Fiscalía pidió cárcel por supuesta corrupción para Pierre García, exdirector del DPS
El ente acusador lo señala de recibir sobornos para beneficiar a varios políticos con contratos.
Egresado de la U.P.B. Periodista del Área de Investigaciones, especializado en temas de seguridad, crimen organizado y delincuencia local y transnacional.
Por su presunta participación en una red de corrupción estatal que involucra a varios congresistas, la Fiscalía solicitó el encarcelamiento para Pierre García, exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS) de la Presidencia de la República.
Dicha solicitud se hizo durante una audiencia de medida de aseguramiento, este miércoles en los juzgados de Bogotá.
García está imputado por la supuesta comisión del delito de interés indebido en la celebración de contratos. Según el expediente que reposa en la Fiscalía, en por lo menos 28 oportunidades habría recibido sobornos para beneficiar a varios políticos con millonarios contratos.
Por esta trama de corrupción, que mediáticamente se conoce como “el caso de las Marionetas”, ya fueron capturados los excongresistas Mario Castaño Pérez (falleció en la cárcel La Picota) y Ciro Ramírez; y están siendo investigados Miguel Ángel Barreto, Carlos Fernando Motoa, Samy Merheg, Carlos Abraham Jiménez y Juan Felipe Lemos Uribe, así como otros funcionarios de menor rango y contratistas.
De acuerdo con los testigos del caso, las reuniones para coordinar el amaño de los contratos se hacían en una oficina del DPS, adonde estaba prohibido ingresar con aparatos celulares.
Era tal el supuesto nivel de conocimiento de que estaban cometiendo irregularidades que, de acuerdo con el ente acusador, Pierre García no hablaba para no ser grabado, sino que escribía en papeles que luego destruía o redactaba en una tablet palabras que luego borraba.
Los contratos se adjudicaban, presuntamente, para el beneficio político y económico de los congresistas involucrados en la trama.
Desde el momento de la imputación de cargos, Pierre García se ha declarado inocente. Su defensa espera conseguir una medida no privativa de la libertad, para que el exdirector del DPS en el gobierno pasado pueda asumir el juicio estando libre.