Pueblos de la Sierra Nevada defienden su Línea Negra

Los cuatro pueblos que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta: los Kogui, Kankuamo, Wiwa y Arhuaco emprendieron una nueva lucha jurídica para defender la delimitación de sus territorios sagrados, que quedó definida mediante el decreto 1500, firmado en el penúltimo día de Juan Manuel Santos como presidente y la cual se encuentra demandada ante el Consejo de Estado.

Tal decreto amplió la llamada Línea Negra, demarcación que conecta los sitios sagrados de estos pueblos, al pasar de 54 a 348 los lugares ancestrales, ubicados a lo largo del Magdalena, La Guajira y Cesar. También buscó otorgar un mejor mecanismo de protección a la Sierra ante los diversos intereses que podrían alterar su ecosistema y estableció un espacio con participación indígena.

Vida y naturaleza unidas

Según explica el cabildo gobernador kankuano Jaime Enrique Arias, los padres espirituales les ordenaron a los cuatro pueblos que habitan la Sierra mantener conectados todos los puntos vitales para cuidar la Sierra, según su cosmogonía, donde la vida tuvo origen y el universo se equilibra. Así que, creen, solo un punto que se afecte desencadena un impacto en toda la Madre Tierra.

“En 25 años de diálogos desgastantes con el gobierno no habíamos podido llegar a un punto más importante como lo es el decreto, que simplifica el diálogo con el Estado, las instituciones, municipios, entidades territoriales, en fin”, explicó Gelver Zapata, coordinador de Territorio de la Confederación Indígena Tayrona.

Zapata afirmó que el aporte del decreto es la oportunidad de dar “una orientanción al ordenamiento del territorio para que su uso se haga de una manera más acorde con la cultura de la Sierra”.

Hoy existen 251 títulos mineros en la Sierra y otros proyectos de infraestructura que han generado un documentado impacto en las comunidades nativas y el recurso hídrico, todo esto, según Juana Hofman, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, sin que existiese consulta previa con los habitantes de esos territorios sagrados.

Por ello creen fundamental que el decreto empiece a surtir efecto. Sin embargo, existe la posibilidad de que sea anulado, razón por la cual los cuatro pueblos apoyados por organizaciones del país y el exterior anunciaron una defensa jurídica para demostrar la legalidad de este.

Es de anotar que en julio de 2019, Yeferson Dueñas Gómez, con respaldo de los gremios, radicó una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado “en atención a los obstáculos que representa frente a la autonomía territorial y el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, específicamente en Santa Marta, Valledupar y Riohacha”, según explicó Asocapitales.

Entre las interpretaciones que ha hecho el sector industrial y empresarial, el decreto obligaría a realizar consulta previa para edificar desde una vivienda hasta proyectos fundamentales para el desarrollo de las regiones.

Uno de los más críticos con el decreto ha sido Bruce Mac Master, presidente de la Andi, quien recordó que el sector industrial buscó insistentemente diálogos con el Gobierno previo a la expedición del documento, incluso hasta 4 días antes de firmarlo Santos le pidieron una revisión más profunda del mismo. “Más allá de la intención que se hubiese tenido con el decreto, al final resultaron cosas muy enredadas que generan incertidumbre en la región”, aseguró a Blu radio.

Según explica Juan Pablo Muñoz, abogado y asesor de estas comunidades, la acción interpuesta contra el decreto, entre sus cargos principales, acusa que el acto administrativo fue falsamente motivado por no existir una cartografía oficial sobre la cual se redefinieran esos nuevos límites, por lo cual intentarán demostrarle al juez que, precisamente, esta norma quiso complementar con la cartografía la resolución 02 de 1973, actualizada en el decreto 837 de 1995, los cuales contemplaban la Línea Negra.

Además, argumentarán, contrario a lo que señala la demanda, que antes del decreto sí hubo consulta previa, “un ejercicio muy legítimo” que contó, entre otros, con el “Gobierno, Mininterior, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia y el Agustín Codazzi”.

Finalmente, las autoridades de los cuatro pueblos creen que la anulación del documento dejará perdedores en todos los frentes pues en lugar de encontrar un espacio que armonice el desarrollo – dejar sin respaldo alguno la Línea Negra– le abriría la puerta a la destrucción de la tierra; la misma que la Unesco y decenas de autoridades científicas, consideran de una importancia irremplazable.