Colombia

“Es un precedente peligroso”: FLIP, AMI y Asomedios sobre fallo contra Revista Semana

Periodista de la UPB y especialista en Creación Narrativa de la Universidad Central (Bogotá). Escribo.

08 de octubre de 2020

La decisión del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Bogotá de ordenar a Semana que eliminara contenido relacionado con el expediente del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el proceso en su contra por presunto soborno y fraude procesal, ha generado rechazo.

La Fundación para la Libertad de Prensa, la Asociación Colombiana de Información (AMI) y la Asociación Nacional de Medios de Comunicación (Asomedios) mostraron su desacuerdo con el hecho en un comunicado conjunto, calificándolo como una forma de censura a la Revista Semana.

El 30 de agosto, dicho medio, a través de su canal digital, publicó un contenido titulado “¡Exclusivo! Las conversaciones del testigo Monsalve con su familia”. En él, estaban varios audios obtenidos de manera legal en los que Juan Guillermo Monsalve, testigo en el caso de Uribe, dialogaba con varios miembros de su familia.

Luego de la publicación, Marta Elena Monsalve, hermana del testigo, interpuso una acción de tutela en contra de Semana y de los periodistas Vicky Dávila y Jairo Fidel Lozano. Luego de estudiar los hechos, el mencionado juzgado resolvió amparar el derecho a la intimidad de Marta Elena Monsalve y su familia, y ordenar que el contenido fuera bajado de todas las plataformas de la Revista.

Uno de los argumentos de la sentencia es que “encuentra el despacho que la Revista Semana y los periodistas vulneraron de manera flagrante el derecho a la intimidad de la accionante Marta Elena Monsalve Pineda y su grupo familiar, no solo porque hicieron pública comunicaciones telefónicas que tiene carácter reservado, (sino porque) atañen únicamente a la investigación que en su momento adelantaba la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia contra el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez”.

Además, porque “expusieron al público conversaciones propias de la esfera íntima de la accionante y su familiar que en nada interesan a la opinión pública y a la labor periodística desarrollada”.

Semana, a través de un comunicado, indicó que es un medio “respetuoso de las instituciones y de la justicia, y por lo tanto acatará el fallo. Sin embargo, es consciente de las graves implicaciones que este tiene para la libertad de prensa en una democracia como Colombia, y por esa razón acudirá a todos los recursos legales para evitar que a través de decisiones judiciales se le imponga restricciones al ejercicio de la libertad de prensa”. Además, indicó que “todas las grabaciones publicadas estaban relacionadas con el caso en investigación”.

En esa misma línea, la FLIP, la AMI y Asomedios argumentaron que “es crucial recalcar que se trata de la publicación de información sobre un proceso de alto interés público y trascendencia nacional y esto es preponderante partiendo del deber de ponderación entre la investigación de delitos y la garantía de la libertad de prensa”.

También indicaron que la información de las investigaciones y procesos judiciales no es de “uso exclusivo del proceso”, sino que también sirven como elemento para debatir dentro de la esfera pública. Por eso, también dijeron que no se puede “equiparar la divulgación de información por parte de un servidor del Estado con la publicación de una información de interés general por parte de un medio”, lo que es “un precedente peligroso para la libertad de prensa”.

Adicionalmente, calificaron como desproporcionada la decisión de eliminar el contenido. En ese sentido, recordaron que tanto el Sistema Interamericano de Derechos Humano como la Corte Constitucional han insistido en que si hay “un abuso” de la libertad de expresión, no se debe acudir a medidas restrictivas de este derecho. “La medida de protección adoptada en el fallo de tutela debía orientarse únicamente a la edición de los fragmentos que vulneraran la intimidad de la accionante”, concluyeron.

Además, critican fuertemente que se ordenara investigar la forma en la que Semana obtuvo las grabaciones, recordando que “en el sistema constitucional colombiano NO hay fuentes prohibidas (...) La compulsa de copias puede significar un mecanismo para desconocer la reserva de la fuente protegida constitucionalmente”.

A estos reclamos se sumó el Partido Centro Democrático que, en un comunicado de prensa, indicó: “distintos medios de opinión adversos al expresidente Álvaro Uribe publicaron de manera fragmentada y tendenciosa filtraciones (...) ahora que la Revista Semana, por medio de la periodista Vicky Dávila y su grupo de trabajo han revelado la totalidad del caso, sorprende que una decisión de tutela prohiba a periodistas la publicación del proceso sin ediciones”.

En diálogo con EL COLOMBIANO, Werner Zitzmann, director ejecutivo de AMI, concluyó que “este fallo constituye un antecedente gravísimo para el periodismo y el derecho a la información. Usar la reserva sumarial para inhibir la publicación de información sobre procesos de interés público, perseguir y revelar fuentes y periodistas, y ordenar la eliminación de contenidos es absolutamente inadecuado frente a nuestras garantías constitucionales y las tradiciones democráticas y de libertad de prensa que siempre han prevalecido en Colombia”.