Colombia

Rechazo al ataque que enluta a todo el país

La Fiscalía reveló el nombre del autor material, pero no confirma qué grupo habría realizado el ataque.

Periodista. Magíster en Comunicación de la Defensa y los Conflictos Armados de la Universidad Complutense de Madrid

18 de enero de 2019

El mundo se solidarizó y alzó la voz en contra del ataque con un carro, cargado de explosivos, en la Escuela de Policía General Santander, ayer en Bogotá.

Los mensajes lamentando la muerte de 11 personas y las heridas a otras 87, llegaron desde todos los rincones de Colombia y desde otros países cargados con energía para superar el nuevo obstáculo que se enfrenta por cuenta de los violentos.

Sobre las 9:30 de la noche, luego de estudiar las pruebas y una larga reunión en la Casa de Nariño, el presidente Iván Duque, decretó tres días de duelo nacional y advirtió, con contundencia, que “estamos trabajando con todas las autoridades y entes de investigación para poder capturar a los responsables de esta infamia y llevarlos a la justicia”.

Horas antes la ONU, por medio de un comunicado, expresó: “se trata de un acto criminal absolutamente inaceptable que va en contravía de los esfuerzos que viene adelantando el país en su rechazo a la violencia y en el trabajo presente de diferentes sectores en pro de un futuro más próspero y pacífico”.

Estados Unidos, desde su embajada en Colombia, también rechazó lo ocurrido: “expresamos nuestras más sinceras condolencias por las muertes en el atentado contra la Escuela General Santander de esta mañana. Ofrecemos nuestra asistencia en la investigación de este acto repudiable y nuestra solidaridad a la Policía de Colombia”.

Para esclarecer el ataque contra la Escuela de Cadetes, las autoridades guían la investigación con las siguientes pistas: quien conducía el carro bomba fue identificado como José Aldemar Rojas Rodríguez y el vehículo era una camioneta gris, modelo 93, cuya última revisión tecnicomecánica fue hecha el año pasado en la ciudad de Arauca.

La Fiscalía confirmó de manera preliminar que Rojas Rodríguez aparece en un organigrama, realizado por inteligencia del Estado, como integrante activo del Frente Adonay Pinilla, el cual hace parte del Frente de Guerra Oriental del Eln, que delinque en Arauca, Boyacá y Casanare, donde era conocido con el alias de Mocho Kiko quien, al parecer, llevaba más de 17 años en esa organización insurgente como explosivista y mano derecha de uno de los cabecillas de ese frente conocido como “Culebro Viejo”.

El autor material de la explosión nació en el municipio de Puerto Boyacá, Boyacá, en mayo de 1962, y su alias es precisamente porque había sufrido la amputación de su mano derecha.

“Nuestras capacidades están desplegadas y tenemos la certeza de que en el curso de las próximas horas podremos dar mayor información porque estamos orientados a establecer quiénes son los determinadores y autores intelectuales de este acto terrorista”, manifestó el Fiscal General Néstor Humberto Martínez.

El atentado ocurrió después de las 9:30 de la mañana, cuando el vehículo cargado con explosivos vulneró de manera abrupta la seguridad de una de las entradas de la escuela de cadetes y se dirigió hasta una de las edificaciones donde se hospedan las mujeres, allí chocó y explotó (ver infografía).

Aunque hay dos versiones sobre cómo entró el carro a la sede policial, la que más toma fuerza es la que el conductor del vehículo, al ver que uno de los perros antiexplosivos de la guardia detectó la bomba, aceleró hasta llegar al sitio donde finalmente chocó y fue detonado el artefacto.

Para Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, Cerac, “el atentado terrorista de ayer en Bogotá definirá en gran parte la agenda del Presidente Duque. Su respuesta en materia de seguridad, negociaciones de paz y comunicación revelará su talante y lo obligará a definir en lo que ha sido indeciso: esto último es lo que busca el terrorismo”.

¿Acto de terrorismo?

Bajo el marco del Derecho Internacional Humanitario, la Policía hace parte de las Fuerzas Armadas y en el caso colombiano, también parte del conflicto.

Sobre esto, el DIH afirma que “las partes en conflicto harán distinción, en todo momento, entre población civil y combatientes, con miras a preservar a la población civil y los bienes de carácter civil. Ni la población civil como tal, ni las personas civiles serán objeto de ataques. Éstos sólo estarán dirigidos contra los objetivos militares”. Acogidos al derecho internacional no sería catalogado como “terrorismo”.

Pero, más allá de los tecnicismos, el hecho causó miedo en el país y en Bogotá, en especial, a los alrededores de la escuela de Policía. Por eso, para el presidente Iván Duque, el asunto es claro: el atentado en las instalaciones educativas de la Policía fue un acto terrorista.

“Este es un ataque en un centro académico donde había jóvenes y estudiantes desarmados. Es un ataque no solo contra la juventud ni contra la Fuerza Pública ni contra nuestros policías. Es un ataque contra toda la sociedad. Este demencial acto terrorista no quedará impune”.

Sobre el método utilizado, en el que el implicado murió ejecutando el ataque, César Álvarez, experto en terrorismo de la Universidad Charles Sturt de Australia, afirma que “esta es una de las primeras veces, si no la primera, que se da un acto con estas características; que una persona lo lleve a cabo de forma similar como lo hacen organizaciones islámicas o yihadistas, esto no se había visto en Colombia, por lo menos no recientemente. No hay que dejar a un lado los intereses de varias de esas organizaciones de moverse por la región”.

Mientras se esclarece lo ocurrido, la directiva presidencial es clara: “orden a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional para que desplieguen todas sus capacidades de inteligencia y determinen, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, quiénes son los responsables de este cobarde ataque, y prevengan cualquier acción criminal” .

El mundo se solidarizó y alzó la voz en contra del ataque con un carro, cargado de explosivos, en la Escuela de Policía General Santander, ayer en Bogotá.

Los mensajes lamentando la muerte de 21 personas y las heridas a otras 68, llegaron desde todos los rincones de Colombia y desde otros países cargados con energía para superar el nuevo obstáculo que se enfrenta por cuenta de los violentos.

Las cifras de 21 muertos y 68 heridos las reportó la Policía en un comunicado público a las 11:25 de anoche.

Sobre las 9:30 de la noche, luego de estudiar las pruebas y una larga reunión en la Casa de Nariño, el presidente Iván Duque, decretó tres días de duelo nacional y advirtió, con contundencia, que “estamos trabajando con todas las autoridades y entes de investigación para poder capturar a los responsables de esta infamia y llevarlos a la justicia”.

Horas antes la ONU, por medio de un comunicado, expresó: “se trata de un acto criminal absolutamente inaceptable que va en contravía de los esfuerzos que viene adelantando el país en su rechazo a la violencia y en el trabajo presente de diferentes sectores en pro de un futuro más próspero y pacífico”.

Estados Unidos, desde su embajada en Colombia, también rechazó lo ocurrido: “expresamos nuestras más sinceras condolencias por las muertes en el atentado contra la Escuela General Santander de esta mañana. Ofrecemos nuestra asistencia en la investigación de este acto repudiable y nuestra solidaridad a la Policía de Colombia”.

Para esclarecer el ataque contra la Escuela de Cadetes, las autoridades guían la investigación con las siguientes pistas: quien conducía el carro bomba fue identificado como José Aldemar Rojas Rodríguez y el vehículo era una camioneta gris, modelo 93, cuya última revisión tecnicomecánica fue hecha el año pasado en la ciudad de Arauca.

La Fiscalía confirmó de manera preliminar que Rojas Rodríguez aparece en un organigrama, realizado por inteligencia del Estado, como integrante activo del Frente Adonay Pinilla, el cual hace parte del Frente de Guerra Oriental del Eln, que delinque en Arauca, Boyacá y Casanare, donde era conocido con el alias de Mocho Kiko quien, al parecer, llevaba más de 17 años en esa organización insurgente como explosivista y mano derecha de uno de los cabecillas de ese frente conocido como “Culebro Viejo”.

El autor material de la explosión nació en el municipio de Puerto Boyacá, Boyacá, en mayo de 1962, y su alias es precisamente porque había sufrido la amputación de su mano derecha.

“Nuestras capacidades están desplegadas y tenemos la certeza de que en el curso de las próximas horas podremos dar mayor información porque estamos orientados a establecer quiénes son los determinadores y autores intelectuales de este acto terrorista”, manifestó el Fiscal General Néstor Humberto Martínez.

El atentado ocurrió después de las 9:30 de la mañana, cuando el vehículo cargado con explosivos vulneró de manera abrupta la seguridad de una de las entradas de la escuela de cadetes y se dirigió hasta una de las edificaciones donde se hospedan las mujeres, allí chocó y explotó (ver infografía).

Aunque hay dos versiones sobre cómo entró el carro a la sede policial, la que más toma fuerza es la que el conductor del vehículo, al ver que uno de los perros antiexplosivos de la guardia detectó la bomba, aceleró hasta llegar al sitio donde finalmente chocó y fue detonado el artefacto.

Para Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, Cerac, “el atentado terrorista definirá en gran parte la agenda del Presidente Duque. Su respuesta en seguridad, negociaciones de paz y comunicación revelará su talante y lo obligará a definir en lo que ha sido indeciso: esto último es lo que busca el terrorismo”.

¿Acto de terrorismo?

Bajo el marco del Derecho Internacional Humanitario, la Policía hace parte de las Fuerzas Armadas y en el caso colombiano, también parte del conflicto.

Sobre esto, el DIH afirma que “las partes en conflicto harán distinción, en todo momento, entre población civil y combatientes, con miras a preservar a la población civil y los bienes de carácter civil. Ni la población civil como tal, ni las personas civiles serán objeto de ataques. Éstos sólo estarán dirigidos contra los objetivos militares”. Acogidos al derecho internacional no sería catalogado como “terrorismo”.

Pero, más allá de los tecnicismos, el hecho causó miedo en el país y en Bogotá, en especial, a los alrededores de la escuela de Policía. Por eso, para el presidente Iván Duque, el asunto es claro: el atentado en las instalaciones educativas de la Policía fue un acto terrorista.

“Este es un ataque en un centro académico donde había jóvenes y estudiantes desarmados. Es un ataque no solo contra la juventud ni contra la Fuerza Pública ni contra nuestros policías. Es un ataque contra toda la sociedad”.

Sobre el método utilizado, en el que el implicado murió ejecutando el ataque, César Álvarez, experto en terrorismo de la Universidad Charles Sturt de Australia, afirma que “esta es una de las primeras veces, si no la primera, que se da un acto con estas características; que una persona lo lleve a cabo de forma similar como lo hacen organizaciones islámicas o yihadistas, esto no se había visto en Colombia, por lo menos no recientemente. No hay que dejar a un lado los intereses de varias de esas organizaciones de moverse por la región”.

La directiva presidencial es clara: “orden a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional para que desplieguen todas sus capacidades de inteligencia y determinen, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, quiénes son los responsables de este cobarde ataque, y prevengan cualquier acción criminal”.