Procuraduría inició investigación a funcionarios y exfuncionarios de la UNP por corrupción
Indagará sobre los falsos proceso de contratación de blindaje, transporte de droga en carros y la venta de esquemas de protección, respectivamente.
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A través de un comunicado, informó la Procuraduría General de la Nación, a través de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, DNIE, que abrió tres investigaciones disciplinarias contra servidores y exservidores públicos de la Unidad Nacional de Protección, UNP, por supuestos casos de corrupción e irregularidades denunciados por su actual director, Augusto Rodríguez Ballesteros.
Por designación especial de la Procuradora se inició una indagación de oficio de forma inmediata al conocerse los hechos, además de practicar una inspección disciplinaria en la sede de la UNP, donde un equipo técnico y jurídico reunió pruebas y documentación necesaria que permitió individualizar a los presuntos autores, lo que permitirá esclarecer los hechos.
Sobre falsos blindajes
Hasta el momento se ha podido establecer que la denuncia realizada por el director de la UNP tiene que ver con cinco vehículos arrendados por la empresa Neostar Seguridad de Colombia Ltda. a la UNP con un nivel de blindaje IIIA mediante los contratos 753 y 756, de noviembre de 2018, que fueron asignados a esquemas de seguridad de líderes sociales y funcionarios públicos, pero después de pasado un año, se identificó que estos no cumplían con los requisitos técnicos exigidos en los contratos: el número de capas, el material de protección balística, blindados solo en los vidrios o huecos balísticos desprovistos de blindaje.
Ronald Rodríguez Rozo, entonces subdirector de Protección, y el coordinador del Grupo de Vehículos de Protección para la misma época, Luis Ignacio Acosta González, están siendo investigados por incumplimiento de sus obligaciones en la supervisión técnica y verificación de los tipos de blindajes.
También se abrió investigación contra Élver Oswaldo Franco Cerquera, jefe jurídico encargado, actual coordinador del Control Interno Disciplinario, y María Antonia Orozco Durán, jefa jurídica titular para la época, quienes, al parecer, por más de dos años y cinco meses no impulsaron los procesos de incumplimiento contractual por dichos blindajes falsos, procesos que si bien se iniciaron en enero de 2020, la decisión para avanzar en el proceso, solo fue tomada hasta noviembre de 2022, cuando casi opera la caducidad.
Carros de la UNP con droga
El 10 de diciembre de 2022 en Totoró, Cauca, fue incautada una camioneta con 168 kilos de cocaína, vehículo asignado al esquema de seguridad del exsubdirector de protección de la UNP, Ronald Rodríguez Rozo.
Se pudo establecer que el servidor público Christian Ernesto Páez Pinzón, oficial de protección de la UNP y el escolta asignado a ese esquema, incumplió sus deberes de reportar oportunamente las novedades respecto a esto, y el de no negarse, sino aceptar los descansos dados por el protegido. El informe entregado por Páez resultó ser contradictorio respecto a la ubicación que reportó el GPS de la camioneta.
Si bien el conductor detenido, Manuel Antonio Castañeda Bernal, el señor Ronald Rodríguez Rozo y el otro escolta, no ejercían funciones públicas al momento de los hechos, la DNIE sigue investigando las relaciones de la UNP con el narcotráfico.
La venta de esquemas de protección
Así mismo, se abrió investigación contra Wilson Javier Devia Pérez, actual oficial de Protección de la UNP y presidente de uno de los 19 sindicatos de dicha entidad, –quienes realizaron un paro al interior de las entidades después de conocer la cero tolerancia que tendría el nuevo director con la corrupción–, quien presuntamente alquila esquemas de seguridad a personas distintas a sus beneficiares y cobra dinero por “meter” vehículos a la UNP “a trabajar”, al parecer, empleando su influencia sobre los escoltas del sindicato y para ubicarlos en la mejor zona.
Por tanto, la Procuraduría practicará las pruebas decretadas para verificar las presuntas conductas y vincular a otros servidores implicados.
La UNP es una entidad que fue creada en 2011 con aproximadamente 2.000 trabajadores, donde casi el 95 % son contratistas, atendiendo a más de 8.000 protegidos, sin un sistema de información, con el 75 % de sus servicios de vehículos y escoltas tercerizados y un solo perito balístico forense para verificar el blindaje de todos los vehículos.