henríquez, recibieron financiación de algunos conglomerados que son dueños de varias EPS y entidades de salud.

Pero del otro lado, el senador del Pacto Histórico, Ferney Silva (reemplazo de Piedad Córdoba), también fue recusado tras ser señalado de haber recibido una donación de un millón de pesos en la pasada campaña política de parte del hoy ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. “El proyecto no está dirigido a beneficiar al Dr. Jaramillo, como persona particular, ni busco un beneficio particular, directo y actual, por lo tanto no hay conflicto de interés alguno”, dijo Silva en su defensa.

También fueron recusados los senadores Norma Hurtado y Fabián Díaz del partido Alianza Verde, autor de una ponencia alternativa de la reforma que busca conciliar algunos puntos del articulado con quienes se oponen.

Ponencia alternativa y “un orangután”

La estrategia del Ejecutivo, por petición explícita del jefe de Estado, ha sido no retirar el proyecto: “Para nada vamos a retirarla (...) el Congreso sabe cuál es la consecuencia de hundir la reforma a la salud. El sistema actual no es sostenible y punto. La mayoría de las EPS, no todas, pero la mayoría, incumplieron las normas y hay billones de pesos en las llamadas reservas técnicas perdidos, así que el Gobierno entra a actuar”, sentenció el mandatario.

Pero al tiempo el Gobierno avanza con una ponencia alternativa del congresista Fabián Díaz y con un desesperado “orangután” legislativo. Por un lado, la ponencia alternativa del senador Díaz es un plan B, que contaría con el beneplácito del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco y de la presidenta de la Comisión Séptima, Martha Peralta del Pacto Histórico.

De otra parte, el llamado “orangután legislativo” es una proposición del senador de La U Antonio José Correa para que se cree “una subcomisión integrada por los voceros de los distintos partidos con asiento en el Senado y las Comisiones” par discutir temas como la reforma a la salud, laboral y política. Opositores consideran el objeto de esta iniciativa es sacar la discusión de la reforma a la salud de la Comisión Séptima, que seguirá su debate después de Semana Santa.

¿Aval fiscal incompleto?

Este miércoles, el Ministerio de Hacienda otorgó el anhelado aval fiscal a la reforma a la salud. El documento señala que el costo del proyecto en 2025 será de más de 105 billones de pesos y en 2033 de más de 143 billones de pesos. Esto significa que en 2025 hacen falta 2.9 billones de pesos de ingresos para poder tener los recursos necesarios. Opositores señalan que no queda claro cuáles serán los recortes de gastos que se harán para financiar la reforma.