¿Quién es Paola Andrea Vásquez, la nueva secretaria general de la Cancillería que tiene muchísimo poder?
Llega al cargo de la mano del canciller (e), Luis Gilberto Murillo, con quien trabaja en la Embajada en Estados Unidos.
El más reciente capítulo del novelón en que se ha convertido la licitación de pasaportes en el país terminó con nueva secretaria general de la Cancillería y con declaratoria de insubsistencia de su predecesor, José Antonio Salazar, por orden directa y pública del presidente Gustavo Petro quien lo señaló de “traición”.
La nueva funcionaria con firma autorizada en el Ministerio de Relaciones Exteriores es Paola Andrea Vásquez Restrepo, de quien dicen hace parte del grupo de funcionarios más cercanos y de confianza del actual canciller (e), Luis Gilberto Murillo.
El decreto 0228 del 26 de febrero con el que se ordenó la salida de Salazar y se le encargaron funciones a Vásquez Restrepo fue firmado por el viceministro Francisco José Coy y en este se detalla que la ahora nueva secretaria general venía desempeñándose como secretaria adscrita a la Embajada de Colombia en Estados Unidos, es decir en el despacho de Murillo.
La designación de la nueva secretaria general establece que esta asume de manera temporal el encargo, pero “sin desvincularse de las funciones propias de su cargo, mientras se designa y posesiona el titular”.
Salazar fue sacado abruptamente de su cargo luego de expedir tres resoluciones para entregar el contrato de los pasaportes a la firma Thomas Greg & Sons, sin consultarle a sus superiores ni al presidente.
Leer más: Defensa de Álvaro Leyva pidió aplazar juicio disciplinario por contrato de pasaportes
Según la hoja de vida publicada, Vásquez es contadora pública de profesión con especialización en alta gerencia y trabajó como asesora de Murillo cuando este fue gobernador del Chocó.
Vásquez, sin embargo, llega a la secretaría con un ruido administrativo a sus espaldas, porque el Consejo de Estado ordenó, en diciembre del año pasado, tumbar su nombramiento como consejera de la Embajada en Estados Unidos al considerar que no cumplía con los requisitos para el cargo, pero el fallo aún no se ha hecho efectivo.
En medio del enredo de la salida y llegada de nuevos funcionarios, el canciller (e), Luis Gilberto Murillo, dijo que la decisión de adjudicación del contrato no tenía validez porque “el ministro de Relaciones Exteriores conserva todas las facultades y deberes que la Constitución y la ley le atribuyen” y que Salazar “no tenía competencia para revocar el acto administrativo proferido por su superior jerárquico, el Canciller Álvaro Leyva Durán, él declaró desierto el anterior proceso licitatorio LP 001 de 2023”.
Salazar, sin embargo, se defendió diciendo que tomó la decisón para cumplir la Constitución y la leyes, y para evitar mayores problemas al propio canciller Leyva
Le puede interesar: “El embajador Murillo quería proponer conciliación con Thomas Greg”: José Antonio Salazar, exsecretario general de la Cancillería
Según la explicación del canciller, la decisión del pasado 22 de febrero en la que se le pidió a la Secretaría General retomar el trámite del proceso licitatorio LP 003 de 2023, que aún está en curso, se hizo “con el fin de fortalecer la institucionalidad en la gestión de todos los trámites administrativos, presupuestales, jurídicos y demás de la Cancillería”.
Pero, señaló Murillo, que el 23 de febrero se suspendió el proceso “con el fin de evaluar las más de 550 observaciones de 19 interesados y definir condiciones de competencia y transparencia”.
“El mismo Dr. José Antonio Salazar ha reconocido que sus actuaciones fueron inconsultas y por tanto contrarias a las instrucciones del Canciller (e). El 26 de febrero el secretario general fue removido del cargo y desde el 22 de febrero sabía de su retiro”, detalló Murillo en una rueda de prensa.
La Cancillería, además, dijo que el contrato por 599 mil millones no se puede celebrar, como anunció Salazar, sin contar con el respaldo presupuestal necesario, ya que no es cierto que exista el certificado de disponibilidad presupuestal.
“Estos recursos fueron reasignados desde el 2 de octubre del año pasado para garantizar la prestación del servicio en la actual vigencia fiscal”, finalizó el canciller (e).