Un silencioso estallido social se le calienta al presidente Petro

Los bloqueos en Chocó y Buenaventura, la conformación de las disidencias en Puerto Asís, el temor de un paro camionero en Cesar y las protestas por Hidroituango en Antioquia son solo algunos de los mecheros que se están encendiendo en estos primeros meses de Gobierno Nacional.

Gustavo Petro se hizo elegir izando las banderas de la defensa de las luchas sociales, pero –tras 150 días exactos desde su llegada al poder– las marchas en diferentes regiones se han mantenido intactas e incluso algunas de ellas se han agudizado por la compleja situación económica por la que atraviesa el país.

Muestra de ello han sido los al menos 11 sitios en donde se concentra un inconformismo social que le podría estallar en las manos al Jefe de Estado en cualquier momento.

Aunque estos reclamos vienen de tiempo atrás y en muchos casos se trata de deudas históricas del Estado con las comunidades, Petro se comprometió a que la impronta de su gobierno sería el “cambio real”, con lo que asumió el reto de brindar soluciones efectivas y urgentes a las reclamaciones del pueblo a través de “justicia social”. Sin embargo, al tomar el timón de la Nación se dio cuenta de que no sería tarea fácil y rápida, porque su promesa de cambio requiere tiempo y dinero.

En estos cuatro meses, el mandatario no solo ha tenido que lidiar con las dos grandes convocatorias a marchas de quienes se oponen a su forma de gobernar, sino también con paros de motociclistas, camioneros, mineros, comunidades indígenas, así como con bloqueos en la vía al puerto de Buenaventura –el principal puerto de comercio exterior de Colombia–, que dejaron pérdidas que ascienden a unos 50.000 millones de pesos, según el Comité Intergremial del Valle del Cauca.

Protestas que estallan

Esta oleada de protestas aumentó su afán de respuestas por cuenta de las altas expectativas que puso Petro durante la campaña presidencial en la solución de problemas sociales, situación que se ha convertido en una especie de ‘papa’ caliente para el mandatario, cuya principal solución se ha centrado en transmitir una idea de reacción inmediata frente a las reclamaciones al enviar a un delegado –en ocasiones a sus ministros– para calmar a los manifestantes.

Muestra de ello fue la situación registrada el 12 de octubre pasado en medio del paro de miles de motociclistas que se desplegó en las calles de Bogotá, colapsando la movilidad de la capital. A esta protesta arribó subido en una moto el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, quien –por orden del Presidente– dialogó con los manifestantes y logró que se calmaran los ánimos con la promesa de bajarle el precio de la póliza de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) a las motos de bajo cilindraje.

Esta estrategia de reacción inmediata quedó en evidencia en el intento de anticipación de Petro por evitar esta protesta de motorizados, pues el anuncio de reducir en un 50% el precio del Soat se hizo tan solo 24 horas antes, pero esto no evitó que la protesta se desplegara en Bogotá.

“No sé con qué finalidad pretendan decir que este Gobierno los ha abandonado. Mal hacen en citar y en convocar a un paro, cuando el Gobierno, en cabeza del presidente Gustavo Petro, ha señalado que vamos a bajar al 50% la tarifa del Soat”, dijo Reyes.

A este plan de anticipación a las reclamaciones también se le suma el intento del Gobierno por mostrarse cercano a las comunidades a través de acciones populistas, situación que no ha sido ajena a las críticas. Así quedó en evidencia el 1 de septiembre pasado en el municipio de Padilla, en el Cauca, donde el ministro del Interior, Alfonso Prada, fue señalado comprometer recursos impulsando a las comunidades a que presionaran para que se apoyara la tributaria.

En medio del ‘Diálogo Regional de Paz’ y en busca de soluciones a los problemas de ese territorio caucano Prada aseguró que se podría recurrir a “la movilización popular para decirle al Congreso que necesitamos plata para salir de esta. El que lo entendió, lo entendió. Necesitamos apoyo popular, del pueblo colombiano para poder hacer lo que queremos hacer (...) Lo que queremos hacer es tomar decisiones con ustedes”.

Otra acción salida de todo protocolo se registró el 16 de octubre, cuando el Presidente recibió de urgencia en la Casa de Nariño a una delegación de la comunidad Embera que protestaba en las calles de Bogotá por la falta de garantías de seguridad para regresar a sus territorios de origen.

El mandatario recibió en Palacio a esta delegación en medio de las críticas de la alcaldesa Claudia López por las agresiones que sufrieron varios policías en medio de las protestas, situación que Petro también rechazó. “Los acuerdos que firmó el gobierno anterior (de Iván Duque), serán cumplidos. La paz en el alto Andagueda, el empoderamiento de su reserva será fundamental para solucionar un problema de incomprensión étnica en el centro de Bogotá”, expuso el Jefe de Estado.

Además de estos reclamos sociales, el Presidente tuvo una prueba de fuego el 12 de noviembre pasado por cuenta de la muerte de 23 personas en medio de la confrontación armada entre disidencias de las Farc por el dominio de las rentas criminales del territorio entre Puerto Asís y Puerto Guzmán, en el Putumayo.

A pesar de la gravedad del hecho y de que la cifra de muertes en masacres ya superó las 40 –en lugares como Cauca, Valle, Bolívar y Bogotá – durante el Gobierno Petro, el Jefe de Estado prefirió no pronunciarse frente a este estallido de violencia y solo lo hizo 48 horas después desde Barrancabermeja, en Santander.

“Lo que vimos en el Putumayo es el conflicto entre dos disidencias que dicen ser de las antiguas Farc, masacrándose de una manera dantesca”, señaló el mandatario, quien posteriormente anunció su primer gran despliegue militar con el envío a ese departamento de 400 uniformados.

No alcanza con promesas

Esta seguidilla de protestas ha implicado que el Gobierno comprometa millonarios recursos para tratar de calmar el inconformismo de diferentes sectores sociales como quedó plasmado en el plan para subsidiar el 50% del precio del Soat para motos de bajo cilindraje y vehículos como taxis, microbuses urbanos, microbuses de servicio público urbano y microbuses de servicio público intermunicipal.

Se estima que el costo de ese subsidio al Soat alcanzará 2 billones de pesos y representarán el 10% de la recién aprobada reforma tributaria, cuyos recursos, según insistió sin mayores claridades el Gobierno, serían destinados exclusivamente a causas sociales como los subsidios a hogares pobres, madres cabeza de familia y adultos mayores que no tienen pensión.

“Esos 2 billones de pesos se van a financiar con recursos de la adición presupuestal del próximo año. De todas maneras, es importante tener en cuenta que el 100% de lo que se recauda, el 53% financia el Soat y el otro 47% financia otros rubros del sector salud”, aseguró el Ministro Reyes.

A esto hay que sumarle los 1,8 billones de pesos de inversión que el Gobierno ratificó para tratar de darle una solución estructural a las inundaciones en la zona de La Mojana, problemática que viene de años atrás y que motivó a agricultores de Córdoba y Sucre a salir a paro en noviembre ante la falta de atención prioritaria.

Este paro indefinido de los agricultores se levantó –provisionalmente– el pasado 23 de noviembre después de llegar a una serie de acuerdos con el Ministro Prada, quien aseguró que el Gobierno le buscará solución lo antes posible a los diversos impactos que ha dejado el invierno en esa región.

Estos millonarios ‘cheques en blanco’ que le ha prometido el Gobierno a las comunidades y transportadores para darle solución urgente a sus problemáticas no necesariamente le aseguran a Petro que cesarán las protestas, pues sigue latente una tensa calma, ya que en el caso de La Mojana los agricultores advirtieron que si no ven resultados rápidos, volverán a protestar, al igual que los motociclistas y taxistas, quienes se volcarían a las calles si sigue aumentando el precio de la gasolina.

En el inicio de su mandato, Petro ha dejado claro que prefiere asumir ambiciosos compromisos para tratar de apagar incendios y blindarse así de los golpes de opinión, pero tendrá que hacer cuentas para cumple a todas las comunidades y sectores, cuyos reclamos permanecen silenciosos, pero calientes, y que están motivados a reclamar saliendo a las calles a hacer exigencias.