JEP advierte que “Ley de punto final” abriría la puerta a la CPI, ¿de qué se trata y por qué sigue la pelea con los exFarc?

La polémica “Ley de punto final” que han propuesto los excomandantes de la extinta guerrilla de las Farc generó una grave alerta de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, quien aseguró que si los comparecientes siguen con esa idea podrían abrir la puerta a la Corte Penal Internacional, CPI.

Se trata de una pelea reciente que ha hecho discutir a los exFarc y a la JEP durante los últimos dos meses porque, según los exguerrilleros de las Farc, la Jurisdicción no está actuando como quedó pactado en el Acuerdo de Paz de 2016.

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Dichas críticas han sido respondidas sin titubeos por la JEP asegurando que a los comparecientes no les corresponde ordenar “ni orientar” cómo debe funcionar la JEP, ni mucho menos “emitir órdenes”. Por lo que amenazó que con que “aquellos comparecientes que se aparten de las decisiones de la JEP e incumplan de manera grave sus compromisos están sujetos a la pérdida de los beneficios y a la reactivación de las investigaciones, los procedimientos y las sanciones penales impuestas por la justicia ordinaria”.

Pero, es justo de esa discusión sobre amnistías y funcionamiento de macrocasos la que generó la idea de una “Ley de punto final”, una medida que básicamente implica amnistías generales para que termine la persecución penal contra los guerrilleros razos, o de más bajo nivel, para que puedan rehacer sus vidas y dejar de comparecer ante la justicia.

Sin embargo, la JEP fue clara con que la amnistía tiene un límite y, para respetar el Derecho Internacional, “no se pueden amnistiar crímenes internacionales, crímenes de guerra, genocidio y delitos de lesa humanidad”, como dijo el presidente de la Jurisdicción, Roberto Carlos Vidal, en diálogo con El Tiempo.

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De ahí que Vidal alertó que la obligación del Estado es investigar, juzgar y sancionar esos delitos in-amnistiables, por lo que “si no lo hace el Estado, lo hace la Corte Penal Internacional”.

Sumado a eso, el presidente de la JEP explicó que, pese a que antes ya habían intentado modificar y hasta terminar el mandato de la JEP, “en su momento esas propuestas

fueron lideradas por partidos que se opusieron al acuerdo de paz (...)” mientras que, ahora, “los debates vienen del otro lado del plebiscito, ahora vienen del lado de las Farc y están proponiéndolos con un tono muy distinto, con información a medias e información extraña”.

De hecho, el mismo expresidente Álvaro Uribe, gran detractor de ese proceso de paz y de la JEP, también apoyó la afirmación de que una ley de ese tipo no es viable en Colombia.

“La ley de punto final es inaplicable en Colombia. De manera pública he propuesta una amnistía política, no penal, por una vez, para recuperar derechos políticos de condenados. Será necesario dado el antecedente de impunidad absoluta con la Farc y aquello que se asoma con el ELN y otros. Confieso que tengo interés en mis compañeros de Gobierno, condenados por nombrar un notario o por renovar un contrato a un médico. No se robaron un peso”, dijo el exmandatario.

Por ahora, el mayor riesgo es que el presidente Gustavo Petro se ha mostrado a favor de algunos de esos conceptos y peticiones de los excomandantes de las Farc, desconociendo leyes nacionales y acuerdos cuyas modificaciones serían muy peligrosas para el país.

En este punto, es clave recordar que la Corte Penal Internacional mantuvo durante 17 años un examen preliminar en Colombia por la presunta imposibilidad de sus instituciones judiciales de juzgar las violaciones a los Derechos Humanos durante el conflicto. Sin embargo, decidió levantar ese examen preliminar en 2021 valorando la existencia de la JEP y destacando que en ella había una esperanza real de juzgar todos los delitos cometidos.

Desde ahí, la CPI y la JEP sostienen una estrecha relación de cooperación de justicia internacional que le ha servido a la Jurisdicción para blindarse de cualquier modificación, recorte de presupuesto u obstrubción a su trabajo.

Si los exFarc o el Gobierno quisieran crear dicha Ley de punto final, la Jurisdicción podría enviar un mensaje de alerta con el que pedirían ayuda para mantener su independencia y seguir juzgando los crímenes del conflicto armado.

¿Se atrevería el presidente Petro a generar esas tensiones?, eso es lo que la JEP y los excomandantes de las Farc están midiendo y esperando.