Gobierno Petro radica reforma a la Ley 30: buscan transformar esquema de financiación de la educación superior
La iniciativa busca que la asignación de los recursos anuales para las instituciones públicas se haga con base en el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) y no según la inflación.
El Gobierno de Gustavo Petro, en cabeza del ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, radicó este martes en el Congreso de la República un proyecto de ley que modifica algunos artículos de la Ley 30 de 1992, buscando reformar la financiación de las instituciones públicas de educación superior.
En primer lugar, la iniciativa le apuesta a reformar el artículo 86 de la norma, que indica que las universidades recibirán anualmente aportes de los presupuestos nacional y de las entidades territoriales, que signifiquen siempre un incremento en pesos constantes, tomando como base los presupuestos de rentas y gastos.
Además, se modifica el artículo 87, que establece que el Gobierno Nacional incrementará sus aportes para las universidades estatales u oficiales, en un porcentaje no inferior al 30% del incremento real del producto interno bruto.
Sin embargo, con la iniciativa radicada se busca actualizar y ajustar el sistema de financiación de las instituciones de educación superior con el fin de garantizar una asignación de recursos más adecuada y sostenible.
Así las cosas, con miras a atender el déficit presupuestal de las universidades públicas, el proyecto propone que el presupuesto de las instituciones ya no se calcule con base en la inflación, sino que los incrementos anuales se calculen según el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), que es proporcionado por el Dane.
Según el ministro de Educación, Colombia invierte el 0.4% del PIB en educación, pero se requiere que ese porcentaje llegue hasta el 1.2% que invierten países de la OCDE. En ese sentido, defendió la pertinencia de la iniciativa, denominada ‘Acuerdo Nacional por el Rescate Financiero de la Educación Superior Pública’.
“La modificación de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 es el primer paso hacia su reforma integral para transformar el esquema de financiación de la educación superior pública de Colombia (...) Con este proyecto de ley buscamos, a mediano plazo, mejorar la financiación en educación superior y ampliar la cobertura”, manifestó el ministro Rojas.
El jefe de la cartera agregó que se busca también avanzar en otros aspectos de la educación, como “bienestar, calidad y pertinencia, pero este acuerdo nacional que supera las ideologías, supera los estratos, supera los orígenes regionales, nos une como colombianos”.
Si bien el proyecto cuenta con el respaldo de varias instituciones, expertos y académicos, aún no tiene el aval fiscal del Ministerio de Hacienda para determinar el valor de la reforma. Según Rojas, se trabaja de la mano de ese despacho para concretar el documento.