¿Por qué protestan los indígenas y campesinos?

En la madrugada de ayer, el resguardo indígena La María de Piendamó (Cauca) recibió la visita del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. En esta región del país se han presentado enfrentamientos constantes entre la Fuerza Pública y los grupos indígenas, que completaron cuatro días de protesta. Aunque en un principio parecía que se calmarían los ánimos, a las 10 de la mañana la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) reportó la muerte de Gersain Gerón, comunero nativo del resguardo de Las Mercedes.

Según la organización, “recibió un tiro en el pecho” mientras se desarrollaba una protesta en la vía Panamericana, que comunica a Santander de Quilichao con Popayán (al Norte del Cauca). “Estamos tratando de constatar qué sucedió. Lamentamos obviamente la muerte de cualquier colombiano. Hemos pedido un informe a las autoridades al respecto”, dijo el ministro Cristo.

Representantes campesinos e indígenas no han definido la fecha para instalar la mesa de diálogo con la delegación del Gobierno en Bogotá. Las autoridades indígenas estiman que el paro se podría extender cuatro días más mientras se definen las condiciones de la negociación. Por ahora, han solicitado el cumplimiento del pliego de peticiones que tramitaron desde 2013. ¿De qué se trata este pliego y qué dice el Gobierno?

Uso y ordenamiento de la tierra

La primera petición de las organizaciones indígenas es derogar la Ley de Zidres (Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social), que para el Gobierno promueve el desarrollo productivo y agropecuario. Sin embargo, según el Congreso de los Pueblos, esta ley va “en contravía de los acuerdos parciales de paz y de los derechos del sector agrario” porque “legaliza el despojo de la tierra”.

Para las organizaciones indígenas, se está “privatizando el territorio”. Según el pliego de peticiones: “la adjudicación del país a la industria minero-energética, el estrangulamiento de los ríos y las aguas apunta a volver a Colombia una zona franca de 200 millones de hectáreas”.

En respuesta a EL COLOMBIANO, el Ministerio del Interior dijo que más allá de la discusión sobre la Ley, se han “comprometido 250 mil millones de pesos en proyectos para la Cumbre Nacional Agraria durante 2015 y 2016”. Actualmente, según el Ministerio de Agricultura, se están ejecutando 143 proyectos de los 237 presentados por los campesinos.

nueva Economía para los campesinos

El segundo punto ha sido polémico. Las organizaciones han cuestionado los Tratados de Libre Comercio (TLC) firmados con Estados Unidos, Canadá y Europa. En el pliego solicitan “priorizar la producción agrícola local para alimentar a la población, el acceso de los campesinos a la tierra, al agua, a las semillas y al crédito. De ahí la necesidad de reformas agrarias, de la lucha contra los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) para el libre acceso a las semillas”.

Además de los 250 mil millones de pesos que comprometió el Gobierno, el Ministerio del Interior respondió que en septiembre de 2015 se estructuró un acuerdo con el Departamento de la Prosperidad Social –DPS– por un monto de 10.500 millones de pesos para “el fortalecimiento del desarrollo económico y social de las comunidades y organizaciones pertenecientes a la Cumbre Agraria, a través de la estructuración hasta el punto de factibilidad de 29 proyectos sectoriales”. Sobre los TLC, el Gobierno ha respondido que el modelo económico no es negociable.

Acuerdo en Minería, energía y ruralidad

No menos complejo de negociar es el punto sobre los proyectos minero energéticos e hidroeléctricos. Puntualmente, la Cumbre de los Pueblos ha pedido revisar los proyectos “El Quimbo, (en Huila) e Hidroituango (en Antioquia)”. En Puerto Gaitán, Meta, han pedido “restituir el patrimonio del subsuelo, en La Toma (Cauca) que las comunidades afrodescendientes sigan mandando sobre sus fuentes de vida, en La Colosa (Tolima) que las comunidades sigan siendo las dueñas de su agua y vida, y en el norte del Cauca, que el TLC con Estados Unidos no despoje a los pueblos de su autonomía alimentaria”.

Lograr cambios en estos temas será complicado, pues el Gobierno ha defendido los proyectos en mención. Por ahora, se busca por lo menos un consenso sobre la garantía de que no se adelanten proyectos mineros en zonas protegidas.

Cultivos de coca, marihuana y amapola

El anuncio del Ministerio de Defensa de utilizar de nuevo el glifosato para erradicar los cultivos ilícitos también molestó al Congreso de los Pueblos: “La política nacional antidrogas ha fracasado. Necesitamos la erradicación del glifosato y darle alternativas económicas a los campesinos”, dijo Jimmy Moreno, vocero de la organización.

Al respecto, el Ministerio precisó que la cumbre había presentado un proyecto para buscar “alternativas justas para la sustitución de cultivos de coca, marihuana y amapola” por un valor de 7.996 millones de pesos. Además de evaluar esta propuesta, el DPS “está adelantando los trámites para la firma de un convenio con el fin de construir una propuesta a partir de la participación colectiva como ruta de sustitución de cultivos”.

Participación y Construcción de la paz

Otros puntos a evaluar son las solicitudes de inversiones sociales para el campo y las minorías, específicamente en vías, salud, educación y vivienda. Han solicitado, además, la liberación del líder indígena Feliciano Valencia. Sin embargo, la cumbre ha hecho énfasis en el punto final del pliego: la participación de los grupos étnicos y del campesinado en el proceso de paz. “Es un deber convocarlos a ellos” pues se trata de “la suerte de 9 millones de colombianos, 6 millones de desheredados de la tierra y 3 millones de desplazados ambientales”.

Sobre este punto, el Gobierno ha precisado que “con miras a una Cumbre Nacional de Paz” se acordó la inversión de 2.000 millones de pesos que fueron contratados con la Onic a través del Pnud”. Además, voceros del Ministerio dijeron que se han asignado 355 millones de pesos para fortalecimiento de las organizaciones indígenas que hacen parte de la Cumbre.